La familia de Amparo Pérez, la vecina de 86 años cuya vivienda ha sido expropiada por el Ayuntamiento de Santander para construir un vial en la Vaguada de Las Llamas, no está dispuesta a que la anciana sea expulsada a la fuerza del que ha sido su hogar durante los últimos 60 años. Con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), del colectivo #Amparosequeda y de un numeroso grupo de activistas, están apurando todas las opciones para encontrar una solución “viable y lógica”.
En un acto público a las puertas del Consistorio, pidieron “humanidad” al equipo de Gobierno que encabeza Íñigo de la Serna y apostaron por agotar “todas las vías de negociación” para evitar lo que califican como una situación “dramática y angustiosa” para la afectada. De hecho, para apoyar sus afirmaciones, el portavoz de la PAH presentó un informe médico que alerta del riesgo que supone el traslado para la salud de Amparo.
El documento, firmado por el doctor Javier Gallego Fernández, explica que la paciente tiene un cuadro médico que podría verse empeorado por “cambios de hábitat” -como un ingreso hospitalario o un traslado de domicilio- y alarma sobre la “desorientación témporo-espacial que no siempre es reversible”. El posible desalojo de su vivienda, fechado para el 2 o 3 de febrero como máximo, “puede agravar un estado de salud ya de por sí frágil debido a su edad y su patología múltiple”.
La diabetes, la hipertensión arterial, el bocio endororácico que comprime la tráquea, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia ventilatoria, la hernia de hiato o la prótesis total en la rodilla derecha son algunas de las dolencias en las que incide el parte médico solicitado por la familia como último intento para hacer cambiar de opinión al Ayuntamiento.
“Antes de construir calles, que construyan casas. Yo no quiero dinero; lo que quiero es quedarme en el que ha sido siempre mi hogar y por el que he trabajado toda la vida”, subrayó Amparo en una breve intervención ante los medios. Visiblemente emocionada y entre gritos de apoyo, reconoció también que tiene “todas las esperanzas perdidas” y que no sabe lo que hará cuando sea definitivamente expropiada.
Acoso constante
Acoso constanteSu nieto, Marco Santamaría, ejerció como portavoz de la familia y lamentó la postura “inflexible” del alcalde. Además, criticó el “acoso constante” que está sufriendo Amparo como consecuencia de las obras. “En verano fue el polvo y ahora es el barro. Todo con un ruido tremendo, temblores de las ventanas… Es una situación de acoso y ella lo está sufriendo mucho. Tiene un valor terrible”, sentenció.
En este sentido, recordó que las obras para construir el puente que unirá la autovía S-20 con la calle Camilo Alonso Vega a través de la Vaguada de Las Llamas y que exige la demolición de la vivienda de Amparo comenzaron en junio y “desde entonces no han parado ni un día”. “Están desde las ocho de la mañana con ruido de máquinas, apisonadoras y camiones. Nos están rodeando y es una situación dura para ella”.
La semana que viene expirará el plazo para el desalojo de la vivienda tras un auto judicial que autorizó la expropiación, un momento que los colectivos que la apoyan esperan que no llegue y para lo que están tratando de “agotar todas las vías”. De no ser así, convocarán un “acto de protesta” en la casa e incluso intentarán evitar que sea sacada con “medidas de fuerza”.
“Sería el último recurso y no quisiéramos llegar a ello porque la familia, dada la situación de Amparo, no estaría dispuesta a soportar una acción como esa que lo que haría sería perjudicarla mucho más”, indicó Juanma Sánchez, miembro de la PAH, que insistió en que la protesta se llevará a cabo “si no queda más remedio”. “Ya no está en nuestra mano, sino que depende de la generosidad del Ayuntamiento y del Gobierno regional evitar una situación penosa para esta mujer”, añadió.
El propio nieto de la afectada ratificó este punto: “Yo no quisiera llegar al día 2 de febrero. Espero que el alcalde busque antes una solución al problema. Si mi abuela quiere, yo la apoyaré hasta el final, junto a mi familia, y nos quedaremos allí hasta que nos echen. No tendremos otra solución”. Y Amparo, además, insiste: “Si no me pasa nada antes, les esperaré en mi casa, sentada en una silla”.
La familia ha solicitado una reunión de urgencia con el alcalde, que no les ha recibido aún “por motivos de agenda” y otra con el Ejecutivo autonómico. Esperan que esos encuentros se produzcan lo antes posible y, como medida de apoyo, los colectivos implicados asistirán el próximo jueves 29 de enero al pleno mensual que se celebra en el Ayuntamiento de Santander. Solicitan un “último gesto” por parte de Íñigo de la Serna, algo que en su opinión “no dañaría a nadie y sería lo éticamente correcto”.