“Marcho con el deber cumplido y sabiendo que no hay nadie más implicado. Lo hago sabiendo que es lo mejor para la Consejería, el Gobierno y mi propio partido”.
Con estas palabras se ha despedido del cargo este lunes José Luis Gochicoa, consejero de Obras Públicas, quien ha comparecido públicamente para realizar este anuncio, en presencia de la plana mayor de su departamento y de los restantes consejeros regionalistas del Gobierno que preside Miguel Ángel Revilla.
Gochicoa anunció su dimisión hace una semana, junto con la del director general de Carreteras y número dos de la Consejería, Manuel del Jesus. Ambos son las cabezas políticas que se ha cobrado el escándalo de corrupción protagonizado por su jefe de Servicio Miguel Ángel Díaz. Ambos responsables políticos pusieron su cargo a disposición del presidente Revilla, quien ha aceptado su dimisión.
Gochicoa ha demorado unos días consumar su renuncia para comparecer este lunes en el Parlamento cántabro como consejero. Dicha comparecencia no se producirá al retirar la oposición al Gobierno PRC-PSOE sus preguntas (en su lugar comparece el presidente de Cantabria). No obstante, estos días, los ha aprovechado el ya exconsejero para dejar en orden su departamento y certificar que no hay más investigados en las diligencias que instruye el Juzgado número 5 de Santander con la colaboración de la UDEF y la Agencia Tributaria.
Gochicoa también ha señalado que se han adoptado medidas para que el funcionario que se encuentra en prisión preventiva no pueda reincorporarse a sus quehaceres si es puesto en libertad, así como que las empresas investigadas puedan ser apartadas cautelarmente de los 11 contratos en vías de adjudicación en los que intervino Díez y a los que concurren. Dichos contratos totalizan licitaciones por valor de 34 millones de euros.
La decisión, no obstante, compete a la titular del juzgado, quien previamente ha de ampliar las actuaciones que se siguen a las empresas incriminadas (Rucecan, API y La Encina), no solo a sus propietarios.
Gochicoa ha aprovechado su despedida para reiterar que el escándalo queda circunscrito a un alto funcionario y su familia, sin que haya nadie más sospechoso en la Consejería.
En la recapitulación de hechos, ha dicho que nunca se tuvo sospecha de que algo así pudiera estar desarrollándose en las dependencias de la calle Alta, ni que la investigación haya partido de denuncias de empresas del sector. “No tenemos constancia de ninguna denuncia de ningún empresario, sino que surgió de intervención de la Agencia Tributaria”, ha dicho. Y añadió:
“Señales de alarma no teníamos. En su vida privada había ostentación, pero al trabajo acudía con coche de trabajo y vestido con normalidad, incluso el día del registro protestaba de que se encontrara dinero en su casa. Habla alto por teléfono y nunca lo oí (nada sospechoso), aunque presuntamente en otro lugar puedo haber sido, pero no en el trabajo. No tenemos conocimiento sobre sus cuentas bancarias, ni de cómo vive... y los empresarios, y es lo que más nos duele, tras tantos años tratando problemas con ellos, en ningún momento han denunciado. Tampoco probablemente pudiéramos haber hecho mucho más que llevarlo a la Fiscalía y haberle apartado de muchas de las cuestiones” que tenía entre manos.
Gochicoa se reafirma en su decisión de dimitir: “Presenté mi dimisión porque entendí que había que hacerlo y creo que es lo correcto”.
Antes de dejar el cargo, el exconsejero ha retirado al funcionario en prisión la firma de los contratos en que figuraba como responsable, también lo ha cesado como jefe de servicio y suspendido en sus funciones. A Miguel Ángel Díez se le ha abierto un expediente sancionador “que permitiría actuar contra él” en el futuro.
Con respecto a los contratos en proceso de concesión, Gochicoa ha reiterado lo dicho por Revilla días atrás: se ha pedido a la jueza que amplíe las pesquisas a las sociedades, no solo a las personas; y que cautelarmente se las aparte de los procesos en curso. En los contratos que tengan ya adjudicados, y en donde haya intervenido el jefe de Servicio apartado, los pagos se depositarán en una cuenta judicial para que el Juzgado decida si darles curso o retenerlos.
Asimismo, y a partir de ahora, las mesas de contratación contarán con la presencia de dos funcionarios, y no uno como hasta ahora, cuya designación será aleatoria y no permanente.
“Me voy limpio y sin nada que objetar en esas 4.000 páginas de sumario y un año de intervenciones telefónicas que no prueban intervención mía ni de nadie más de la consejería”, ha concluido