El 3 de abril de 1987 los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria firmaron con el entonces rector, José María Ureña Francés, un acuerdo que ponía fin a un encierro de estos en el Pabellón de Gobierno que duró tres jornadas. Tan solo una semana antes, alumnos de buena parte de las facultades y escuelas universitarias del distrito habían mantenido otra ocupación en las mismas dependencias.
Y es que la primavera de 1987 en Cantabria estuvo marcada por los conflictos sociolaborales causados por el desmantelamiento industrial emprendido en algunas comarcas, especialmente la campurriana y la oriental. La magnitud de los acontecimientos vividos eclipsa otros de menor relevancia, pero que también contribuyen a caracterizar un tiempo de cambio clave en la configuración social y económica de la comunidad autónoma.
Por ejemplo, en el otoño de 1986 los estudiantes de enseñanzas medias iniciaron una serie de manifestaciones y huelgas que pronto se extendieron al ámbito universitario, generalizándose la protesta. Las reformas emprendidas por el Ministerio de Educación, encabezado por José María Maravall, se encontraron con una inesperada respuesta en las aulas que se trasladó a las calles durante el invierno y la primavera. Su magnitud, más grande que la registrada durante el tardofranquismo, abrió un frente de conflictividad a un Gobierno del PSOE que disfrutaba de mayoría absoluta.
Estas protestas estudiantiles fueron paralelas en el tiempo a otras acontecidas en Francia, si bien en este último país se focalizaron más en la búsqueda de mejoras en la gestión y calidad educativa de la universidad. Las movilizaciones en España brotaban en un terreno fértil abonado con los restos del shock que supuso para la izquierda social la pérdida del referéndum de la OTAN, el pujante movimiento por la abolición del servicio militar obligatorio con sus distintas vertientes y formas de acción, así como los nuevos territorios de lucha que se abrían en el momento referido, enmarcados en una atmósfera de incertidumbre con cambios sustanciales en lo económico y lo social.
A todo esto, la situación laboral de España con una tasa de paro muy elevada y creciente, especialmente juvenil, y en pleno proceso de crisis industrial, provocaron la respuesta de una parte de la juventud, en general no demasiado politizada, pero que demostró tener una capacidad movilizadora muy relevante, aunque, del mismo modo, efímera. En definitiva, despertó a una parte de la población, tachada por aquel entonces de “pasota” y a la que el Gobierno y muchos medios de comunicación quisieron criminalizar caricaturizándola con el abusivo empleo de la imagen del 'cojo Manteca' que ha quedado en el imaginario popular durante mucho tiempo. Fue, posiblemente, un movimiento de respuesta que tuvo mucho de generacional y puso fin a un momento clave en la historia de la democracia española.
En Cantabria, siguiendo la convocatoria estatal, se registraron diversas movilizaciones estudiantiles. Especialmente masivas fueron la manifestación del 17 de diciembre, que paralizó las enseñanzas medias y la Universidad, y la huelga del 20 de enero.
En el caso de las enseñanzas medias el conflicto se prolongó hasta finales del mes de febrero. Por parte del Gobierno las negociaciones fueron encabezadas por Alfredo Pérez Rubalcaba en calidad de secretario general del Ministerio Educación, cargo que ocupaba desde 1986. La representación e interlocución de los estudiantes fue variable, siendo la Coordinadora, de carácter asambleario, la organización más activa y en ocasiones enfrentada al Sindicato de Estudiantes cuyo papel también fue destacado.
Las protestas de las enseñanzas medias obligaron a la apertura de un diálogo que condujo al replanteamiento y modulación de las posiciones iniciales del Gobierno, consiguiendo arrancar el compromiso de aumentar el presupuesto educativo, que la Selectividad fuese un proceso de ordenación más que de selección del alumnado, que los precios públicos de la enseñanza media, que ya eran muy reducidos, se eliminaran y los universitarios se contuviesen. Junto a esto, lograron que las políticas de becas se ampliaran, llegando a más sectores, y que las exenciones de matrícula universitaria fueran mucho más generalizadas.
Pero en la Universidad la problemática revestía unas características y alcance diferentes. La intensidad del conflicto en los campus se agudizó en los meses de marzo y abril de 1987.
La conflictividad laboral de aquel periodo en Cantabria, con los sucesos que tuvieron lugar significadamente en Reinosa en torno a la Semana Santa, sacudió la comunidad traspasando sus límites. Aquellos acontecimientos, que han dejado rastro en nuestra memoria colectiva, se solaparon cronológicamente con las movilizaciones universitarias y que, aunque con distinto origen y naturaleza, pusieron un punto y seguido en la protesta social.
