Vox ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que reclama la derogación “a la mayor brevedad” de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria y solicita al nuevo Gobierno del PP presidido por María José Sáenz de Buruaga que tumbe esta norma aprobada por el bipartito PRC-PSOE hace apenas dos años, durante la pasada legislatura, al considerar que “las leyes que se hacen para reescribir la historia al gusto de una parte nunca han sido un estímulo para la paz, la democracia ni los derechos humanos”, al tiempo que culpa a la II República del inicio de la Guerra Civil y acusa a sus dirigentes de impulsar “la suspensión de la democracia liberal y la instauración de regímenes autoritarios de partido único”.
“Esta Ley no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición, al decretar la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos”, recoge el texto de la iniciativa registrada en el Parlamento de Cantabria por la formación de extrema derecha, plagada de alusiones a la etapa republicana, en la que sitúa “el inicio del clima de inestabilidad social, crisis institucional y exclusión del adversario”.
“Entre 1931 y 1936 la conversación pública saltó por los aires. Los consensos fueron sustituidos por discursos irresponsables e incendiarios. La voluntad de entendimiento y el impulso por llegar a acuerdos dejaron paso a la intransigencia. La pugna por imponer las ideas en las calles, convertidas de facto en un segundo parlamento, dejó un sombrío reguero de heridos y muertos en choques entre militantes de formaciones opuestas y activistas de distinto signo y fuerzas de orden público”, justifica Vox en el texto firmado por su portavoz parlamentaria en Cantabria, Leticia Díaz.
También sostiene que “la Guerra Civil llevó hasta el paroxismo las dinámicas de intolerancia y enfrentamiento de los años anteriores” y señala que “por toda España se extendieron los asesinatos masivos, las represalias socioeconómicas, los atropellos de los derechos fundamentales y los desplazamientos forzosos de población”. “La represión en la retaguardia de ambos bandos se cobró decenas de miles de víctimas, muchas de las cuales aún yacen en las cunetas o fosas comunes sin identificar”, reconoce la iniciativa parlamentaria.
Sin embargo, pone el foco en “más de 1.800 víctimas ejecutadas por la República” en los 18 primeros meses de contienda en Cantabria, entre el 18 de julio de 1936 y el 25 de agosto de 1937, -es decir, desde el alzamiento del bando sublevado hasta la rendición de las tropas republicanas en Santander-, y que Vox considera “obviadas por completo” en la Ley que pretende derogar.
Durante su argumentación, Vox insiste en la “reconciliación” y el “perdón”, y para ello pone como ejemplo la Ley de Amnistía de 1977 o los avances democráticos que se llevaron a cabo durante la Transición, tras cuatro décadas de dictadura. “No es potestad de ningún legislador de hoy en día juzgar colectivamente a aquellos españoles de entonces para volver a dividir a las generaciones presentes a costa del pasado. La concordia y el no revisionismo rencoroso debe ser la respuesta a aquellos sufrimientos del pasado como una manera de superar las divisiones y hostilidades entre españoles mediante la cooperación y la integración en este proyecto común que llamamos España”, defienden.
Esta Proposición No de Ley presentada por Vox se debatirá próximamente en el pleno del Parlamento de Cantabria y contará previsiblemente con el apoyo del Partido Popular, que ya durante las negociaciones de investidura de Buruaga ofrecieron esta contrapartida a los cuatro representantes en la Cámara de la extrema derecha para contar con su apoyo en esa votación, aunque ni siquiera eran necesarios porque el PP tenía en ese momento un acuerdo firmado con el PRC que les otorgaba la mayoría.
El PP ha mostrado reiteradamente su oposición a esta norma impulsada por el exvicepresidente de Cantabria y secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, a lo largo de toda su tramitación parlamentaria durante la pasada legislatura y la propia Buruaga durante la campaña electoral habló abiertamente de la derogación de la Ley.
En el debate parlamentario para su aprobación se expuso un informe de la Universidad de Cantabria que apuntaba a la existencia de hasta 91 fosas comunes con restos de más de un millar de víctimas sin localizar en Cantabria, dado que la norma contemplaba la financiación de los trabajos de localización, exhumación e identificación de las víctimas, la elaboración de mapas de terrenos en los que se localicen restos y medidas para la conservación de dichos lugares y para la retirada de simbología de la Guerra Civil o la dictadura.
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