La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha iniciado un nuevo frente judicial contra el Centro de Arte Botín, cuyo proceso de construcción en el entorno de la Bahía de Santander consideran “burdamente ilegal”. Por ello, este colectivo ecologista presentó este pasado miércoles una querella ante el Tribunal Supremo con la que pretenden conseguir la paralización de las obras y que no se inicie “ningún tipo de actividad” en una instalación que está a falta de los últimos remates.
Al margen de las medidas cautelares que solicita esta organización, la querella señala como responsables a todos los cargos políticos implicados en la operación urbanística que permitió utilizar terrenos portuarios para levantar este centro de arte “en el mejor espacio de Santander”. Así, el escrito se ha presentado ante el Supremo dada la condición de aforado de Íñigo de la Serna, alcalde de la ciudad en esos momentos y actualmente ministro de Fomento.
Igualmente piden que se investigue -lo que se consideraba anteriormente una imputación- a Miguel Ángel Revilla, actual presidente de Cantabria y que también era jefe del Ejecutivo autonómico cuando se inició la tramitación del Centro Botín, y a Dolores Gorostiaga, como vicepresidenta regional y actual presidenta del Parlamento.
Los acusados por este colectivo van mucho más allá y, en concreto, piden que se investigue a su vez a todos los miembros del Patronato de la Fundación Botín, es decir, Javier, Ana Patricia, Carolina, Paloma, Carmen y Emilio Botín O'Shea, además de a Jaime Botín Sainz de Sautuola.
También solicita que se investigue la actuación del expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe; y a los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Christian Manrique y José Joaquín Martínez Sieso. Al respecto, el abogado de la plataforma, Fernando Merodio, se ha referido a la “particularidad” de que en este caso han intervenido tres administraciones y “todas están de acuerdo en eso”.
Así lo ha explicado el letrado de la organización en una rueda de prensa en la Librería La Vorágine de Santander en la que ha estado acompañado también por el presidente de la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, José Miguel Martínez Postigo, y por un grupo de activistas, que denuncian el incumplimiento “reiterado” de la ley “en todos los trámites” de esta actuación. “Todo en el Centro Botín es ilegal”, ha sentenciado en rueda de prensa el abogado, para quien este proyecto es “el mejor ejemplo de corrupción político-administrativa”.
En este sentido, ha afirmado que “todos los trámites” que se han realizado son “burdamente ilegales”, por lo que la plataforma pide en su querella que se investiguen los hechos y se condene a sus responsables en el caso de haber delito.
Mientras se resuelve la querella, la plataforma ha pedido la paralización cautelar de las obras “excepto las imprescindibles, como que haya algo que acabar o haya algún riesgo” y que “no se inicie ningún tipo de actividad” en el Centro Botín, cuya fecha de inauguración no es oficial, pero que está planteada para finales de esta próxima primavera.
Uso portuario comercial
Merodio ha explicado que, a fecha 31 de julio de 2010, cuando trascendió el proyecto, el Plan Especial del Puerto contemplaba el uso “portuario comercial” del muelle Albareda, así como que al este de la Estación Marítima no se podían situar nuevas edificaciones para no interrumpir las vistas de la bahía desde los Jardines de Pereda. Es decir, la ley no permitía la construcción del Centro Botín en su inicial y actual ubicación.
Y se ha hecho, según el abogado, con las tres administraciones citadas (Puertos, Gobierno y Ayuntamiento) de acuerdo y “sin haber legalizado” la construcción. “Lo que han hecho es todo ilegal, todos los trámites son burdamente ilegales y lo que han intentado hacer es una chapuza”, ha valorado.
El letrado ha detallado el proceso de las recalificaciones de los usos portuarios y urbanísticos que, según ha dicho, se han realizado “al mismo tiempo” cuando el primero es previo al segundo.
También ha repasado la cronología de la concesión, que ha calificado de “esperpéntica” pues transcurrió apenas un mes desde la publicación en el Boletín Oficial de la modificación puntual hasta la aprobación de la concesión “del mejor espacio del puerto”.
En este sentido, también ha puesto en duda la legalidad de la concesión a la Fundación Botín “cuando sus miembros no estaban al corriente de sus obligaciones fiscales en España”, ha dicho.
La denuncia contra el Centro Botín y la batalla judicial que se avecina no es la única que la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria tiene en marcha. Desde hace años, prácticamente desde su nacimiento, este colectivo ha encabezado la lucha contra la instalación de parques eólicos en lugares protegidos por su alto valor ecológico y por los efectos que tendrán en la vida de los vecinos de la zona.
Por eso han relacionado uno y otro caso, por lo que denominan “otro caso de ocupación de un bien de dominio público”. La plataforma ha presentado una querella en el Tribunal Supremo que señala al desarrollo eólico en Cantabria, que “se encuentra ahora en la peor situación dado el silencio absoluto, mediático y administrativo”, respecto al mismo.
En este sentido, Martínez Postigo ha denunciado el “simulacro de participación y planificación” respecto a los eólicos “para dar apariencia de legalidad” y porque, a juicio del presidente de la plataforma, “confunde la información pública con la participación ciudadana”.