La Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA) ha pedido que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander sea “urgentemente paralizado” en sus previsiones y modificado en sus contenidos porque es una planificación que “deteriora el territorio y desaloja a los vecinos de sus barrios”.
“El actual PGOU, gestado en plena burbuja inmobiliaria, es un formidable monumento a la densificación y especulación urbanística más feroz, hasta el extremo de pretender agotar por completo el suelo de todo el término municipal para construir viviendas de segunda residencia”, ha denunciado DEBA en un comunicado.
La plataforma ha criticado que, sin embargo, el equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento “defiende a ultranza este plan urbanístico que densifica aún más la ciudad consolidada, construyendo en los pocos espacios que quedan libres”.
DEBA ha considerado que “un plan urbanístico que deteriora el territorio y desaloja a los vecinos de sus barrios tradicionales debe de ser urgentemente paralizado en sus previsiones y modificado en sus contenidos, por no estar orientado al interés general”.
A su juicio, con este plan el equipo de Gobierno municipal “desvela su prioridad política en el urbanismo de Santander: defender los intereses económicos de los promotores, abandonando sin disimulo a los vecinos de la ciudad”. “Se supone que una Corporación elegida mayoritariamente por la población debe preservar los intereses de calidad de vida de esa población y no el afán de lucro de un reducido número de agentes económicos”, ha apuntado.
DEBA ha indicado que el PGOU se ha modificado varias veces recientemente pero siempre “cada vez que ha interesado a promotores o intereses económicos concretos”. “Pero cuando se trata de proteger los intereses de los vecinos, el equipo de Gobierno reacciona de manera intransigente e implacable”, ha denunciado citando casos como el de la casa de Amparo Pérez.
“Hay problemas sociales y urbanísticos ocasionados por la estrategia del derribo de viviendas y desalojo de sus propietarios en El Pilón, Prado San Roque y el Cabildo de Arriba”, ha señalado, al tiempo que ha advertido “hay 90 actuaciones similares previstas por el actual Plan General, que en su mayoría supondría la expulsión de los barrios de los vecinos que los ocupan”.
Modificación en la Ley del Suelo
Precisamente, sobre los problemas derivados de la actuación urbanística en el Barrio de El Pilón, han hablado este lunes el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE). En su segunda reunión de la legislatura, el regidor municipal ha planteado a la responsable de Urbanismo un propuesta legislativa del Ayuntamiento para dar respuesta a los realojos.
El alcalde ha manifestado que esta propuesta, que podría posteriormente incluirse en la futura Ley del Suelo, está elaborada por los servicios técnicos y jurídicos municipales y que, pasado el plazo de sugerencias y alegaciones, se entregará también al consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón.
“Nuestro interés es que se busque una fórmula que permita que la aprobación de esta norma sobre los realojos sea con carácter inmediato”, ha destacado De la Serna, que ha indicado que, con ello, “se podrían cubrir determinadas situaciones que se están dando en la ciudad”, como es el caso de los vecinos de El Pilón.
Sobre esta propuesta “informal”, la vicepresidenta ha manifestado que la nueva Ley del Suelo, en la que el Gobierno empezará a trabajar “con carácter inmediato”, también contemplará “una solución a los derechos de realojo para personas afectadas por desarrollos urbanísticos”. No obstante, Díaz Tezanos ha asegurado que los servicios de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Ejecutivo estudiarán la propuesta “de cara a una posible solución” a la cuestión de los realojos.