El director general de Urbanismo de Santander, Antonio Bezanilla, ha abogado por una Ley del Suelo que “facilite y promueva” la redacción por parte de los ayuntamientos de planes generales de ordenación urbana (PGOU), en la que haya una “simplificación máxima” de los instrumentos de planeamiento y ha pedido limitar el uso de la figura del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) para que deje de ser “omnipotente”.
Así lo ha defendido este martes durante su comparecencia ante la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Parlamento regional para valorar el proyecto de la nueva Ley del Suelo de Cantabria que se está tramitando y que, a su juicio, debiera ser posterior, y no anterior, a la aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) de Cantabria.
Bezanilla ha sido el encargado de abrir las comparecencias sobre este proyecto de ley, que se desarrollarán en ocho sesiones hasta el 4 de diciembre y por las que pasarán más de una veintena de expertos. En la de este martes, además de él, han dado su parecer sobre el texto el secretario de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio (CROTU), Emilio Misas, y el comisario de Aguas adjunto de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Jorge Rodríguez.
En su intervención, Bezanilla ha defendido que la nueva ley debe impulsar los PGOU de los ayuntamientos y conseguir una mayor flexibilización y sencillez en la tramitación de los documentos de planeamiento.
Además, ha abogado por la simplificación de los instrumentos de planeamiento y también cree que en los planes generales solo deberían determinar el suelo urbano y el rústico, mientras que el urbanizable debería verse como una “fase de transformación del suelo rústico a urbano”.
A su juicio, que un PGOU determine que suelo debe ser urbanizable “quizás es aventurar algo que hasta dentro de 20 años no va a pasar”. Solo pone como excepción, aquellos casos en los que exista ya ese suelo en transformación para una actuación.
PSIR y suelo rústico
Bezanilla, en su exposición, ha hecho alusión también a dos cuestiones que también prevé este proyecto de ley, como son la figura del PSIR y la construcción en suelo rústico.
En cuanto a los PSIR, cree que solo deberían usarse para actuaciones que “realmente” tengan “interés general regional”, y que no se puedan desarrollar de otra manera, y en las que haya una “excepcionalidad manifiesta”. A su juicio, para crear un polígono industrial o para construir un edificio para sede del Gobierno de Cantabria no debería usarse esta figura.
Ha criticado que el PSIR se ha convertido en una “figura omnipotente” con la que el Gobierno “puede hacer lo que quiera”, “donde quiera” y con “la intención de sobreponerse a cualquier normativa, incluso sectorial”, algo que, a su juicio, es una “prueba manifiesta del fracaso del planeamiento y de la falta de confianza del legislador en el planeamiento”.
Y en cuanto al suelo rústico, Bezanilla ha opinado que la ley que se está tramitando “cambia radicalmente” el criterio de la de norma de 2001. “Antes lo protegía y ahora no”, ha opinado el director general de Urbanismo de Santander, que considera que se debería promover actuar dentro de los propios núcleos rurales y no fuera de sus bordes.
“Creo que los núcleos y los asentamientos rurales de Cantabria ahora mismo no tienen un nivel de colmatación que haga imposible que se pueda actuar dentro de ellos”, ha opinado Bezanilla.
En este sentido, considera que los problemas de despoblamiento de un núcleo rural existente, “no se resuelve construyendo fuera de él porque el núcleo seguirá estando vacío”. Además, ha apuntado que la ley estatal de sostenibiidad del medio rural establece que lo que hay que hacer es “desincentivar” el urbanismo disperso, particular en zonas rurales periurbanas, y apuesta por el fomento de la reutilización y rehabilitación de edificios ya existentes y por preservar la arquitectura rural tradicional.
Por su parte, el secretario de la CROTU y jefe del Servicio de Urbanismo y Tramitación de Expedientes en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) de Cantabria, Emilio Misas, se ha mostrado en desacuerdo con algunas de las observaciones sobre estas dos “cuestiones políticas” de un proyecto de ley eminentemente “técnico” y “continuista” respecto a la “magnífica” norma de 2001.
Así, frente a quienes consideran que con el nuevo texto “se liberaliza” la construcción en suelo rústico y se es “más permisivo”, ha opinado que ocurre “todo lo contrario”.
“Ahora mismo puedes construir en suelo rústico a 200 metros de suelo urbano en un ayuntamiento que tenga plan general o normas subsidiarias. En el proyecto de ley esos 200 metros se reducen ya a 100”, ha aseverado Misas, que, además, ha señalado que se establece un periodo transitorio.
Cuestionado por los grupos, desde la modificación de 2012 de la ley del suelo de 2001 respecto a las construcciones en suelo rústico, ha señalado que se han concedido 1.425 autorizaciones relativas a viviendas en suelo rústico, de las que el 84% son en municipios que no son pequeños.
Principalmente se han otorgado en Piélagos, Valdáliga, Santa María de Cayón, Ribamontán al Monte, Hermandad de Campoo de Suso o Marina de Cudeyo o Voto, entre otros, un número que no ve “exagerado”.
Y en relación a los PSIR, ha defendido que el proyecto de ley en tramitación introduce aspectos dirigidos a atender la problemática que se ha venido sucediendo en los últimos 20 años con esta figura con el objetivo de prever “unas pautas exclusivamente técnicas”. Así, ha destacado que el nuevo texto “da mayor importancia” la declaración del interés regional por parte del Gobierno de Cantabria y se establecen plazos de caducidad para esta figura.
Más allá de ello, ha opinado que el nuevo texto tampoco introduce “ninguna innovación respecto a la regulación” que los PSIR tienen en la actualidad.
Más allá de estas cuestiones, Misas ha defendido que se ha intentado hacer una nueva ley del suelo “puramente técnica”, que sirva en el “día a día” de los acuerdos que tiene que adoptar la CROTU.
Ha opinado que la nueva ley intenta dar “agilidad” en la tramitación de los planes generales de los ayuntamientos, que suponen a los municipios un gasto de dinero y de tiempo de años, y se busca “simplificar los trámites” dentro de lo posible.
Así, ha explicado que una de las novedades, es que se intenta que los ayuntamientos, sepan desde el inicio “por dónde no pueden ir”. Así, a diferencia de lo que ocurre ahora, la CROTU se pronunciará antes de la aprobación inicial de los PGOUs sobre las dos cuestiones que más “discrepancias” crean con los ayuntamientos, como son la clasificaciónn de suelo urbano y el crecimiento previsto en el PGOU.
Además, ha opinado que el proyecto de ley introduce “sentido común y cordura” en lo que respecta a los edificios fuera de ordenación.
Ha resaltado que la nueva ley atribuye competencias a la CROTU para aprobar definitivamente modificaciones puntuales de planes generales de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, algo que -ha dicho- “no es algo que la CROTU o el Gobierno desee”, sino que, según ha explicado, son los propios ayuntamientos los que lo demandan.
Y para cerrar la sesión, el representante de la Confederación ha destacado que el proyecto de ley recoge buena parte de las observaciones hechas en 2017 a un borrador que se remitió al organismo en cuestiones que afectan a sus competencias.