El Gobierno de Cantabria ha empezado ya a trabajar en la Ley de Emergencia Habitacional, una norma con la que tratará de “amparar determinadas actuaciones” que actualmente es “muy difícil” llevar a cabo, principalmente en materia de desahucios.
“Lo que queremos es que, en determinadas actuaciones, haya una capacidad o competencia de la administración para actuar rápidamente, de emergencia” en los casos de desahucios al igual que se hace cuando se cae el talud de una carretera, ha explicado en declaraciones a la prensa el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón.
La idea es que el Gobierno pueda actuar de “forma inmediata” cuando se produzcan estas situaciones, aunque el consejero ha indicado que ese proceder “no valdría para todos los casos porque declararlo todo de emergencia no funciona”. Así lo ha indicado tras mantener un encuentro con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, en la que ha sido la primera reunión de un Ejecutivo cántabro con este colectivo.
En ese encuentro, en el que también ha participado el director general de Vivienda, Francisco Javier Gómez Blanco, Mazón ha explicado que también se han abordado otros asuntos como la puesta a disposición de los afectados del parque de vivienda pública o alquileres sociales inferiores a un 30% del poder adquisitivo de los afectados.
Asimismo, el titular de Vivienda ha ensalzado la necesidad de retomar la relación con los bancos, que en estos momentos “está bastante abandonada”, para conocer cómo actúa cada entidad en relación con los desahucios. También ha avanzado que contactará con la Dirección General de Justicia para abordar el problema de los desahucios de forma conjunta.
Potenciar la mediación
Además, el consejero ha apostado por potenciar la oficina de mediación porque ha considerado que, hasta el momento, “ha tenido un éxito escaso” y su labor se ha limitado a información y asesoramiento pero “no ha resuelto casi nada” ni se ha llegado a “establecer una política de mediación verdadera”.
Mazón ha señalado que ha transmitido a los representantes de la PAH su intención de establecer una “relación a futuro” con la celebración de reuniones y que el Gobierno también estará en disposición de prestar información y ayuda en “casos especiales”.
“Todos estamos de acuerdo en que hay que evitar a toda costa que se produzcan esas situaciones injustas de gente que pierde su hogar por una circunstancia sobrevenida y que igual puede superar en poco tiempo pero que se va a la calle”, ha dicho el consejero.
Entusiasmo de la PAH
Por su parte, una de las representantes de las plataformas, Begoña Barrutia, ha ensalzado que el Ejecutivo regional haya recibido a los afectados por la hipoteca “por primera vez en años”, lo que ha calificado como “un buen inicio” de las relaciones que, además, espera que “se prolonguen en el tiempo”.
Sobre los asuntos puestos encima de la mesa, la PAH ha expresado su “entusiasmo” por la futura Ley de Emergencia Habitacional que espera que se ponga en macha “lo más rápido posible”, pero también ha ensalzado las iniciativas en materia del parque público de vivienda.
En cuanto a la oficina de mediación, los representantes de los afectados consideran “fundamental” que se cree una entidad regional ya que, aunque hay varias municipales, éstas “se han demostrado totalmente ineficaces”. “Creemos que desde el Gobierno de Cantabria se puede facilitar un servicios de mediación que sea global, que encuadre todas las necesidades de las familias tanto económicas como sociales, asistenciales o jurídicas”, ha indicado Barrutia.
Cuestionada por los afectados por ejecuciones hipotecarias en Cantabria, ha lamentado que “desgraciadamente cada vez es mayor” y los procedimientos judiciales se han incrementado “un 22%” respecto al pasado año, unos datos que la PAH espera que se puedan reducir tanto con la puesta en marcha de la Ley de Emergencia Habitacional como con el resto de medidas planteadas.