Las comunidades autónomas de Cantabria, Canarias y Castilla-La Mancha, así como 21 ayuntamientos, entre los que se encuentra Castro Urdiales, han sido calificados por el Defensor del Pueblo como “administraciones entorpecedoras” de su trabajo durante este año, porque no han respondido a sus requerimientos de información.
Según un informe elaborado por el Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso Efe, las administraciones citadas son “entorpecedoras” porque “han dificultado u obstaculizado” su trabajo, “bien porque lo han hecho sistemáticamente o bien porque han desarrollado alguna actuación que, por negativa, merece ser destacada”.
En el caso de Cantabria, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales lleva 126 días sin contestar los requerimientos de información y la Secretaría General otros tantos.
Mientras, en Canarias es la Secretaría general Técnica la “entorpecedora”, y lleva 147 días de demora en su contestación a las peticiones de información formuladas por la institución que dirige Soledad Becerril.
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha está en el mismo club que las anteriores porque lleva 40 días de demora en su respuesta.
Corporaciones locales
En el caso de las corporaciones locales, a los que se ha afeado su conducta son los ayuntamientos de Alicante, Cuenca, Villapalacios y Yeste (Albacete), Gozón (Asturias), Zalamea de la Serena (Badajoz), Caminomorisco (Cáceres), Castro Urdiales (Cantabria) y Villamayor de Calatrava (Ciudad Real).
También están Molvizar (Granada), Hornos de Moncalvillo (La Rioja), La Pola de Gordón y Santa María del Páramo (León), Colmenar de Oreja y Colmenar Viejo (Madrid), Cieza y La Unión (Murcia), La Granja de San Ildefonso (Segovia), Borobia (Soria), Gerindote (Toledo) y Xirivella (Valencia).