Antonio Mantecón tendrá la oportunidad de demostrar esta semana ante la justicia que su expulsión del grupo municipal de Ganemos en el Ayuntamiento de Santander se basó en un “procedimiento irregular” y que su declaración como concejal no adscrito, que limitó sus derechos políticos en el Consistorio a lo largo de buena parte de la legislatura, fue una “decisión ilegal” del equipo de Gobierno del PP que lideraba entonces Íñigo de la Serna.
Será en el juicio que se celebrará este jueves 15 de febrero, a partir de las 9.30 horas, en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, donde el líder y portavoz de la formación municipalista Santander Sí Puede tendrá ocasión de exponer su versión de los hechos, en una vista en la que están llamados a declarar también compañeros de partido y altos cargos del Ayuntamiento de la capital de Cantabria.
Y es que el periplo político de Mantecón se vio lastrado en la primavera de 2016, cuando el partido instrumental Ganemos -cuya marca fue utilizada para presentarse a las elecciones- anunció su expulsión y solicitó al equipo de Gobierno del PP que también lo apartara del grupo municipal que encabezaba hasta entonces, algo que los populares realizaron de inmediato “sin las mínimas garantías jurídicas”, según denunció el edil.
De hecho, el que fuera candidato de esta marca electoral en los últimos comicios municipales señaló la “connivencia” entre el responsable de Ganemos a nivel nacional, Juliá de Fabián, y el Partido Popular, para “apuntalar” la mayoría de Íñigo de la Serna como alcalde de la ciudad.
Para Mantecón, esta “trama organizada” y “ejecutada por la persona que gestiona un partido instrumental de dudosa procedencia” sirvió para cumplir “una estrategia trazada por el equipo de Gobierno del PP para intentar laminar a los nuevos grupos municipalistas” que surgieron en todo el país a la sombra de Podemos.
A su juicio, Íñigo de la Serna y el PP utilizaron a la otra edil del grupo, Tatiana Yáñez-Barnuevo, como un “peón útil” para expulsarlo porque se había convertido en “una oposición incómoda, molesta y combativa” y que “estaba logrando que por fin los intereses de los ciudadanos se viesen representados en el Ayuntamiento con un lenguaje directo e irreverente”.
La consecuencia más directa de la expulsión de Mantecón del grupo municipal fue que el edil perdió prácticamente todos sus derechos políticos en el Consistorio, junto con los recursos económicos y humanos que había contado hasta entonces para ejercer su labor de oposición y control, además de ser acusado reiteradamente de “tránsfuga” por parte del PP.
Además, Mantecón siempre ha defendido que su expulsión se debe única y exclusivamente a “una represalia” por no haber aceptado las “prácticas mafiosas y chantajistas” del propietario de la marca electoral de Ganemos a nivel nacional, al que más de una decena de concejales del partido en todo el país han acusado de poner en marcha “una red de extorsión para desviar fondos públicos”.
Vulneración de derechos
Ante esta situación, el concejal no adscrito y portavoz de Santander Sí Puede presentó en los juzgados de Cantabria una demanda con diversos documentos que, según su criterio, “prueban las actividades ilícitas” protagonizadas por los responsables de la marca Ganemos que promovieron su expulsión.
En la demanda por vulneración de derechos fundamentales presentada por Mantecón se expresaba “una cronología de las circunstancias que confluyeron en la expulsión del edil que no deja muy bien parado al Ayuntamiento, además de confirmar que la estrategia de Ganemos era única y exclusivamente poder acceder a los fondos públicos derivados de la conservación del grupo municipal”.
Asimismo, recogía que Ganemos “no aportó prueba alguna” sobre los hechos que presuntamente provocaron la expulsión de Antonio Mantecón, y señalaba muchos de ellos como “falsos”. También hacía hincapié en la “imposibilidad jurídica” de expulsar de un grupo municipal a un cargo público independiente, es decir, que no está afiliado al partido, hechos que deberá valorar ahora el juez asignado al caso.