El Gobierno de Cantabria dispondrá de una capacidad de gasto el próximo año de 3.749 millones de euros, un 5.87% más que en 2024 (3.542 millones de euros) con un acento especial en el gasto sanitario, de 1.222 millones de euros, casi un tercio del total, que prevé dotar los incrementos retributivos pactados con el personal sanitario y los que se puedan pactar.
El consejero de Economía, Luis Ángel Agüero, ha registrado este jueves en el Parlamento de Cantabria, las cuentas presupuestarias, después de que un día antes se sellara el pacto entre el Partido Popular y el Partido Regionalista.
Este año no habrá una subida adicional retributiva para la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), y del resto de su equipo por encima de las subidas para los empleados públicos, a diferencia de 2024 en que se aplicó un incremento del 6,9% respecto a 2023, con un 4,4% adicional para “corregir la anomalía” de sueldos entre los consejeros ysus altos cargos.
El capítulo de inversiones crece en 70 millones de euros, cerca de un 30% más con respecto al presente ejercicio.
Agüeros ha defendido las cuentas presentadas, afirmando que han sido elaboradas con “criterios de prudencia, responsabilidad y eficiencia”. Son 3.749 millones, que se ajustan a la regla de gasto presupuestario dictada por el Gobierno central, y que prevé cambios fiscales, entre los que destacan los destinados a atraer residentes de otras comunidades e inversores extranjeros, así como la bonificación de 500 euros para que propietarios de pisos vacíos los pongan en alquiler con un tope de 1.000 euros.
Agüeros ha basado su previsión de gasto en una “positiva evolución de la recaudación tras las medidas fiscales” del presupuesto de 2024, así como una mayor previsión de ingresos de las entregas a cuenta del Estado (financiación autonómica), en línea con la última liquidación efectiva. Asimismo, ha criticado que el gobierno de Pedro Sánchez no tenga todavía presupuesto sobre el que calcular exactamente la financiación que recibirá Cantabria en 2025.
Otra característica del presupuesto es que recoge 91 aportaciones realizadas por CEOE, UGT y CCOO, el 65% de las peticiones de la patronal y los agentes sociales en la mesa del Diálogo Social. El consejero, no obstante, no descarta que se puede incluir alguna más, vía enmienda parlamentaria. “Es el presupuesto más social y equilibrado”, ha apostillado Agüeros.
Prioridades
La prioridad del Gobierno Buruaga ha sido la prestación de servicios públicos “con niveles altos de exigencia” y una vocación por “atraer inversiones”. En este contexto, ha destacado el gasto sanitario presupuestario, 1.222 millones de euros, en los que se incluirá inversión en centros de salud y nuevos consultorios rurales, así como los incrementos retributivos del personal sanitario. Junto con el gasto en Educación y el gasto de personal, copan la mayor parte del presupuesto.
La Consejería de Salud (33,1 millones) y el Servicio Cántabro de Salud (1.189 millones) gestionarán el próximo año 1.222 millones de euros, un 32,61% del total y un incremento de 73 millones de euros respecto a 2024; mientras Educación dispondrá de 752 millones (20,55%). Ambas juntas gestionarán el 52,66% de todo el presupuesto.
Habrá 25 millones más para Salud, en cuanto a salarios del personal sanitario, pero se han dispuesto hasta 37 millones, una “previsión generosa” por si se producen más incrementos en las negociaciones.
“Por segundo año -ha explicado el titular de Economía-, es el presupuesto más sanitario de la historia de Cantabria”, con 72,9 millones de euros más que en 2024 (6,34% de incremento). “Es una apuesta sin precedentes con objetivos para la mejora de las condiciones salariales de los sanitarios y una elevación de la inversión para mejorar los centros de salud, nuevos consultorios rurales y grandes proyectos como las obras para la Protonterapia o el derribo de la Residencia Cantabria”, ha explicado.
Educación, se ha programado para nóminas cinco millones más; y para calidad educativa, 2,8 millones más. El conjunto supone una subida del presupuesto educativo del 2,37% al que el Gobierno Buruaga está obligado por la Ley de Ciencia. Capítulo aparte merece el contrato-programa de la Universidad de Cantabria, la cual dispondrá de una programación financiera plurianual con un primer hito en 2025 de 97,8 millones de euros.
