El pacto político en Santander que había hecho posible el pago de ayudas por 21 millones de euros con cargo al II Plan de choque antiCOVID no volverá a repetirse con los 39 millones restantes, que estaban pendientes de negociación. Así al menos lo ha entendido la oposición municipal, que había dado su visto bueno a una primera fase en la que se consensuaron las ayudas más urgentes y directas a empresas y personas vulnerables.
Cuando PSOE, PRC y Unidas por Santander (Vox habitualmente se ha mantenido al margen de estos paquetes de ayudas) esperaban ser llamados para negociar los restantes fondos, el equipo de gobierno prácticamente los han consumido sin negociar al llevarlos este jueves al pleno, que los ha aprobado con los votos de PP y Cs, en ocasiones haciendo valer la alcaldesa Gema Igual (PP) su voto de calidad para deshacer un empate en la votación, cuando Vox se ha abstenido.
El II Plan de Choque es un paquete de medidas que está dotado con 60 millones de euros que se financian con remanentes municipales (dinero no ejecutado en presupuestos anteriores), una vez que el Gobierno central liberó su uso al suprimir la regla de gasto por la crisis. PP y Cs inicialmente quisieron aprobar 138 proyectos agotando toda esa financiación pero finalmente aceptaron sentarse a negociar aprobando un paquete de medidas urgentes en una primera fase y emplazando a una negociación posterior para el resto. Sin embargo, este anuncio de negociación ha saltado por los aires este jueves al introducir PP y Cs la aprobación en el pleno de una serie de gastos con cargo a los remanente sin consenso previo.
Entre dichos gastos a financiar con cargo a remanentes se encuentran los 16 millones de euros con que se pagarán las inversiones previstas en el presupuesto ordinario de la Corporación y que la oposición consideraba que tenía que ir para ayudas COVID y desarrollo de planes estratégicos de recuperación. PP y Cs han mantenido su previsión de no contratar el crédito inicialmente previsto para financiarlas y echar mano de los remanentes por lo que prácticamente la mitad de la cantidad que quedaba por asignar queda consumida. También PP y Cs financiará con los remanentes obras de emergencia como los argayos de Los Peligros y el Distribuidor de la Marga, entre otras, mejoras de viales y el incremento de los aprovisionamientos de costas y responsabilidades derivadas de sentencias judiciales.
También se ha incluido la recuperación de un refugio antiaéreo de la Guerra Civil en las inmediaciones de la Catedral, lo que ha abierto un debate sobre Memoria Histórica en que el portavoz de Vox, Guillermo Pérez -Cosío, ha justificado ciertas afirmaciones sobre la represión republicana con datos extraídos de la Causa General instruida por la justicia franquista al término de la contienda.
Los portavoces socialista, regionalista y de UxS, Daniel Fernández, José María Fuentes-Pila y Miguel Saro, manifestaron sentirse traicionados. Fernández habló de “deslealtad” de un equipo de gobierno que “no es de fiar. No tienen palabra”. “Dejan tiritando el Plan de Choque con solo una disponibilidad de nueve de los 60 millones de remanentes”, ha insistido.
Para el regionalista Fuentes-Pila, realmente lo que se ha aprobado es una revisión del presupuesto ordinario aprobado en febrero, “en donde solo ustedes aprobaron la juerga crediticia de 16 millones de euros”, que ahora no se va a ejecutar.
El concejal de Hacienda, Victoriano Huergo (PP), ha justificado el uso de remanentes con el fin de disponer de un mayor margen de endeudamiento el próximo año, que se avecina incierto, así como poder ejecutar proyectos e inversiones prácticamente de inmediato al no tener que estar pendientes del proceso de contratación de deuda.
3,5 millones en facturas por legalizar
El plenario del Ayuntamiento de Santander ha legalizado 3,5 millones de euros en el pago de facturas sin soporte presupuestario (reconocimientos extrajudiciales de créditos) ni que cumplan la Ley de Contratos (hay hasta 28 reparos de la Intervención), algo que justifica el equipo de gobierno en los plazos de la administración y la falta de personal para tramitar los soportes contractuales legales, como el de Parques y Jardines.
