Han pasado diez años desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y aún quedan 15 calles en la capital cántabra con nombres de figuras o acontecimientos relevantes del franquismo, prácticamente la mitad desde que en 2008 se acometiera el simbólico acto de retirada de la estatua ecuestre de Franco de la Plaza de Ayuntamiento, a la sazón del Generalísimo. A este ritmo, se tardará una década más en completar la erradicación de la referencia a la dictadura del callejero de la ciudad.
Santander no es el único caso en Cantabria. Nueve ayuntamientos ya fueron advertidos por el Ministerio de Justicia de que la Ley de Memoria Histórica, como cualquier otra ley, está para cumplirla. Apelaciones al consenso, constitución de grupos de estudio consultivos, la elección de nuevas denominaciones y las molestias que se pudieran originar al vecindario por el cambio de direcciones son ya las tradicionales razones para la parsimonia en la aplicación de la ley. Los nueve ayuntamientos amonestados han sido los de Santander, Selaya, Comillas, Laredo, Medio Cudeyo, Santoña, Ramales de la Victoria, Suances y Cillorigo de Liébana.
El 31 de enero la alcaldesa de la capital, Gema Igual, informó por carta como respuesta al Ministerio de Justicia de los pasos que se han venido dando y, de forma tácita, del correr de los años con cada nueva tanda de modificaciones.
El Pleno de Corporación acordó por unanimidad en agosto de 2015 adoptar las medidas oportunas para determinar las menciones, nombres o símbolos que se debían retirar o cambiar. La encomienda de la tarea fue realizada al Consejo Municipal de Cultura y, en concreto, a su Comisión de Historia y Patrimonio, la cual cerró con un acuerdo unánime de modificación del nombre de 18 calles, mientras que para otras siete bastarían pequeños cambios para ajustarse a la ley.
Una nueva encomienda a la Comisión fue hecha casi un año después, en esa ocasión para que estableciera los criterios 'objetivos' con que se elegirían las nuevas denominaciones. El informe resultante fue aprobado un año después por la Junta de Gobierno Local y después el plenario de la Corporación hizo lo propio, lo que se reflejó en la reforma al Reglamento de Títulos, Honores y Distinciones de la ciudad, que es donde están los criterios a la espera de que alguien los aplique.
En agosto de 2017 se modificaron tres nombres de las 18 calles incluidas en el listado acordado por los expertos. La parsimonia vino justificada en los trastornos que se ocasionarían al vecindario por un cambio de todas las calles a la vez. Ese es el principal argumento del PP para producir las modificaciones con cuentagotas, negando la mayor y afirmando que se busca el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de manera progresiva.
El proceso se remonta mucho más atrás. En diciembre de 2008 se retiró de la Plaza del Ayuntamiento la estatua ecuestre de Franco. Otro tanto se hizo con el monumento a Matías Montero; y el cañón del Almirante Cervera se trasladó al Museo de Limpias. Para hacer dichos cambios se aprovechó diversas obras públicas que levantaron estos espacios (dos aparcamientos y una reurbanización en superficie). En enero de 2017 se procedió a la retirada de los dos últimos monumentos que quedaban en espacios públicos: el monumento a las Legiones Italianas, en la Plaza de Italia, y el dedicado a los Caídos en la IV División de Navarra, ubicado en el paseo de la Reina Victoria. Hasta la fecha se ha cambiado el nombre de una docena de calles. A este ritmo, se requerirá otra década para erradicar del nomenclátor las referencias a la dictadura.
Paralelamente, el Gobierno de Cantabria dejó entregado antes de las elecciones un borrador de proyecto de Ley al respecto. El anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria fue registrado en septiembre del pasado año en el Parlamento de Cantabria. El capítulo tercero tiene por objeto las garantías de no repetición. Contempla la prohibición de símbolos y elementos contrarios a la memoria histórica y democrática de Cantabria, y de los actos de exaltación al franquismo. Asimismo, contempla la creación de la Dirección General de la Memoria Histórica y Democrática y de un Consejo de la Memoria Histórica y Democrática como órgano colegiado, consultivo y de participación del movimiento asociativo memorialista de Cantabria.
Las elecciones del pasado mes de junio han dejado en suspenso el trámite hasta que el nuevo Ejecutivo PRC-PSOE retome el proyecto. El vicepresidente socialista, Pablo Zuloaga, ya ha anunciado que esta legislatura se retomarán los trabajos y ha creado una dirección general específica para hacerse cargo de esta tarea y de su aplicación posterior. Por parte de los ayuntamientos aludidos por la Justicia, en especial Santander, no ha habido pronunciamiento hasta el momento.
La última opinión al respecto la ha mostrado el cabeza de lista de Ciudadanos y portavoz del equipo de gobierno municipal PP-Cs, Javier Ceruti, que en una reciente entrevista con eldiario.es señalaba que “es imprescindible que hagamos memoria pero que por una vez en 80 años no sea la de un bando. Durante 40 años hubo la memoria de un bando, durante un período inferior se ha institucionalizado la memoria del otro y lo que tenemos que enseñar a los jóvenes es el desastre que fue la Guerra Civil y cómo hubo intransigentes en todos los bandos y partidos”. La formación naranja, que ha asumido las competencias de Cultura, será la responsable esta legislatura de la aplicación o no de esta ley.