Los dos socios del Gobierno de Cantabria, PSOE y PRC, han vuelto a mostrar este lunes sus diferentes pareceres sobre la usurpación de viviendas, el fenómeno más conocido como 'okupación' y que ha vuelto a la palestra en el Pleno del Parlamento de la mano del Partido Popular cuando afecta al 0,01% del parque de vivienda de la Comunidad con 44 casos constatados el pasado año.
El Pleno mayoritariamente, y con el voto en contra del PSOE, ha aprobado dos cosas: instar al Gobierno regional a que pida al central derogar la disposición final primera del Decreto de protección de colectivos vulnerables social y económicamente por la COVID-19, que, a su juicio, “daba vía libre” a la usurpación ilegal de viviendas; y también ha demandado al Gobierno de Cantabria que este año presente una ley de vivienda “que regule todos los problemas que en la actualidad afectan a la vivienda (infravivienda, mercado de alquiler u ocupación ilegal)” estableciendo un marco legislativo que promueva el cumplimiento de los derechos a la vivienda digna y a “la propiedad privada” que propugna la Constitución. Este segundo punto, que fue enmendado por el PRC, ha determinado que este partido apoye la iniciativa del PP.
Roberto Media, diputado popular, ha defendido la derogación de las medidas establecidas por el Gobierno Sánchez-Iglesias para proteger a los colectivos vulnerables durante el estado de alarma, una medida de carácter temporal que pretende evitar, entre otras cosas, desahucios, pero que el Partido Popular ve como una patente de corso para que 'okupas' y mafias se parapeten y consigan impunidad. La asociación entre colectivos vulnerables y 'okupas' ha hecho que el PSOE dijera que los populares se aproximan en este campo ideológicamente a los postulados de la ultraderecha.
El decreto del Gobierno central faculta a los jueces a suspender durante el estado de alarma el procedimiento de desahucio y los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en determinados supuestos.
Los regionalistas se han mostrado “totalmente de acuerdo” en el “fondo” de la cuestión ya que ven necesaria una regulación, bien a través de una ley “antiokupas” o una reforma legal que permita todas aquellas medidas para agilizar el desalojo de los 'okupas'. “Creemos que la defensa de la propiedad privada no es incompatible con el derecho de acceso a la vivienda”, ha defendido la diputada regionalista Carmen Díaz, que ha afirmado que la 'okupación' es una “realidad”. Ciudadanos y Vox también han votado a favor de esta iniciativa, que solo ha contado con el voto en contra de los socialistas.
El PSOE, en contra
Según la última Memoria Judicial, en Cantabria ha habido 2.500 denuncias del ámbito laboral en los juzgados de lo social, decenas de veces más que las derivadas de 'okupaciones', lo que no ha llevado al PP a mostrar tanto interés por las condiciones de trabajo como por la usurpación de vivienda. El PSOE ha recriminado al PP que tenga connivencia ideológica con la extrema derecha y le ha pedido que “deje de alimentar bulos y mentiras”. “Su preocupación son los grandes tenedores de viviendas”, ha asegurado en la tribuna la diputada Yolanda Algorri. Esta ha añadido que se debe actuar frente al “problema” de la 'okupación' pero “no generar una alarma exagerada” o “engordarlo”.
Ha indicado que los 44 casos de 'okupación' de los que habla el PP ocurridos en 2020 hasta septiembre en Cantabria suponen el 0,01% sobre las 359.000 viviendas que existen en la comunidad. Así, ha señalado que hay problemas mucho más graves que las 'okupaciones' ante los que el PP “no ha encontrado, al parecer, inspiración parlamentaria” para presentar sus iniciativas.
Frente a las críticas del diputado del PP Roberto Media contra la legislación “pro-okupación” del Gobierno PSOE-Unidas Podemos y los “pasos” que, a su juicio, está dando “contra la propiedad privada”, la diputada del PSOE ha defendido que el decreto “no se ha aprobado para proteger 'okupas' sino a aquellas personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional” y “en ningún caso supone el fin de la propiedad privada” con el que intentan “asustar” los populares.