El Gobierno de Cantabria va a suprimir la Comisión de Comprobación Ambiental, órgano de participación que es actualmente responsable de emitir los informes de control ambiental, un proceso básico en la tramitación de grandes proyectos industriales. Dicho informe será emitido por la propia Consejería de Medio Ambiente y será un técnico el que lo elabore. Los actuales representantes municipales, sobre el todo el afectado por cada proyecto, desaparecerán del proceso previo de debate y votación.
Así se recoge en el anteproyecto de Ley de Control Ambiental que acaba de terminar el Gobierno de Cantabria y que desde este martes está sometido a consulta pública hasta el 11 de septiembre. Dicha actualización legislativa (la última ley data de hace 18 años) se ha enfocado en aras a agilizar los trámites burocráticos y simplificar el proceso de implantación de pequeñas y grandes actividades económicas. Según ha explicado el consejero, Roberto Media, “la simplificación no se hará en detrimento del rigor” y la nueva ley estará acompañada de un refuerzo del número de inspectores y un control durante y después de la ejecución de los proyectos.
El informe de control ambiental es preceptivo en las inversiones de gran relevancia como puede ser, por ejemplo, la implantación de parques eólicos. Una vez aprobada la nueva ley, bastará un informe de la Dirección General de Medio Ambiente, que, después de recabar todos los informes necesarios, aprobará o denegará un permiso. Dicho informe tendrá carácter preceptivo y vinculante.
El artículo 7.3 de la vigente Ley de Cantabria de Control Ambiental Integrado recoge la composición de la Comisión para la Comprobación Ambiental, un órgano colegiado. La componen el consejero, el secretario (funcionario), 10 vocales permanentes (todos directores generales), cuatro representantes designados por la Federación de Municipios de Cantabria en representación de los municipios (dos de más de 50.000 habitantes y otros dos del resto), un representante del municipio afectado por el proyecto a tratar, que puede intervenir con voz pero sin voto, y un letrado de la Dirección General del Servicio Jurídico en calidad de asesor.
Preguntado específicamente por los proyectos de energía eólica, el consejero ha afirmado que tendrán una tramitación idéntica, salvo que no tendrán que pasar por la comisión porque se suprime. “Un funcionario resolverá y será suficiente”, ha especificado.
“Agilidad, claridad y control”
Media ha insistido en que la agilización de procesos, en la línea de declaraciones responsables e informes de técnicos, no irá en detrimento del control público, que reforzará su servicio de inspección (actualmente, dos funcionarios) y elevará las sanciones muy graves hasta el medio millón de euros. Asimismo, se podrá requisar maquinaria y clausurar instalaciones si no se cumple lo comunicado a la administración.
La agilización burocrática se basa en un doble escalón: los proyectos no relevantes (una peluquería, un bar, una explotación ganadera de hasta 50 vacas, por ejemplo) podrán iniciar el proceso de implantación con una declaración de responsabilidad. Para proyectos de más envergadura, se requerirá el citado informe de la Dirección General de Medio Ambiente.
Dada la entidad de la Ley de Control Ambiental, ha explicado el consejero, se tramita individualmente y no dentro de la Ley de Simplificación Administrativa, un contenedor de medidas y modificaciones legales que también está en fase de borrador y consulta pública. El próximo período de sesiones del Parlamento de Cantabria abordará ambas cuando el Consejo de Gobierno convierta los anteproyectos en proyectos de ley.
La nueva ley imprimirá “un giro de 180 grados”, ha explicado Media. “En línea con la Ley de Simplificación Administrativa, se profundiza en la declaración ambiental responsable en todos aquellos asuntos de escasa relevancia que no necesitan de informe de comprobación ambiental. Ahora se tarda meses”, ha dicho, mientras que con la nueva legislación “bastará que el interesado y un técnico presenten una declaración de que cumplen todos los requisitos. Después, la administración comprobará que la documentación está en regla. Si hay irregularidad, podrá clausurarse y sancionar”.
El anteproyecto de Ley de Control Ambiental acaba de publicarse en el BOC y así queda abierto un período de información pública hasta el 11 de septiembre. Políticamente, el Gobierno del PP espera alcanzar un amplio consenso parlamentario, toda vez que el germen normativo parte de un borrador anterior de 2022, elaborado por el anterior Gobierno PRC-PSOE y que ya pasó por un proceso de información pública.
La Ley introducirá todos los cambios legislativos necesarios para reducir la burocracia. “No podemos permitir que la administración pública se convierta en un agujero negro. Los proyectos se quedan atascados haciéndolos inviables”, ha valorado Media, quien ha añadido que hay autorizaciones atascadas en procesos administrativos hasta seis años.
De puertas adentro, la administración verá aligerada la carga de trabajo evitándose duplicidades y “descargando a los municipios de la emisión de informes. La Comunidad será la encargada de vigilar y los ayuntamientos tendrán competencia para comprobar las que necesiten de informe de comprobación ambiental”, ha explicado el responsable político de la Consejería. “Vamos a eliminar muchísimo trabajo a la Dirección General y a los ayuntamientos. Actualmente, la Dirección General tiene dos inspectores y el Plan de Inspección marcará un refuerzo importante”, ha concluido.