PACMA ha denunciado que la Consejería de Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria le ha “expulsado” de la Mesa del Lobo “ante la disconformidad mostrada por el sector ganadero y de cazadores” por su presencia y “ante la presión del resto de partidos”.
“Solo se nos permitirá participar en la fase de alegaciones del plan del lobo, que redactarán precisamente quienes lo quieren muerto”, denuncia el partido animalista, que se muestra muy crítico con el jefe del departamento, Jesús Oria, al que recriminan su “nula intención” por adoptar medidas que garanticen la protección animal.
“Queda patente la línea y actitud del nuevo consejero que, tanto en esta mesa como en las medidas que desde la Consejería se van a llevar a cabo, obviará el bienestar de los animales y la demanda social creciente de la ciudadanía que exige que los derechos animales formen parte de la política del siglo XXI”, asevera.
La formación se ha pronunciado así después de mantener una reunión con el consejero y con los directores generales de Medio Natural y Ganadería, Antonio Lucio y Beatriz Fernández, respectivamente. El encuentro se produjo a raíz de que PACMA denunciara un supuesto nuevo caso de maltrato animal en una explotación ganadera de Cantabria, ubicada en Liencres.
Según relata este partido, las vacas y terneros de esta ganadería “se encuentran atados al suelo con cadenas de un metro de longitud que les impiden caminar y les obligan a permanecer inmóviles toda su vida”. “La desatención de la explotación se manifiesta en la muerte por inanición de muchos de estos animales, la extrema delgadez de los que sobreviven y las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las que se les mantiene”, inciden.
La Consejería informó en la reunión que, tras la denuncia presentada, se había realizado una inspección a la explotación ganadera, comprobándose el estado de abandono de los animales y que si, tras brindar el plazo oportuno de subsanación de irregularidades no se corrigiera la situación, procederían al sacrificio de los animales.
El partido ha mostrado su “rechazo absoluto” a la ejecución de los animales y ha trasladado al Ejecutivo “la necesidad de instaurar inspecciones regulares que garanticen una mínima protección a estos”. Asimismo, ha exigido que se retiraren las licencias de actividad a los titulares de la ganadería y la imposición de devolver las ayudas de dinero público a todas las explotaciones apercibidas por casos similares, que “lamentablemente y en ausencia de medidas que lo impidan, cada día son más frecuentes”.