¿Sistema de (des)protección de la infancia en Cantabria?

La protección y el bienestar de los niños y niñas residentes en Cantabria han mejorado en los últimos años si atendemos a la perspectiva histórica de los procedimientos, los recursos y la especialización de las personas que se encargan de ese delicado objeto de trabajo. Como bien sabrán, el Gobierno de Cantabria, a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, es el encargado de tutelar a aquellos menores en situación de desamparo, aunque el organigrama de agentes implicados es mucho más complejo, pasando por los servicios sociales de atención primaria (pertenecientes a las entidades locales) y recursos especializados de evaluación, intervención familiar, alojamiento alternativo al familiar (residencial y acogimiento) o el punto de encuentro familiar. Además, para observar las dimensiones de este entramado en pro de nuestros chicos y chicas, entran en juego agentes educativos, judiciales, sanitarios, deportivos, culturales y la sociedad en general, ya que se trata de una responsabilidad compartida si queremos pertenecer a una comunidad justa, bien tratante, y que favorezca el desarrollo positivo de los más jóvenes.

La responsabilidad es compartida, si bien legalmente, corresponde de manera prioritaria a la administración autonómica y local. Con la Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia, se implanta un marco de actuación en favor de los niños y niñas que no encuentran satisfechas sus necesidades básicas y garantiza su desarrollo integral. Esta norma se orienta hacia la prevención y el ejercicio de derechos de la infancia en nuestra región, avanzando quizá demasiado en las pretensiones si tenemos en cuenta la situación actual del sistema de protección. No será Cantabria el territorio menos protector de sus menores, pero nos toca reivindicar ser punteros en el desarrollo de este sistema si queremos una sociedad igualitaria en derechos y oportunidades, y que refleje la justicia social que tanto se nombra en los preámbulos de estas normas.

Se contempla en el Título II de la ley autonómica una enumeración de derechos de los menores cántabros que se pone en entredicho habiendo pasado ya ocho años desde su implantación. Y es que la intención seguro es buena, pero todos sabemos que solo con palabras no se consiguen hechos. En el Título IV de la norma, junto con la Ley de Cantabria 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales, se habla de recursos y servicios garantizados destinados a la prevención y protección de la infancia y la adolescencia. Lo cierto es que aquí radica la clave del asunto.

Profesionales quemados, desmotivados, sobrecargados, carentes de la especialización que algunos puestos requieren, … Los que nos dedicamos a esto sabemos lo duro que resulta este trabajo, por ello, responsabilizamos directamente al Gobierno de Cantabria, al ICASS y a los entes locales de permitir este maltrato profesional a sus empleados que deben ser el sostén físico y emocional de nuestros menores desamparados, maltratados en su seno familiar, o con riesgo de serlo si no se interviene con cierta intensidad. El apoyo a los trabajadores y trabajadoras que se encargan de valorar, investigar, evaluar, cuidar, intervenir, supervisar o ayudar en la emancipación deben ser cuidados y reconocidos. Lo sabemos nosotros y quienes gestionan el personal público por la cantidad de bajas laborales e inestabilidad de las plantillas que ese abandono provoca.

No se puede ayudar a las familias a superar una crisis o a cambiar dinámicas poco respetuosas con el bienestar de los niños y niñas, a comprender a sus adolescentes y crear vínculos positivos y seguros con ellos si la ratio de casos a atender dobla la prevista en los protocolos y manuales que orientan las actuaciones en esta materia en nuestra Comunidad. Ello se traduce en un maltrato institucional a los menores y sus familias, que se ven privados de los recursos y servicios recogidos en las leyes para hacer frente a sus dificultades y prevenir las situaciones de grave desprotección a la que pueden verse sometidos sus hijos e hijas.

Los servicios sociales de atención primaria no llegan a hacer frente a la alta exigencia de la intervención que estas tareas reclaman por sobrecarga de otras muchas tareas -gran parte, de ellas de carácter administrativo-, y por carencias en los perfiles profesionales con los que cuentan. En algunos casos, el personal de los equipos profesionales es insuficiente para abordar eficientemente los encargos, que son cada vez más debido a la delegación de competencias continuada. Está claro que no estamos preparados, al menos en esta Comunidad, para ese modelo de municipalismo vigoroso que vemos como utopía.