En esta ocasión, son ocho expedientes de otras tantas empresas, que totalizan los 3,5 millones aludidos, y que conforman el pago de mensualidades a empresas que gestionan servicios o prestan servicios como limpieza de cocheras y desinfección de autobuses y Parques y Jardines, entre otros. El monto más importante es el de Parques y Jardines que cobrará de esta forma facturas correspondientes a la prestación del servicio de octubre de 2020 a febrero de 2021, 3,3 millones de euros. Parques y Jardines lleva sin contrato desde 2018.
El interventor municipal ha advertido de la dificultad de cumplir los plazos políticos cuando siguen existiendo “importantes volúmenes de expedientes en papel” y la gestión electrónica es más un deseo que una realidad.
El retraso en la tramitación de los contratos es la causa de que periódicamente haya que legalizar los pagos de los servicios que se prestan mediante reconocimientos extrajudiciales de créditos. La oposición al unísono ha denunciado el “descontrol y la mala gestión” del equipo de gobierno.
La alcaldesa Gema Igual ha señalado que tres de los ocho expedientes están ya solucionados (Correos, ludotecas y teleasistencia), en referencia a que ya están listos los procedimientos de contratación 'normal', por lo cual no volverán a aparecer en el pleno como reconocimiento extrajudicial de deuda.
Una de las razones por las que el PP considera necesario financiar las inversiones con remanentes más que con deuda bancaria, como estaba previsto en el recientemente aprobado presupuesto ordinario de la Corporación para 2021, es la incertidumbre con que ya se afronta el año 2022. La relajación de la regla de gasto por el Gobierno Sánchez, que ha hecho posible que se puedan gastar los remanentes (dinero no ejecutado en presupuestos anteriores) posiblemente vuelva a estar activo el año próximo.
Según el concejal de Hacienda, Victoriano Huergo, los presupuestos de 2022 puede encontrarse de nuevo con esa regla del gasto que limite el margen de maniobra del crédito, al tiempo que se limite la capacidad de recurrir al crédito bancario, ya que se requeriría de autorización del Ministerio de Hacienda para hacerlo si se cierra, como está previsto por la Intervención, este ejercicio de 2021 con ahorro neto negativo.
Según la legislación vigente, no se podrán concertar nuevas operaciones de préstamo a largo plazo cuando de la liquidación presupuestaria del último ejercicio se deduzca ahorro neto negativo. Si esto se confirmara a final de año, el Pleno de Santander deberá aprobar para el presupuesto de 2022 un Plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, que permita ajustar a cero el saldo financiero municipal.
No obstante la oposición no está de acuerdo. Para el portavoz socialista, Daniel Fernández, la referencia que ha de tomarse para realizar planes de saneamiento y caer bajo la tutela de Hacienda es el porcentaje de deuda sobre el total de los ingresos corrientes (110%). Dado que la liquidación del estado de la deuda previsto a 31 de diciembre es del 39,93% quedaría margen suficiente como para contratar créditos sin supervisión del Estado y, por lo tanto, no tener que echar mano de los remanentes que pueden ser destinados ahora mismo a paliar los efectos de la COVID.
La razón de no pedir el crédito según la alcaldesa Gema Igual es tener “en la recámara” la posibilidad de pedirlo el año que viene y que las inversiones previstas actualmente puedan iniciarse inmediatamente si se financian con “ahorros” (remanentes).
Devolución de anticipos
Otro problema que se barrunta ya es la devolución de anticipos de Hacienda. Según ha relatado Huergo, el equipo de gobierno teme que tenga que devolver los anticipos a cuenta entregados por el Ministerio de Hacienda. Esto ya pasó en 2008 y 2009, a resultas de la crisis económica de 2008 que desplomó los ingresos públicos y que convirtió en papel mojado las previsiones de liquidaciones pagadas anticipadamente. Santander todavía está devolviendo anticipos de aquel entonces y ahora cree que va a tener que devolver los anticipos recibidos los últimos años. Como consecuencia de la crisis de la COVID, los ingresos del Estado han caído en 2020 y seguramente caigan también 2021, por lo que en 2022 se avecina como un año de reingresos, restricciones a la contratación de deuda y unos remanentes ya agotados en 2021.