La Universidad se encontraba en plena transformación. La necesidad de reformar los planes de estudios para adecuarlos al momento socioeconómico y a los requerimientos externos provocaba muchas dudas a los estudiantes, recelosos con todos los procesos que desde hace años se estaban dando en el seno de una institución que se debatía, como hoy, entre el anhelo de cambio y el peso de la tradición. Los alumnos veían que la estructura organizativa universitaria institucionalizaba en exceso su representación, confinándola en unos órganos donde su papel era residual, provocándoles una gran desconfianza. Reinterpretando a Carlos Vaquero en sus reflexiones sobre el movimiento estudiantil, la percepción de la Universidad como una institución autoritaria provocó una reacción que fue aprovechada para mostrar el rechazo a este autoritarismo que se manifestaba en forma de reglamentaciones y estatutos, que limitaban la forma tradicional de representación estudiantil y el modo en que tomaban sus decisiones.
La organización del alumnado universitario se regía por un sistema marcadamente asambleario, como se recogía en los Estatutos de la Universidad de Cantabria. Una parte significativa de los estudiantes estaba aún bastante politizada, característica típica del periodo 'postransición'. Las diferentes orientaciones y expectativas del alumnado de cada centro terminaban por configurar un sistema de funcionamiento dado a la inestabilidad y de difícil gestión.
Las movilizaciones universitarias fueron recogidas por la prensa local, siendo las más destacadas acaecidas durante los meses de marzo y abril de 1987. Una cronología de las mismas, es la siguiente:
- 6 de marzo. Se plantea la posibilidad de huelga general en las universidades madrileñas. Los estudiantes exigen la paralización de la reforma de los planes de estudios y la prórroga de contratos para profesores no numerarios. Este anuncio encendería al resto de universidades de toda España, incluida la de Cantabria.
- 17 de marzo. Los estudiantes universitarios convocan una huelga general para el día siguiente. Esta huelga, con un importante seguimiento, denuncia especialmente la falta de participación estudiantil en todo el proceso de reforma de los planes de estudio.
- 18 de marzo. Comienza una huelga general en la Universidad de Cantabria y en la mayoría de las universidades españolas.
- 26 de marzo. Estudiantes de la Universidad de Cantabria se encierran en el Rectorado en protesta por la reforma de los planes de estudios. Al mismo tiempo aparecen disidencias públicas en algunas facultades como la de Derecho, que acuerda mantener la actividad docente, cuestionando la legitimidad de las decisiones tomadas por la Asamblea de Distrito (órgano máximo de decisión de los alumnos de la UC en aquel momento).
- 27 de marzo. El rector, José María Ureña, negocia con los estudiantes encerrados para que abandonen el Rectorado. La actitud dialogante del Rector Ureña durante ese tiempo resultó primordial para evitar escaladas que hubieran llevado el conflicto a otros estadios, logrando que los estudiantes desistieran de su actitud y posibilitando que se retomara el normal funcionamiento administrativo de la Universidad. Aunque, desafortunadamente para él, sólo momentáneamente. Una manifestación dio por concluido el calendario de movilizaciones.
- 31 de marzo. Se reanudan las clases en la Universidad de Cantabria tras una votación en la que la mayoría de los estudiantes se decantaron en contra de continuar el conflicto. La asamblea de alumnos de Filosofía y Letras acuerda en solitario proseguir en huelga.
- La primera quincena de abril fue el periodo que marcaría el fin de las movilizaciones generales en Cantabria y en casi todo el resto de las universidades, apareciendo agendas sectorializadas. Cada carrera presentaba una casuística que la particularizaba, lo que derivó en distintas demandas. Este proceso, por un lado, complicó la búsqueda de soluciones, pero, a cambio, simplificó los actores presentes en el conflicto.
- 1 de abril. Nuevo encierro de estudiantes de Filosofía y Letras en el Rectorado de la Universidad de Cantabria exigiendo paridad en la representación de alumnos y profesores, infraestructuras adecuadas (aún no se había acabado de construir el edificio Interfacultativo) y la adaptación de los planes de estudio a la realidad cultural de Cantabria junto a algunas peticiones respecto al reclutamiento del profesorado.
- Estudiantes de Medicina de la Universidad de Cantabria ocupan las dependencias del INSALUD en protesta por la directiva de la europea que pretende implantar dos años de formación como médicos generalistas. Anuncian nuevas movilizaciones.
- Es en estas circunstancias, entendiendo que no se había alcanzado ninguna meta significativa, en las que los estudiantes de Filosofía y Letras retomaron la ocupación del Rectorado de la UCM. A la luz de los acontecimientos, este colectivo de alumnos se mostró como el más combativo del distrito, aprovechando para poner sobre la mesa una agenda propia, sosteniendo así el pulso con las autoridades universitarias.
- 2 de abril. Fracasa un intento de mediación por parte de una comisión de profesores de Filosofía y Letras que se personó en el Rectorado.
