El Tribunal de Cuentas ha hecho público este lunes el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el ejercicio 2014, un documento en el que este organismo señala al Gobierno del Partido Popular que presidía en aquellas fechas Ignacio Diego ante el riesgo “evidente” para las arcas públicas de la pérdida de los 18 millones de euros invertidos en el proyecto de Ecomasa a través del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) o la empresa pública Sodercan.
Los diferentes compromisos y aportaciones del Ejecutivo autonómico en forma de avales, préstamos y participación en capital a la fábrica de estufas que montaron los empresarios Jesús Lavín y Andrés de León -que ha acabado en los juzgados tras su cierre- vienen reflejados en este informe del Tribunal de Cuentas, en el que se emiten una serie de recomendaciones sobre procedimientos de contratación y contabilidad en el día a día del Gobierno de Cantabria.
La auditoría encargada posteriormente por Sodercan, tras la llegada del bipartito PRC-PSOE, constató que el dinero público no fue a parar a la factoría de Maliaño, sino que fue desviado hacia un entramado societario creado por los promotores del proyecto.
Ecomasa -que comercializaba sus productos bajo el nombre comercial de Nestor Martin- inició su actividad en la comunidad en febrero de 2013 de la mano del Gobierno de Ignacio Diego, acogiendo a casi un centenar de los 171 trabajadores que meses antes habían sido despedidos de Teka como consecuencia del proceso de deslocalización de la compañía.
A cambio de recolocar a 88 empleados, el Ejecutivo cántabro inyectó en la sociedad 18 millones de euros, 12 a través del ICAF y 6 más desde Sodercan. Además, los despedidos en Teka aportaron otros 3,2 millones de euros, la cantidad equivalente a las indemnizaciones por sus despidos. Por su parte, Jesús Lavín y Andrés de León crearon la empresa con 3.000 euros de capital social y llegaron a invertir hasta 226.000 euros.
Contrataciones, sueldos y subvenciones
Según recoge el Tribunal, de las conclusiones expuestas en el Informe de fiscalización destaca que “la estructura de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2014 no responde a lo dispuesto en la Ley de Finanzas de Cantabria, al no haber sido presentadas las subcuentas que la debían conformar, ni de forma agregada ni consolidada”.
El documento, además, critica que los organismos autónomos Servicio Cántabro de Salud, Servicio Cántabro de Empleo, Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo e Instituto Cántabro de Servicios Sociales “siguen sin elaborar cuentas específicas”.
El informe advierte de que la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur), la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Fundación Festival Internacional de Santander (FIS) “no respetaron la prohibición que estaba establecida, con carácter básico en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, y contrataron a trabajadores con carácter indefinido”.
En este sentido, destaca que Cantabria “no ha articulado un procedimiento para determinar las circunstancias excepcionales que habilitarían la contratación temporal, pese a lo cual diversas empresas y fundaciones realizaron este tipo de contratos”.
El Tribunal de Cuentas añade que la mayor parte de empresas y fundaciones no acreditaron contar con manuales y procedimientos para la contratación de personal basados en los principios de publicidad de las convocatorias, transparencia e imparcialidad en la selección y resalta que las retribuciones de 42 trabajadores superaban los límites establecidos por ley.
También apunta que no se han apreciado avances en el plan de reordenación y racionalización del sector público desde la última fiscalización, y que se han detectado competencias que “pueden ser concurrentes” en entidades a las que no afecta ese plan, como Sodercan, CEP Cantabria y el Icaf.
El Racing y la Fundación Comillas
El Tribunal de Cuentas explica también que el 14 de enero de 2014 se acordó el inicio del procedimiento de revocación de la subvención nominativa al Racing de Santander, ahora cuestionada por los tribunales, de la cual derivaban obligaciones reconocidas en los ejercicios 2012 y 2013 pendientes de pago.
“Sin embargo, en marzo de 2016 se declaró la caducidad del expediente, porque había transcurrido más de un año desde la fecha de inicio del procedimiento de revocación y reintegro sin que este hubiese finalizado”, resalta el informe.
Además, el documento alude a la Fundación Comillas y dice que mantenía sobrevalorada en al menos 2,6 millones de euros su participación en la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas.