La falta de control del Ayuntamiento de Santander y el nulo entendimiento entre este y el Estado ha hecho que el Castillo de Corbanera, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Cantabria, sea de propiedad particular. Así lo ha dictaminado un informe de dos catedráticos de la Universidad de Cantabria y así ha sido asumido por el Ayuntamiento de Santander, que ahora pide al Ejecutivo autonómico que pague la restauración de un inmueble que Hispania Nostra tiene incluido en su lista roja de patrimonio desde hace años.
¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? 140 años de ocupación sin que ninguna institución los molestara han hecho que los últimos descendientes de una familia lo asuman como propio por usucapión, una figura jurídica que establece un plazo de 30 años para hacerse con la propiedad de un bien ocupado.
La falta de atención del Ayuntamiento de Santander durante décadas tampoco ha contribuido a clarificar la situación, hasta el punto de que el propio Consistorio, gobernado por PP y Cs en la actualidad, tuvo que recurrir a la Universidad de Cantabria para saber si era de su propiedad o no una fortaleza que no constaba en su inventario de bienes. El estudio resultante ha sido elaborado por el profesor Juan Baró Pazos, catedrático de Historia del Derecho, y el profesor Javier Barcelona Llop, catedrático de Derecho Administrativo, consta de 154 páginas y concluye claramente que las sucesivas generaciones de ocupantes han cumplido con holgura más que suficiente el límite de 30 años establecido por la ley para ser propietarios.
El castillo de Corbanera fue construido en el último tercio del siglo XIX, dentro del sistema de fortificaciones de un Santander liberal amenazado por el avance de las tropas carlistas en la tercera guerra entre isabelinos y seguidores del pretendiente don Carlos. Construido por el Estado, pero pagado por el Ayuntamiento, el castillo no tuvo uso nunca, dado que la acometida carlista se abortó y nunca amenazó la ciudad.
Sin embargo, las instalaciones quedaron en el lugar y pronto entraron en declive. Robos y desperfectos hicieron a las autoridades municipales buscar un guardián en 1879. Este, un carabinero, fue el primer ocupante del castillo, en donde obtuvo permiso para construir una vivienda. Otra familia, los F.L, lo sucedió en el lugar sin interrupción hasta la actualidad, siendo una bisnieta hoy día la propietaria del castillo y de una finca de más de 2.000 metros cuadrados en donde se ha construido un chalet y un cobertizo.
Una vez superada la amenaza carlista, el gobernador militar de Santander retiró la munición acumulada en el interior del castillo de Corbanera, dada la dificultad de custodia, al tiempo que –era 1876– le pedía al alcalde que los pedáneos –y Monte era una pedanía de Santander– asumieran la vigilancia del recinto. El Ayuntamiento ya tenía en 1878 pleno control sobre la fortaleza y pensó a qué destinarla: estudió convertirla en cárcel, pero optó por construir una nueva en otra parte de la ciudad. Dado que la rapiña se cebaba con el lugar, optó por entregar su custodia y mantenimiento a un particular. En 1879, un carabinero llamado Francisco Travieso pidió usarlo también “para habitación”. Lo pidió mediante un expediente que promovió justificando habitar el lugar que custodiaba “pues el exponente tiene cuatro hijos de familia y esposa por lo que, para aliviar en algo la situación precaria en que nos hallamos, suplico a V. E. se digne concederme dicho local”.
La petición fue avalada por el alcalde de Monte, el cual indicaba que para todos los peticionarios –hubo más– había “colocación” de sobra, aludiendo también a otro elemento de la fortificación costera, como era la Batería de San Pedro del Mar, sita en las proximidades de La Maruca y convertida hace años en Centro de Interpretación del Litorial tras una polémica intervención arquitectónica.
Se supone, porque no hay constancia, que a finales del siglo XIX toma el relevo de la ocupación del lugar la familia F.L., cuya bisnieta es la actual moradora. El matrimonio entre G.F y F.L, con sus hijos, construyó en el interior del castillo “una sencilla vivienda”, sin que conste en ningún archivo “informe del título de la ocupación”.
