25N Por ti, por mí, por todas las compañeras

Andalucía se enfrenta a una paradoja devastadora. Mientras cuenta con importantes recursos económicos provenientes del Pacto de Estado contra la violencia de género, siendo una de las comunidades que más fondos recibe, sigue liderando con 266 víctimas el trágico ranking de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. De hecho, en 2024 Andalucía ha recibido cerca de 60 millones de euros de esos fondos que podrían haberse traducido en refugios seguros, asistencia psicológica de calidad, programas de reinserción laboral para víctimas y medidas de sensibilización que transformen los patrones culturales que perpetúan el machismo. Sin embargo, la realidad y los datos desoladores de mujeres asesinadas, con cifras que superan la media nacional, nos indican que somos una comunidad con fondos, pero sin avances reales, de ahí que desde CCOO hayamos exigido al Gobierno andaluz y a las autoridades competentes una revisión exhaustiva del uso de estos fondos y que se garantice su aplicación en programas realmente eficaces de prevención y apoyo a las víctimas.

El laberinto institucional y la ineficacia de las políticas andaluzas contra la violencia de género también reside en un sistema institucional que, lejos de coordinarse, fragmenta los esfuerzos. Ejemplo de ello es que a pesar de que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) desempeña un papel fundamental, la falta de personal y recursos en los centros provinciales y municipales limita su capacidad de acción. Las listas de espera para atención psicológica especializada se prolongan durante meses, tiempo que las víctimas no tienen.

Además, el Gobierno andaluz, con la aprobación de su decreto de simplificación administrativa, ha añadido más barreras al acceso a estos servicios ya que la supuesta reducción de los procedimientos burocráticos ha eliminado garantías esenciales para la protección de las víctimas, como la supervisión adecuada de los programas implementados.

Eso por no hablar de los presupuestos 2025 para Andalucía que son fundamentales para la lucha contra esta lacra y que el Ejecutivo ha elaborado por primera vez limitando el análisis y alcance de la perspectiva de género en las políticas que se lleven a cabo.

En el ámbito de la empresa sucede algo parecido, porque pese a los importantes avances recogidos en la Ley 13/2007 de Violencia de Género, esta normativa no está presente en la agenda de las empresas que no hacen uso de los derechos laborales existentes. De hecho, la Ley determina que todas las empresas tienen que tener protocolos para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo independientemente del número de personas en plantilla, pero ante la falta de responsabilidad de parte del empresariado, es urgente que el Gobierno andaluz habilite un registro para que ganemos en transparencia y realmente sepamos quién cumple y quién no para poder actuar en consecuencia y hacer de los trabajos entornos laborales seguros y respetuosos desde el convencimiento de que la erradicación de la violencia machista también pasa por un compromiso en esos entornos en los que las mujeres pasamos muchas horas de nuestra vida.

Otra prueba de esa falta de empatía y de compromiso para acabar con la violencia machista lo encontramos en el número de contratos bonificados que se han hecho en 2023, solo 129, lo que resulta realmente vergonzoso si atendemos a las 40.000 denuncias interpuestas por violencia de género ese mismo año.

Para revertir esta situación es urgente un cambio de paradigma. Andalucía no necesita más promesas ni iniciativas que se diluyan en la burocracia. Necesitamos acciones concretas y transformadoras que garanticen que los recursos asignados realmente lleguen a las víctimas y prevengan futuros asesinatos. Y tenemos propuestas que estamos convencidas y convencidos de que, de llevarse a cabo, contribuirían en gran medida a situar a Andalucía en el camino correcto contra la violencia de género. Propuestas como auditorías externas sobre el uso de los fondos públicos, asegurando que cada euro invertido tenga un impacto medible; refuerzo del IAM, dotándolo de personal cualificado y eliminando las listas de espera para atención psicológica y legal; formación obligatoria y continua en perspectiva de género para empleadores, empleadoras, funcionarios, funcionarias y agentes del sistema judicial; garantías reales para el acceso a derechos laborales, con sanciones a empresas que obstaculicen su cumplimiento; educación transformadora desde edades tempranas con programas que promuevan la igualdad y el respeto en todas las etapas del sistema educativo; o mayor inversión en viviendas y recursos de emergencia, asegurando que ninguna mujer tenga que elegir entre su seguridad y su techo.

La violencia de género no es un problema privado; es una cuestión de derechos humanos, de justicia social y de dignidad. Cada vida perdida nos recuerda que aún queda mucho por hacer. Y no pararemos hasta conseguir que se erradique. Por eso este 25N, una vez más, vamos a contarlo y salimos a la calle en toda Andalucía por ti, por mí y por todas las compañeras.