Andalucía Acoge recuerda a las administraciones su compromiso de ofrecer alternativas dignas a la realidad de los asentamientos

Bajo el título ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía. Hitos desde 2023’, la federación Andalucía Acoge ha presentado recientemente un informe que vuelve a poner el foco en la defensa de los derechos de las personas que viven en los asentamientos agrícolas de Huelva y la comarca de Níjar (Almería), respaldada por el trabajo que desde hace décadas realizan las dos organizaciones asociadas Almería Acoge y Huelva Acoge, un año y medio después de que se presentara el anterior.  

Una de las principales cuestiones que se derivan del informe tiene que ver de nuevo con la falta de alternativas habitacionales dignas para las personas que viven en ellos y que precisamente en estos días, con el paso de la DANA, han sufrido con especial severidad las consecuencias climáticas. El informe vuelve a señalar las malas condiciones de vida en los asentamientos, en los que faltan los servicios más básicos y la discriminación persiste en el acceso a viviendas adecuadas.

En ese sentido, aunque en los dos últimos años se han impulsado una serie de iniciativas por parte de la Unión Europea, la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y algunos ayuntamientos, como el Plan EASEN, que generan un contexto más propicio para construir soluciones habitacionales, estas o son insuficientes, o no se han puesto en funcionamiento, o no terminan de considerar las necesidades y la participación de la población migrante de los asentamientos, cuestión imprescindible para que sean efectivas.

Tal y como señalan los equipos de Huelva Acoge y Almería Acoge en el informe, los albergues de Lucena del Puerto y Moguer, con 36 y 144 plazas respectivamente, no están actualmente en funcionamiento, siendo el Albergue de Lepe el único recurso operativo actualmente en la provincia. Por su parte, el equipo local de Níjar señala que, tras el desalojo de los asentamientos de El Walili y de la Avenida de la Constitución, “no se ha tenido en cuenta la opinión de la población afectada, así como que las soluciones habitacionales propuestas respondan completamente a las necesidades de la población”.

Negación del derecho a la vecindad

Otras de las cuestiones centrales en todas las localizaciones donde se interviene, es la vulneración sistemática de derechos que se traduce en la falta de acceso al empadronamiento, la vivienda, la atención sanitaria, los servicios sociales o la movilidad. La irregularidad administrativa de muchas de las personas migrantes, por la ineficiencia de la normativa, agrava esta situación. Siendo un problema común en los dos territorios, es fundamental considerar que existen diferencias significativas entre los asentamientos de Almería y los municipios onubenses. 

En Níjar, la población migrante no tiene un carácter temporero, sino que se ha convertido en una presencia permanente, por lo que las políticas y medidas de intervención deberían diferenciarse. El equipo local señala que durante este último año y medio se ha detectado una mayor visibilidad de mujeres en situación de prostitución, con indicios de ser víctimas de redes de trata; la llegada de nuevos colectivos de jóvenes solicitantes de asilo, que pone en evidencia que el Sistema de Acogida de Protección Internacional y Humanitaria está resultando insuficiente; y un mayor deterioro de las personas que residen en los asentamientos, especialmente en lo referido a la salud.

En los municipios onubenses, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, la mayoría de las personas residentes en estos asentamientos son temporeras, aunque se estima que entre el 30% y el 40% de la población podría vivir allí de forma permanente. Las personas residentes en asentamientos con las que interviene Huelva Acoge manifiestan la existencia de redes organizadas, identificándose el cobro de hasta 600 euros por empadronamientos y cantidades mayores por mediar para contratos de trabajo irregulares.

Por otra parte, la infradenuncia frente a las vulneraciones de derechos se presenta como una problemática común, aunque con mayor incidencia en Níjar, donde las pocas denuncias formalizadas se dirigieron al Ayuntamiento por poner barreras al empadronamiento. En los municipios onubenses, las denuncias se dirigieron, sobre todo, a las empresas por trato vejatorio o incumplimiento de las condiciones de trabajo.

El informe, basado en el análisis documental y en entrevistas a informantes clave de la entidad, concluye que garantizar el acceso al padrón cumpliendo con la ley de bases de régimen local y sin crear trabas administrativas disuasorias, así como cambiar la lógica de los desalojos por realojos que vayan acompañados de una alternativa habitacional digna, son medidas imprescindibles para acabar con esta vulneración de derechos en los asentamientos.