Lo que arrancó como un proyecto estrella lanzado desde el Gobierno de Cantabria, la Autoridad Portuaria de Santander –como propietaria de la finca– y el Ayuntamiento de Bareyo para atraer al turismo, ha terminado por convertirse en una de las polémicas más comentadas de los últimos tiempos a lo largo y ancho de la región. Y es que la eterna paradoja de intentar modernizar el patrimonio histórico ha situado a la comunidad en la polarización más absoluta: o estás a favor del nuevo faro o totalmente en contra.
Pero pongámonos en contexto. Todo comenzó dos semanas atrás, cuando el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), junto al resto de las autoridades e instituciones implicadas, anunció que los colores y las figuras características del artista cántabro Okuda San Miguel lucirían en el Faro de Ajo, situado en el municipio de Bareyo, este próximo mes de julio.
El proyecto disponía de una aportación conjunta de 75.000 euros para llevarlo a cabo, y su objetivo consistía en pintar con más de 72 colores el faro y los dos edificios anexos.
Revilla, que siempre ha mostrado su especial debilidad por este artista, como ha reconocido públicamente en los últimos días, volvió a admitir allí que todo lo que hace Okuda le “maravilla”, aunque también confesó que su objetivo era “sacarle rendimiento” a este edificio, construido en 1930 y que constituye el punto más septentrional de la costa de Cantabria.
Ese mismo día, pero unas horas más tarde, Izquierda Unida recordaba que el faro está incluido dentro del Catálogo de Protección de Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico del Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo, por lo que, aplicando la ley, no podía ser modificado. Además, la formación política anunció que la vulneración de las normas urbanísticas podría incurrir en una “posible prevaricación”.
Y como en todas las guerras, unos y otros fueron tomando posiciones, y Equo o Podemos también pidieron la retirada del proyecto por tratarse de una “degradación cultural” que “pervierte” la identidad arquitectónica del edificio.
Mientras tanto, el consejero de Cultura y vicepresidente del Gobierno autonómico, el socialista Pablo Zuloaga, se reservaba su opinión sobre el nuevo Faro de Ajo y admitía “no haber entrado en la propuesta”. Unas palabras que evidenciaron que la idea estaba más respaldada por el ala del Ejecutivo regionalista que por el PSOE, aunque las competencias culturales y de conservación del patrimonio recaen en este último partido dentro del bipartito.
Pero, tras el silencio de su vicepresidente, Revilla volvió a la carga defendiendo el gran “atractivo turístico” de la propuesta. Y apareció el tercero en discordia: Okuda San Miguel, que hasta el momento no había ofrecido declaraciones. Y lo hizo a lo grande, anunciando en una entrevista que las críticas al proyecto del faro eran una cuestión “de política y de ignorancia”, lo que terminó por hacer estallar a muchos y muchas que aún no se habían pronunciado.
Entre ellos, las principales asociaciones culturales de la comunidad, que respondieron rápidamente recordando que el Faro de Ajo está calificado como Elemento con Grado de Protección Integral. “Si se desea fomentar el turismo, se podría hacer sin incurrir en faltas tan importantes sobre el patrimonio. Las intervenciones artísticas deberían estar asesoradas por un comité de profesionales especializados”, señalaron.
Además, unos días más tarde pidieron públicamente al alcalde de Bareyo que “repensase” si la intervención “es la más oportuna, o si el edificio es el más adecuado”. Y el mandatario aún no ha respondido a la alusión.
Por lo que parece que por el momento a esta serie le quedan algunos capítulos, ya que sigue sin estar claro el fin y la utilidad de la actuación. Pero lo que sí está claro es que los responsables políticos deberán apostar: o la intervención sobre el patrimonio y un paisaje emblemático de Cantabria para “fomentar el turismo” o su conservación para mantener un faro que continúa ejerciendo su función.
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