El Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria han barajado la idea de que los mendigos recalcitrantes a pasar por el Centro de Acogida 'Princesa Letizia' sean sometidos a una evaluación psiquiátrica en el Hospital Valdecilla.
Ambas instituciones no tienen definido el planteamiento que, según ha manifestado el Ayuntamiento de Santander, surgió de forma espontánea durante un encuentro esta semana para abordar otros asuntos, pero ahí ha quedado en el aire, pendiente de un estudio y con el respeto a “la legalidad” como denominador común. Por lo tanto, será en ese estudio, si el planteamiento siga adelante, en el que se determinen las bases jurídicas y el proceso posterior al examen psiquiátrico, aunque en ningún momento se ha hablado por el momento de ingresos en centros especializados ni en residencias de crónicos, como ha ocurrido en otros sitios.
Según se ha informado al término del encuentro de este miércoles con la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, dijo que se acordó constituir un grupo de trabajo para abordar el problema de los 'sin techo' que viven en la calle en Santander y que declinan usar servicios como el del Centro Princesa Letizia para alojarse.
“En primer lugar, lo que se quiere es posibilitar que se pueda trasladar, 'con la legalidad', a esas personas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para poder evaluar si tienen algún tipo de trastorno mental y definir la forma de ayudarles”, ha añadido.
Sin embargo, no es tan fácil. Según el psiquiatra Ángel Sánchez Bahíllo: “Actualmente, en España, los psiquiatras tienen la potestad de ingresar en contra de su voluntad a enfermos mentales en situaciones de descompensación que puedan plantear un grave peligro para sí mismos o para la sociedad, lo que permite una acción rápida en situaciones de urgencia. Esta potestad está limitada por la obligación de comunicar dicha acción a un juez en menos de veinticuatro horas. Así, la supervisión judicial garantiza que las medidas restrictivas de los derechos del sujeto estén justificadas y sean proporcionadas”.
El planteamiento ha cogido con el pie cambiado a todas las fuentes consultadas, salvo el Gobierno de Cantabria, que ha dado la callada por respuesta a preguntas de este medio, y de otros partidos, que prefieren esperar a que se perfile la cuestión.
En todo caso, hay coincidencia entre los especialistas consultados en que debe mediar la intervención de un juez, ya que están en juego derechos fundamentales de la persona, y que la voluntad del afectado debe ser respetada.
Abogados y psiquiatras
“Cualquier tratamiento exige su consentimiento -ha manifestado un jurista con despacho en Santander-. Sin este, solo puede aplicarse tras autorización judicial a petición del fiscal. Más aún si el tratamiento consiste en internamiento en algún tipo de régimen con cualquier tipo de restricción de libertad”.
Otro jurista consultado ha manifestado que “el tema tiene mucha miga. Es verdad que no se puede internar a nadie por la fuerza en ningún sitio, albergue u hospital, si no es con autorización judicial”, aunque también ha recordado que, si la solución es internamiento, se abren derivadas. “Lo que propugna la izquierda es que se hagan centros asistenciales para los 'sin techo' próximos al lugar donde se encuentran. Eso tiene un problema: los vecinos”.
Por el lado de la Psiquiatría, la respuesta es similar: todo internamiento tiene que estar presidido por la intervención de un juez. “No se puede internar a nadie en un hospital contra su voluntad y eso solo lo puede decidir un juez”, ha asegurado un especialista con consulta en la capital cántabra.