Dos de las hijas del matrimonio contrajeron nupcias y una de ellas habilitó con su marido una segunda vivienda dentro del recinto. La otra, junto a su marido, continuó habitando en la casa de sus padres. Según el padrón de 1935, esta última declaró llevar viviendo en el lugar 60 años, que era su edad a la sazón. Posteriormente, una hija de su matrimonio tomó el relevo de la vivienda junto a su marido y en esos momentos constan como única familia residente en el interior del castillo.
El Ayuntamiento de Santander gira habitualmente el cobro del suministro del agua a viviendas a las que no consta el título de propiedad pero que llevan décadas siendo habitadas. El de Corbanera también entró en esta casuística, que en cierto modo reconoce 'de facto' la propiedad por el municipio. En 1961, una hermana de la actual ocupante suscribió contrato de suministro de agua a la finca. Según el contrato, la propiedad de la vivienda correspondía a su madre.
Pero es otra hija, bisnieta también de los primeros moradores, la que vive en el recinto con su familia desde 1988 y consta como empadronada en el lugar. Según consta en el Registro del Catastro, está empadronada y es residente junto a su hijo en una finca de 2.028 metros cuadrados. Actualmente, hay construida una vivienda de 55 metros cuadrados, y otra que figura como almacén de 42 metros cuadrados. Esta mujer paga recibo del agua e Impuesto de Bienes Inmuebles.
“Por lo tanto, desde una fecha indeterminada del finales del siglo XIX, la fortificación ha sido ocupada sucesivamente por distintas generaciones procedentes de un tronco familiar común”, concluyen los catedráticos de la UC.
A esta situación no se hubiera llegado si el Ayuntamiento y el Estado hubieran alcanzado un acuerdo en estos 140 años. Porfiando por la propiedad, al final el castillo se lo ha quedado el ocupante.
La fortificación fue construida por el Estado, pero pagada por el municipio, según consta en los archivos. A primeros del siglo XX, el Ministerio de Hacienda ordenó, no obstante, la incautación de los terrenos, una orden que en 1920 todavía no había cumplido el Ayuntamiento. ¿La razón? El municipio se negó a facilitar las certificaciones que se le pedían (sobre límites de terrenos de las fortificaciones y gastos realizados, entre otras) para delimitar la zona, en la que el Estado quería ubicar un polígono de tiro y un campo de instrucción de la guarnición. Finalmente, cansado de esperar, y dada la nula colaboración del Ayuntamiento, el Estado construyó el polígono y el campo de ejercicios en Rostrío, lejos del lugar.
La confusión no hizo más que empezar. Un expediente municipal, redactado en 1977 ante el deterioro del castillo, omitía cualquier referencia a las viviendas que existían entonces en su interior, pese a que eran visibles desde fuera. En aquel entonces, el Ayuntamiento aprobó un presupuesto de 2,9 millones de pesetas para reparar la instalación. Las imágenes del expediente revelan que las viviendas del interior también se encontraban deterioradas.
Se encargó entonces un informe a la historiadora Carmen González Echegaray que, junto con José Luis Casado Soto, firmaron un estudio... que no se encuentra localizable en la actualidad. Sin embargo, hay referencias a él en un libro publicado por los autores. Ambos coinciden en señalar que todas las obras de fortificación fueron financiadas por el vecindario de la ciudad, aunque también hacen referencia a que el Catastro de 1953 recoge el lugar como bien a nombre del Estado y que este lo alquiló a un particular. Sin embargo, estos puntos no se fundamentan claramente. En 1977 el Ayuntamiento pidió al Estado la cesión del castillo, sin que tal cesión conste que llegara a producirse. En el inventario municipal no consta ninguna fortificación en Corbanera.
El edificio se encuentra dentro de la lista roja del patrimonio español que actualiza periódicamente Hispania Nostra. Dicha inclusión obedece a que la fortificación está deteriorada y “colonizada” por viviendas dentro y fuera. Fuera del recinto, adosadas, también hay viviendas, cuyos propietarios son descendientes de los propietarios de las fincas que se expropiaron en el siglo XIX. Pero esto no es aplicable al interior del fuerte, que quedó fuera de la reversión de derechos expropiados en su día.
En mayo de 2012 el Gobierno de Cantabria declaró el castillo Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, sin referencia alguna a su titularidad. El expediente no incluye declaraciones de los ahora propietarios por usucapión.
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