¿Qué está pasando con la Renta Social Básica en Cantabria?

El 2 de junio del año pasado, a consecuencia de la reforma de la Ley de Cantabria 2/2012 del 30 de mayo, vencía el plazo límite de dos años para cobrar la Renta Social Básica en nuestra comunidad. Ante la desastrosa situación que se avecinaba, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, manifestó que había que evitar que los ciudadanos que percibían esa ayuda dejaran de percibirla ni un solo mes.

Después de haber pasado casi un año, queda claro que tanto aquellas declaraciones del alcalde como las actuaciones llevadas a cabo por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) solo fueron la estrategia que encontraron en aquel momento para salir del paso ante la catástrofe social que se les venía encima. Es cierto que solucionaron momentáneamente el problema de las más de 1.400 familias que se quedaban de golpe sin ese derecho, pero después de eso, y una vez silenciado el ruido mediático y el peligro que éste conlleva, la nueva normativa ha ido afectando día a día implacablemente a todas aquellas personas cuya ayuda se ha ido extinguiendo al haber cumplido el plazo máximo de percepción de 24 meses y estos casos no se han resuelto de la misma manera que aquellos.

Al contrario de lo que pasó con aquel gran contingente social cuyo derecho vencía el 2 de junio de 2014, la situación de estas personas no está siendo solucionada como aseguraron que se haría: evitando que dejaran de cobrar un solo mes, siempre que persistieran las mismas circunstancias y habilitando, como se hizo entonces, un procedimiento especial a través de la Ayuda de Emergencia Social.

Esto no está siendo así, y las personas cuyo derecho prescribe se ven obligadas a tramitar de nuevo la solicitud de la ayuda con el consiguiente retraso de al menos seis meses en la respuesta a su solicitud y quedándose por tanto durante todo ese tiempo sin el único ingreso del que disponían. La solución que les proponen desde los Servicios Sociales es tramitar una ayuda de emergencia a través del Ayuntamiento. Parece evidente que aunque incumplan sus promesas de entonces, esta era su intención inicial y ahora se está cumpliendo su objetivo.

Para el Grupo Renta Básica Andarivel, está muy clara la voluntad política que está detrás de todo esto: reducir al mínimo el gasto social sin que importe la situación de desamparo en que queden las personas siempre que consigan que nos quedemos calladitas. Por eso denunciamos públicamente las injusticias cometidas con las personas que se ven obligadas a solicitar las ayudas de miseria del Gobierno de Cantabria. Esta es la razón de ser de Andarivel, visibilizar y poner cara a tantas personas que el sistema ignora y estigmatiza, haciendo ruido juntas para que no nos oculten, para que los números de las estadísticas que hablan de exclusión, pobreza y precariedad tengan nombres y apellidos y juntas luchar contra este sistema que quiere que seamos sordos, mudos y ciegos. Ellos no toleran que alcemos la voz y a poco que se nos visualice nos consideran una amenaza, pero en Andarivel continuaremos denunciando estas situaciones mientras no se reconozcan los derechos sociales de las personas.

No nos cansaremos de exigir la derogación de la Ley 2/2012, así como una renta básica universal, individual y sin condiciones para que todas las personas podamos vivir con dignidad.

El 2 de junio del año pasado, a consecuencia de la reforma de la Ley de Cantabria 2/2012 del 30 de mayo, vencía el plazo límite de dos años para cobrar la Renta Social Básica en nuestra comunidad. Ante la desastrosa situación que se avecinaba, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, manifestó que había que evitar que los ciudadanos que percibían esa ayuda dejaran de percibirla ni un solo mes.

Después de haber pasado casi un año, queda claro que tanto aquellas declaraciones del alcalde como las actuaciones llevadas a cabo por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) solo fueron la estrategia que encontraron en aquel momento para salir del paso ante la catástrofe social que se les venía encima. Es cierto que solucionaron momentáneamente el problema de las más de 1.400 familias que se quedaban de golpe sin ese derecho, pero después de eso, y una vez silenciado el ruido mediático y el peligro que éste conlleva, la nueva normativa ha ido afectando día a día implacablemente a todas aquellas personas cuya ayuda se ha ido extinguiendo al haber cumplido el plazo máximo de percepción de 24 meses y estos casos no se han resuelto de la misma manera que aquellos.