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El PRC teme que el decreto sobre viviendas turísticas suponga “un nuevo incumplimiento” de los acuerdos firmados con el PP

María José Sáenz de Buruaga (PP) y Miguel Ángel Revilla (PRC) firman el acuerdo presupuestario para 2025.

Rubén Alonso

Santander —

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El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha pedido explicaciones al Gobierno autonómico de María José Sáenz de Buruaga sobre la situación del decreto regulador de viviendas de uso turístico a las puertas de que concluya el plazo para su aprobación que los regionalistas acordaron con el PP en el último pacto prespuestario que sellaron ambos partidos en octubre del pasado año para sacar adelante las cuentas de 2025.

Y es que, tal y como ha expresado este miércoles el diputado Javier López Marcano, en el PRC temen que esta regulación suponga “un nuevo incumplimiento de los acuerdos firmados por la presidenta”. Así pues, esta formación ha registrado en el Parlamento una pregunta para que el Ejecutivo “dé a conocer si ha trasladado ya el decreto al Consejo de Estado, como es preceptivo, e informe de todos los trámites administrativos realizados hasta el momento en cumplimiento de su compromiso de regular las viviendas turísticas”.

“No tiene buena pinta y mucho nos tememos que Cantabria va a seguir sin una regulación que cada día es más urgente para velar por la legalidad de los alojamientos turísticos y evitar la competencia desleal dentro de este sector tan importante en la comunidad autónoma”, ha manifestado López Marcano.

El nuevo decreto ha sufrido continuos retrasos a lo largo de esta legislatura. Y es que inicialmente iba a estar aprobado el pasado verano, pero la predecesora en el cargo del actual consejero de Turismo descartó esa posibilidad meses antes de la época estival, y sacó en julio el decreto a información pública, un texto que descargaba en los ayuntamientos la posibilidad de poner límites a los pisos turísticos, pero sin imponerlo, para “no invadir las competencias municipales”, según el propio documento.

Las críticas al borrador no se hicieron esperar, y diferentes formaciones señalaron que la propuesta del Gobierno “no lucha contra el alza de precios” de estas viviendas vacacionales y que, además, “anima a su proliferación”. Posteriormente, poco después de tomar posesión en el cargo como responsable de Turismo, Luis Martínez Abad descartó poner plazos a una regulación ampliamente reclamada desde diferentes ámbitos sociales, especialmente en un contexto de crisis de acceso a la vivienda.

Y fue en el documento que firmaron Miguel Ángel Revilla (PRC) y María José Sáenz de Buruaga (PP) donde se estableció por escrito, entre otros compromismos, un plazo concreto para que el Gobierno autonómico lo sacara adelante: “Aprobación y puesta en funcionamiento del Decreto regulador de la VUT y del Decreto de regulación de la Autocaravanas, antes de junio de 2025”, recogía el citado documento.

A principios de abril, Martínez Abad aseguró en sede parlamentaria, interpelado por el PSOE, que la redacción del decreto “se encuentra en una fase muy avanzada” y que “tan solo le queda el último tramo”. Así pues, resaltó que estará listo para este verano. De momento, a las puertas del periodo estival, la nueva regulación para las viviendas vacacionales no ha visto la luz.

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