Hasta 45.000 euros asciende el importe de las posibles sanciones que recibirán los propietarios de viviendas de protección oficial (VPO) que las pongan en alquiler turístico en Cantabria. La Consejería de Vivienda, que dirige Roberto Media (PP), acaba de anunciar una campaña que, tras una exploración inicial de las ofertas de alquiler turístico que se realicen, conllevará inspecciones y sanciones en el caso de que se compruebe que se haya tenido acceso a un inmueble protegido e ilegalmente se obtenga una rentabilidad económica por su puesta en alquiler.
Media, este jueves, no detalló el alcance de las denuncias que ha recibido la Consejería, que sostiene que han sido el detonante de esta decisión. Tampoco ha detallado los municipios afectados ni el alcance que puede tener el uso fraudulento de las VPO, pero sí que las sanciones pueden oscilar entre los 3.001 euros y los 45.000 euros y que la campaña inspectora se coordinará con la Consejería de Turismo. Solo ha citado un caso detectado en Corvera de Toranzo, en unas viviendas de la Sareb adquiridas a bajo precio y que luego han sido puestas en alquiler.
“Vamos a comenzar una campaña de inspecciones y sanciones por el mal uso que hemos detectado de algunas viviendas de protección oficial en la Comunidad Autónoma. Tras una serie de denuncias recibidas en la Dirección General de Vivienda hemos decidido impulsar esa campaña que va a conllevar sanciones importantes encaminadas a acabar con estas prácticas. Será el propio personal de la Dirección General el que lleve a cabo estas inspecciones y la apertura de expedientes”, ha declarado.
La campaña consistirá en el repaso de anuncios en páginas web, visitas a las viviendas “o recopilación de diferentes pruebas”. “Pretendemos dejar claro que destinar una vivienda protegida a un uso que no está permitido va a conllevar sanciones recogidas en la Ley de Vivienda Protegida de Cantabria de entre 3.001 y 15.000 euros; en el caso de utilizarla como vivienda turística puede acarrear sanciones entre 6.000 a 30.000 euros, acumulables a las anteriores”, ha precisado. “No vamos a permitir que se utilicen inmuebles construidos con fondos públicos de forma ilícita”, ha insistido.
Las ayudas públicas para la VPO pueden significar aportaciones al comprador o al promotor para la adquisición de suelo. Media ha criticado que en la anterior legislatura “no se ha construido ni una sola vivienda protegida” por el Gobierno de Cantabria que formaban PRC y PSOE. El actual Ejecutivo del PP tiene previstas 285 viviendas públicas para alquiler asequible en nueve ayuntamientos.
Subida de las ayudas al alquiler
El consejero de Vivienda ha anunciado también un incremento de las ayudas al alquiler de 200 euros, pasando de 500 a 700 euros, algo que se aprobará próximamente. El Gobierno de Cantabria ha anunciado que en los próximos días subirá esa cantidad ya que “por debajo de 500 euros es muy complicado encontrar viviendas de alquiler”.
Media ha indicado que las ayudas se pagan mensualmente y se ha cambiado el módulo de la vivienda de protección oficial para que los promotores privados construyan VPO. Ahora no se construyen ya que, a su juicio, a la iniciativa privada no le interesa hacer este tipo de vivienda al precio actual del módulo.
“Miedo” de los propietarios con viviendas vacías
La ocasión le ha servido al consejero para volver a vincular la ocupación de vivienda con la restricción de la oferta por parte de aquellos propietarios con pisos vacíos. Según ha dicho, en Cantabria hay 50.000 pisos vacíos, cuyos propietarios no los sacan supuestamente al mercado de alquiler ante el miedo de ver sus propiedades ocupadas.
“No son las viviendas turísticas el problema de acceso a la vivienda. El problema es que hay mucha gente que prefiere tener su vivienda cerrada y no sacarla rendimiento porque tiene miedo de que se le pueda meter una persona ahí y no la pueda echar. Tenemos que cambiar la Ley de Vivienda que ha hecho el Ministerio el año pasado”, ha defendido el consejero.
Según ha dicho, en Cantabria, antes de la aprobación de la ley, se tramitaban 100 autorizaciones al mes para piso turístico. Tras la aprobación de la ley, las solicitudes se han triplicado. Como ha ocurrido en junio, “porque la gente entiende que no tendrá un problema de ocupación ya que el turista solo se queda unos días.” Ha indicado también que una “vivienda ocupada ilegalmente se tarda años en desocuparla”, por lo que también ha pedido cambios en el Código Penal.