Los servicios especializados en infancia y familia, competencia en este caso de la administración autonómica, están en la misma situación por exceso de casos (algo que consideramos muy grave) y por la inexistente especialización, en muchos casos, de sus profesionales. Las zonas periféricas de Cantabria son quienes más sufren esa falta de cobertura institucional ya que abarcan territorios inabordables para una correcta gestión de casos. Las estructuras intermedias para la prestación de estos servicios, que podrían ser Zonas Básicas de servicios sociales, comarcas u otra demarcación que se determine eficaz podría mejorar estos servicios garantizados por ley.

La situación real es que existe lista de espera para el acceso a determinados servicios o recursos (programas de intervención familiar especializada, alojamiento alternativo,…). Otros se comienzan a implantar ahora a modo pilotaje, como el de tratamiento terapéutico y rehabilitador de estos menores que han atravesado infancias dolorosas o los programas de intervención familiar para los casos competencia de atención primaria de servicios sociales. En este sentido, se ha optado por externalizar los servicios, algo que debería ser inconcebible cuando hablamos de asuntos tan delicados. Los profesionales dedicados al trato con menores víctimas de maltrato, negligencias graves, abusos y otras situaciones destructivas para sus vidas deben ofrecer estabilidad, seguridad, vínculos emocionales fuertes, ¿cómo lo logramos con la rotación de profesionales que existe, con una intensidad en las intervenciones que deja tanto que desear?

Reconociendo los esfuerzos llevados a cabo tiempo atrás para la implantación del sistema, la duda es si en estos momentos podemos hablar de su existencia o es demasiado pretencioso. Nos resulta fundamental que la Dirección del ICASS asuma su responsabilidad con los niños, niñas y adolescentes, con sus familias, y con los profesionales que creemos en los principios de la defensa de los derechos sociales, la justicia social y la igualdad de oportunidades, algo que sin duda tendrá un impacto en la sociedad del futuro más próximo. Recuerden el interés superior del menor en todo este asunto, y el principio de actuación de no provocar mayor daño del que ya existe en estas familias. Un sistema carente de medios no cubre las carencias para las que se crea. Esto merece una reflexión profunda sobre el sistema de protección, ¿o desprotección?

Autores: Valentín Andrés Gómez, Pablo Gómez Herrera y Cristina Arriaza Pérez, miembros de Manifestaos por los Servicios Sociales

La protección y el bienestar de los niños y niñas residentes en Cantabria han mejorado en los últimos años si atendemos a la perspectiva histórica de los procedimientos, los recursos y la especialización de las personas que se encargan de ese delicado objeto de trabajo. Como bien sabrán, el Gobierno de Cantabria, a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, es el encargado de tutelar a aquellos menores en situación de desamparo, aunque el organigrama de agentes implicados es mucho más complejo, pasando por los servicios sociales de atención primaria (pertenecientes a las entidades locales) y recursos especializados de evaluación, intervención familiar, alojamiento alternativo al familiar (residencial y acogimiento) o el punto de encuentro familiar. Además, para observar las dimensiones de este entramado en pro de nuestros chicos y chicas, entran en juego agentes educativos, judiciales, sanitarios, deportivos, culturales y la sociedad en general, ya que se trata de una responsabilidad compartida si queremos pertenecer a una comunidad justa, bien tratante, y que favorezca el desarrollo positivo de los más jóvenes.

La responsabilidad es compartida, si bien legalmente, corresponde de manera prioritaria a la administración autonómica y local. Con la Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia, se implanta un marco de actuación en favor de los niños y niñas que no encuentran satisfechas sus necesidades básicas y garantiza su desarrollo integral. Esta norma se orienta hacia la prevención y el ejercicio de derechos de la infancia en nuestra región, avanzando quizá demasiado en las pretensiones si tenemos en cuenta la situación actual del sistema de protección. No será Cantabria el territorio menos protector de sus menores, pero nos toca reivindicar ser punteros en el desarrollo de este sistema si queremos una sociedad igualitaria en derechos y oportunidades, y que refleje la justicia social que tanto se nombra en los preámbulos de estas normas.