Resto de consejerías
En Inclusión Social, el Gobierno de Cantabria dice haber hecho un “esfuerzo adicional”, con un incremento de las partidas de la Consejería y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) que recogen un incremento. Así, las consignaciones pasan de 297 millones a 324,7 millones de euros, un “incremento muy sensible”. El plan concertado de Servicios Sociales pasa de 19,5 a 22 millones, lo que supone un incremento del 20% en dos años últimos.
En Presidencia, hay un millón más en inversiones para parques de emergencia y vehículos. El Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) tendrá un presupuesto específico por primera vez, que permitirá la contratación de 20 bomberos adicionales a los 13 que se incorporarán próximamente. Se va a invertir nueve millones de euros en la Dirección General Informática para la renovación de todos los dispositivos informáticos de la administración y contratar herramientas de seguridad. Sube un 6% la partida en Justicia, para mejorar las condiciones laborales. El Fondo de Cooperación Municipal registra un incremento del 3%. Es financiación pensada para municipios de menos 5.000 habitantes o que estén en riesgo de despoblamiento. En total, a las entidades locales, se destina en conjunto 262 millones de euros, lo que ha llevado a Agüeros a calificar al propio Ejecutivo de “Gobierno municipalista”.
En Fomento, hay incrementos en Transporte (1,5 millones); Aguas y Puertos (1,8); Calidad de las Aguas (2,9); infraestructuras municipales (3); y Carreteras (7,7). Para Vivienda se ha previsto dotar programas para incrementar el parque público, eficiencia energética y alquiler social. En total, un 8% de subida. También hay consignaciones para financiar obras municipales, sobre todo de ayuntamientos en riesgo de despoblamiento.
En Desarrollo Rural, se compensará al sector por la merma financiera de los fondos europeos de la PAC. Hay previstos 2,8 millones de euros para compensar los daños por lobo y un millón más para productores agroalimentarios.
En Industria, se incluye la bonificación fiscal del 20% al empleo autónomo de los que vivan en municipios en riesgo de despoblación. Se ha consignado las partidas para comarcas pactadas con el PRC: cuatro millones para el Besaya, dos para Campoo y uno para las parcelas en el polígono La Vega, de Reinosa.
En Cultura, se financia parte de la construcción del Centro Asociado al Museo Reina Sofía, en Santander, así como el proyecto de digitalización del patrimonio rupestre vinculado a fondos depositados en el Museo de Prehistoria (Mupac).
Economía saldará definitivamente la deuda con la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas. Asimismo, habrá mejoras salariales tanto en la Consejería como en la Agencia Tributaria, en donde habrá nuevos puestos de trabajo, también en la Intervención regional.
Fiscalidad
La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas se centrará en cambios normativos de leyes con repercusión fiscal. Al final, se han introducido siete cambios y una “bajada de impuestos que faciliten el crecimiento económico, nuevas deducciones basadas en una política fiscal no confiscatoria”.
Los incentivos fiscales pretenden atraer inversores de extranjeros como han hecho otras autonomías, caso de Madrid, así como el empadronamiento en Cantabria y, por lo tanto, que tributen en la Comunidad, de residentes de otras regiones, que en numerosos casos ya disponen de residencia, pero no están domiciliados fiscalmente. A este colectivo se le ofrece una deducción del 10% hasta un máximo de 1.000 euros por empadronarse.
Para la fijación poblacional de personas menores de 40 años, se ofrece una deducción fiscal del 20%, si se reside en municipios en riesgo de despoblamiento. El incentivo tiene un tope de 500 euros, que alcanza los 1.000 si la declaración es conjunta.
Para favorecer el arrendamiento de viviendas vacías se facilitará una bonificación al arrendador de 500 euros de la cuota íntegra. Se establecen limitaciones como el tiempo mínimo de alquiler (tres años) y la exclusión de los grandes tenedores (más de tres viviendas).
De contenido normativo, se introducirán en trámite, vía Ley de Acompañamiento, siete cambios de reducido calado. Se introducen modificaciones, así, en las leyes de Régimen Jurídico del Gobierno, de Finanzas, de Subvenciones, del Instituto Cántabro de Finanzas, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de Carreteras y de Ordenación del Turismo.
Deuda
Cantabria pagará en 2025 ocho millones de euros más por los intereses de la deuda. En total, son 62 millones para el pago de intereses de una deuda que está bajando, pero no los intereses crediticios que pone la banca (3%).
Desde 2022, la deuda cántabra ha pasado de 3.378 millones de euros (22,1% del PIB); hasta los 3.250 millones de euros de deuda en 2024 (18,8% del PIB). El próximo año, para amortizaciones, se destinarán 400 millones de euros, 35 millones más que en 2024.