- 3 de abril. Como consecuencia de este segundo encierro en menos de un mes, el rector accede a una serie de peticiones planteadas por el alumnado, firmándose un acuerdo. Se da fin a la segunda ocupación del Rectorado de la Universidad de Cantabria. El rector anuncia la ampliación del edificio Interfacultativo de la Universidad de Cantabria en 4.000 metros cuadrados para solucionar los problemas de espacio.
- 7 de abril. Los estudiantes de Filosofía y Letras proponen la paralización de los exámenes de junio y el cierre de los departamentos para suspender la actividad de investigación.
- 8 de abril. Filosofía y Letras y Derecho apoyan el paro acordado y convocado por la reunión general de estudiantes celebrada en Granada. Medicina continúa en huelga por su problemática particular y Ciencias convoca cortes de carretera en Los Castros.
Las movilizaciones estudiantiles siguieron, aunque con un menor impacto a nivel estatal, especialmente las protagonizadas por alumnos de carreras de Humanidades y Ciencias Sociales, afectados por los cambios y con una agenda reivindicativa propia. Finalmente, la normalidad volvió a los campus, el de Cantabria no fue una excepción, como manifiesta la decisión del 12 de abril donde un delegado de la Facultad de Derecho es elegido representante de distrito de la Universidad de Cantabria, pese a ser una de las figuras que más se había manifestado en contra de las movilizaciones llevadas a cabo por los estudiantes durante el periodo anterior.
La Semana Santa puede considerarse el punto de inflexión de aquel periodo, aunque no el final definitivo de las protestas, ya que en el caso de la Filosofía y Letras se alagarían hasta el mes de mayo, ya centradas en una agenda más particular.
El documento base de este artículo, cuyo original se encontraba depositado en la Delegación de Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, fue publicado en uno de los primeros números de El Bálsamo de Fierabrás, revista de la Comisión de Actividades Culturales de la Delegación de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras que fue fundada en el curso 1988-89; es decir, aproximadamente dos años después de su firma.
Se presenta como un acuerdo-compromiso entre el Rector de la Universidad de Cantabria y la Asamblea de Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, rubricado por José María Ureña Francés, rector de la UCM y de la delegada de Facultad, Gema Fernández. Está estructurado en cuatro puntos que reflejan las principales preocupaciones que mostraba el alumnado del centro: la construcción de un nuevo edificio que respondiera a las necesidades de espacio y dotaciones de alumnos, profesores y personal; el apoyo a un nuevo proceso de elaboración de los planes de estudio, más democrático y transparente; redistribución de los presupuestos universitarios; por último, apoyo a la eliminación de tasas universitarias, mayores dotaciones de becas y potenciación de las carreras de humanidades.
Desde su primer curso académico 1978-79, la Facultad de Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia, estaba localizada en las dependencias de la Facultad de Medicina, lo que constreñía notablemente su funcionamiento. Proyectos como la instalación en el edificio de Las Salesas, actual sede de los juzgados, no habían cristalizado, por lo que existía un sentimiento de provisionalidad que se prolongaría hasta la construcción del edificio Interfacultativo, inaugurado en el curso 1988-89, que albergó inicialmente los estudios de Magisterio, Derecho y Filosofía y Letras.
Las otras preocupaciones de la agenda de los estudiantes de Geografía e Historia muestran la inquietud por unos planes de estudio que se percibían impuestos, alejados de las demandas de la sociedad y con escasas salidas laborales. El déficit democrático en la representatividad de la comunidad universitaria era, finalmente, otra de las preocupaciones manifestadas, que se completaban con la demanda de mayores dotaciones económicas y recursos y una política de favorecer el acceso al alumnado de recursos económicos limitados.
La firma del documento permitió una salida airosa tanto a estudiantes como a la propia institución basándose en compromisos genéricos, asumibles por difusos para una parte, simbólicos para la otra.
La capacidad de movilización y el sostenimiento de una estructura organizada, combinados con las circunstancias propias de la Facultad, reportaría a corto plazo la consecución de otros logros, como la creación de un vicedecanato de alumnos, cargo para el que fue nombrada Pilar Mantecón, a la que sucedería Manuel Fernández Maneiro en el curso 1988-89. La experiencia no se prolongaría por mucho más tiempo, pero valga como prueba de la pujanza que en algún momento mantuvieron los alumnos.
El balance de las movilizaciones estudiantiles de 1986-87 manifiesta la relevancia de la participación de estos actores en la construcción de un sistema educativo que responda a las necesidades de la sociedad. Por su parte, el descontento y las demandas de los universitarios mostraron la necesidad de adaptar los planes formativos al mercado de trabajo para posibilitar una salida laboral más apropiada.
La conjunción de nuevos factores de todo tipo: legislativo, generacional, los nuevos intereses de la juventud, etc. han propiciado que este tipo de iniciativas y situaciones no se hayan repetido con la intensidad de aquellos años. Sin embargo, puede concluirse que constituye una prueba de que la juventud puede ser un gran activo de cambio que no conviene despreciar.