Han perdido el eco mediático y sus protestas, anteriormente ruidosas y muy masivas, han pasado a un segundo plano, pero el conflicto desatado hace más de una década por la aplicación de la Ley de Montes en Cantabria mantiene a cerca de un millar de afectados en pie de guerra, a la espera de soluciones que no terminan de llegar, y con la sensación de haber sido “olvidados una vez más” por las autoridades.
Así lo certifica la Plataforma de Colectivos Afectados por los Montes de Utilidad Pública de Cantabria, que denuncia que el Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla (PRC) “incumple todos sus compromisos”. “Nos sentimos engañados, desprotegidos y desesperados”, subraya en conversación con eldiario.es el presidente del colectivo, Javier Rugama.
Una sentencia del Tribunal Supremo devolvió la esperanza a muchos de ellos hace algo más de un año, ya que esta resolución abría la puerta a explorar “nuevas alternativas” y a plantear soluciones “a corto plazo”. Así lo confirmó entonces a este periódico el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria, Jesús Oria, cuando reconoció que los afectados podrían aportar nueva documentación que acreditara la titularidad de las parcelas situadas en Montes de Utilidad Pública.
Según el dirigente regionalista, la jurisprudencia sentada por el Alto Tribunal podría servir para desbloquear el conflicto que mantiene el Gobierno de Cantabria con los afectados por la Ley de Montes, ya que la decisión judicial daba pie a estudiar “más a fondo” los casos, algunos de los cuales “se habían cerrado dado que no se podía acceder a la propiedad”.
“Estamos exactamente igual que hace un año. Han dicho muchas cosas desde entonces, pero no han hecho nada. Siempre hablan de plazos, nos piden dos meses más, y luego otros dos, pero en el último contacto que hemos mantenido con el Gobierno de Cantabria nos hablan ya de 2018”, lamenta Rugama.
El portavoz de la plataforma explica que desde Medio Rural les anunciaron que los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico se pondrían a trabajar para resolver los expedientes y acreditar en los casos que así procediera la propiedad de las parcelas situadas en las zonas en conflicto, más allá del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
“El problema es que ni siquiera han empezado. Ahora nos dicen que en enero, pero antes nos dijeron que en abril, que en mayo, que en septiembre… Hace un año que era inminente y todavía estamos esperando. Hablar es lo que menos cuesta, y parece que todo vale, que se pueden prometer cosas continuamente y que nadie va a pedir explicaciones por los incumplimientos”, critican desde la plataforma de afectados.
Para Rugama, la situación es “insostenible”, con “una multitud de declaraciones de herederos paralizadas, con talas de montes que tendrían que haberse producido hace cinco o seis años y un sinfín de explotaciones perjudicadas”. “La seguridad jurídica en los montes de Cantabria ha dejado de existir y este hecho puede tener graves consecuencias para la región”, advierte.
7.000 afectados
Según los cálculos de la plataforma de afectados, hay unas 7.000 personas con este problema en la comunidad autónoma. Muchos de ellos ni siquiera son conscientes, y lo descubren cuando va a hacer algún movimiento, cuando va a hacer una transacción, cuando va a vender madera de las fincas que creían suyas.
“Hay casos de afectados que han vendido su terreno, que han vendido el corte de la madera, y cuando van a solicitar el permiso, no se lo dan y descubren que es monte de utilidad pública. Es entonces cuando se sorprenden y descubren que están afectados por este problema”, relata el portavoz del colectivo.
La información disponible señala que cerca del 70% de la extensión de montes de Cantabria son de utilidad pública. En total hay 45 municipios afectados, y prácticamente todos los más grandes en cuanto a territorio: Valderredible, Soba, Valdáliga, Voto… “Cantabria no se llamaba La Montaña por casualidad”, puntualiza Rugama.
El conflicto estuvo muy presente en la calle, fue mediático, pero esa lucha es difícil de sostener a lo largo del tiempo. “Es imposible mantener esa tensión, porque la gente acaba desengañada. Muchos de los afectados son personas mayores, de edad muy avanzada”, reconocen desde la asamblea que los agrupa.
A su juicio, se está generando incluso un problema medioambiental, ya que explican que un árbol que tenga 15 años y que estaba para cortar hace cuatro o cinco, está causando un “perjuicio grande” a la plantación. Económicamente, sin embargo, es muy difícil de valorar cuánto está en juego. “Habrá quien diga que son 25 millones y quien diga que son 50, pero millones de euros sí que hay. Esto es un robo con todas las letras”, sentencian.
Silencio de la Administración
A pesar de los múltiples intentos por obtener la versión de la Consejería de Medio Rural de Cantabria, los responsables de la administración autonómica no han respondido a las preguntas de eldiario.es sobre la evolución de este problema o su repercusión social y económica.
Ante los afectados, el Gobierno se ha justificado en la “falta de recursos económicos” y con la “falta de personal”. Según la plataforma, había un personal que se encargó de la revisión de los anteriores expedientes, que estaba familiarizada con el problema y conocía el territorio, pero ya no continúan ejerciendo esa función.
“Había unos 500 expedientes negativos, que parecía que con la nueva disposición tras la sentencia del Supremo podrían ser revisados y una gran parte de ellos reconocerían la propiedad. Sin embargo, no han revisado ni uno solo. Ni siquiera se ha empezado a tramitar. Y lo malo no es solo eso: el problema añadido es que había gente que ahora han comenzado a entregar la documentación, con lo que se calcula que hay otros 500 expedientes más que hace un año, y tememos que acabe todo en la trituradora”, recalcan.