El pasado 15 de marzo veíamos por fin en prensa alguna tímida referencia al inicio de la Asamblea ciudadana navarra del cambio climático. Han tenido que transcurrir casi tres años para que el Gobierno de Navarra ponga en marcha esta herramienta recogida en la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética y con la que la comunidad foral se sumaba a las experiencias como la de Francia, Polonia o, en nuestro Estado, Cataluña o Mallorca. Experiencias que mostraban que, si se le da la oportunidad, una ciudadanía bien informada e involucrada es capaz de tomar decisiones mucho más valientes y sensatas que las que vienen de las instituciones tradicionales. Sin embargo, no existen muchas razones para el optimismo.
Recordemos que ya desde el primer momento no se contempló que fuese vinculante, es decir, el Ejecutivo no ha asumido ningún compromiso de implementar las medidas que proponga dicha Asamblea. Pero todavía podía esperarse que, si se llevaba a cabo con garantías, pudiese convertirse en un hito transformador tanto en el ámbito de las políticas ambientales como en el de la participación ciudadana.
En cambio, en la fase previa detectamos las primeras deficiencias: las 30 personas participantes -en un inicio iban a ser 50- que finalmente representarán la diversidad de nuestro territorio en cuanto a edad, nivel de estudios o lugar de residencia, no han sido escogidas mediante un sorteo cívico riguroso -un requisito fundamental para este tipo de procesos deliberativos-, sino que fueron seleccionadas tras apuntarse en un formulario online al que apenas se dio difusión. Más allá de la brecha digital que esto supone, está claro que se ha inscrito quien realmente tiene mucho interés en el tema y eso no refleja una realidad social plural. Lo correcto hubiese sido contactar con 10.000 o 20.000 personas al azar, vía carta o llamada telefónica, y realizar el sorteo entre las personas que aceptasen participar.
Todo esto seguramente responda a minimizar el coste del proceso, lo cual ya da a entender el poco interés que suscita esta iniciativa en el Gobierno de Navarra. Pero lo más preocupante es que intuimos que el presupuesto para la difusión de la Asamblea Ciudadana va a ser de 0 € cuando, según la OCDE, la comunicación ha de ser un eje central del proceso, de forma que la reflexiones que se hagan en la asamblea no se queden ahí, sino que lleguen al resto de la ciudadanía. Para que nos hagamos una idea, la asamblea ciudadana climática de Cataluña dedicó en publicidad una cantidad similar al coste del resto del proceso.
Y esta falta de difusión no se debe a la buena intención de proteger la privacidad de sus miembros, al menos mientras dura el proceso, como se recomienda en los principios de buenas prácticas de las asambleas ciudadanas, ya que, en la primera nota de prensa que hay al respecto, encontramos fotos y vídeos de las personas participantes.
En definitiva, el proceso que acaba de comenzar parece más bien un lavado de cara del Gobierno de Navarra, demostrando, una vez más, su poca preocupación ante la crisis climática y su falsa voluntad de cambiar las cosas. Aunque valoramos la buena voluntad de las personas participantes para generar reflexión y propuestas en pos de una Navarra más justa y habitable, tememos que este ejercicio de participación simulada acabe abandonado en un cajón.
En manos del Gobierno está revertir dicha situación y apostar por la participación real, abriendo la democracia y demostrando así, respeto por la ciudadanía y por nuestro futuro.
Firman el artículo Ana Sánchez y Óscar Larrañeta, en representación de Extinction Rebellion Pamplona-Iruñea y de Alianza por el clima Nafarroa.
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Contrapunto es el blog de opinión de eldiario.es/navarra. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de la sociedad navarra. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continua transformación.
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