“En este país se muere mal, dependes de la sensibilidad del médico que te toque”

Luis Montes saltó la primera página de la actualidad en 2005, cuando coordinaba el Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dirigida entonces por Manuel Lamela (PP), inició una investigación a raiz de una denuncia anónima que acusaba al doctor Montes y a su equipo de practicar sedaciones irregulares, calificadas como “homicidios”, a más de 400 pacientes entre 2003 y 2005.

A pesar de que los inspectores del Gobierno regional no encontraron ninguna relación entre las sedaciones y la muerte de los pacientes -todos en estado terminal- Lamela destituyó a Montes y lo llevó a los juzgados junto a otros siete médicos, todos acusados de mala praxis, por la sedación irregular de 15 pacientes. Dos años después, el Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés sobreseyó la causa.

En enero de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el sobreseimiento y archivó el caso, ordenando que se eliminara toda referencia a cualquier mala praxis de los médicos denunciados. Hoy, el doctor Montes sigue defendiendo el derecho de los pacientes a decidir sobre su propia vida y desde 2009 preside la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Esta semana estuvo en Santander para impartir una conferencia en la sede de UGT.

¿Qué significa morir dignamente?

Significa que el tránsito hacia el final de la vida sea lo más tranquilo y apacible posible. Por otra parte, implica que las decisiones no queden en manos de terceros, sino que seamos nosotros mismos, como propietarios de nuestra vida, quienes decidamos en qué momento finalizarla.

¿Cuáles son los objetivos de la asociación que preside?

Queremos que haya un cambio en el ordenamiento jurídico que permita la opción de la muerte a voluntad. En el Código Penal la eutanasia y el suicidio asistido se califican de delito y se definen como un homicidio. Queremos un Código Penal en el que la disponibilidad de la propia vida y el acompañamiento en estos momentos finales no sea un delito. Puede ser un pecado, para el que quiera verlo así, pero nunca un delito.

Distingue en todo momento entre eutanasia y sucidio asistido. ¿Qué diferencias hay?

La diferencia entre uno y otro es el papel que juega el colaborador necesario. En la eutanasia, el colaborador da la muerte, y cuando hablo de muerte me refiero a la muerte solicitada en un contexto de intenso sufrimiento físico y psíquico. En el suicidio asistido, el colaborador proporciona a la persona que pide la ayuda los medios para que ella misma se procure la muerte.

A nivel internacional, ¿qué países pueden servir de ejemplo para crear una jurisdiscción sobre muerte digna en España?

El debate de la disponibilidad de la propia vida está en estos momentos abierto en todo el mundo occidental y avanzado. Hay dos tipos de ordenamientos jurídicos: los que se inclinan hacia una eutanasia activa y los que se inclinan por el suicidio asistido. Por la eutanasia activa se han decidido países como Holanda, Bélgica o Luxemburgo. Por el suicidio asistido se ha optado en Suiza y en varios estados de Estados Unidos.

¿Qué situación encuentra un enfermo terminal en un hospital español?

Solo hay dos mecanismos para disponer de tu propia vida que no son delito en nuestro ordenamiento jurídico. Uno es la sedación paliativa terminal, cuando el paciente está en el proceso final de la vida, entra en agonía y el tratamiento de los síntimas requiere anular la conciencia a través de la sedación. Ese es un derecho de todos los ciudadanos. El otro es el de renunciar a los tratamientos activos aunque eso conduzca a la muerte. Ambos pueden ser solicitados y entran dentro de las prácticas médicas hospitalarias. Lo que pasa es que en este país se muere muy mal. Hay consenso en eso. Y sobre todo se muere dependiendo de la sensibilidad del médico que te toque.

¿Cree que el debate en torno a la muerte digna está lo suficientemente instalado en la opinión pública y que la sociedad está lo bastante madura para abordarlo?

No tengo ninguna duda. Los ciudadanos vamos diez pueblos por delante de los partidos políticos. En la encuesta más reciente, que publicó el CIS en 2009, más del 70 por ciento de los ciudadanos estábamos de acuerdo en cambiar el ordenamiento jurídico para que hubiera un protocolo de muerte a petición, es decir, una eutanasia activa. Es una opinión reiterada. También fue así en el 2003. Y desde el 2009, yo creo que la situación ha ido a más. Avanzamos hacia una sociedad más laica, más de determinación personal. A mí me parece que estamos maduros.

La ideología dominante nos dice que este debate tiene que ser tranquilo y sosegado, pero ya está bien de tranquilidad y sosegamiento. Tiene que ser un debate tranquilo, pero tiene que empezar alguna vez. Y el principio es la derogación del artículo 143 del Código Penal que establece que el colaborador necesario comete homicidio en una muerte a petición, cuya motivación es paliar el sufrimiento y que supone un acto de amor hacia el que lo solicita.

Habla de laicismo. ¿Considera que la Iglesia entorpece reformas legislativas en torno a la muerte digna?

Está clarísimo. Aquí siempre se ha anunciado, desde la ideología dominante y desde los partidos que nos han dominado desde la Transición, que vivimos en un Estado aconfesional. Yo creo que no hay ningún Estado más confesional que este. Las autoridades políticas van bajo palio y presiden todas las procesiones religiosas. La sociedad es cada vez más laica y la Iglesia cada vez más decimonónica. Se vuelve al catecismo, se anula Educación para la Ciudadanía, se instaura la religión como asignatura obligatoria... Creo que estamos retrocediendo ante el miedo al pluralismo social. Yo espero que en las próximas elecciones se rompa el dominio político del bipartidismo y que en este país se empiece a discutir de algo.

Hablemos del Severo Ochoa, ¿ha conseguido explicarse el por qué de todo lo que pasó?

El conflicto estalló el 11 de marzo de 2005. Hace diez años ahora, así que hemos tenido tiempo de analizarlo. Para mí el análisis es sencillo. En aquellos momentos en la Comunidad de Madrid la idea dominante era la privatización de la Sanidad. En ese sentido, decir que había 400 homicidios en el Severo Ochoa era lanzar un misil a la línea de flotación del sistema público. Un desprestigio tremendo. Se hizo una campaña de acoso y derribo a los profesionales, y a mí personalmente. Aquello duró hasta que se dieron los conciertos de los siete nuevos hospitales de Madrid a la iniciativa privada.

Una vez que los conciertos estuvieron hechos se dejó de hablar del Severo Ochoa. Y no han vuelto a hablar nada, como si no hubiera pasado. También hubo un motivo ideológico claro. En aquella época se produjeron dos hechos importantes. Por un lado habíamos ganado el Oscar de Hollywood por la película Mar adentro, que era un recordatorio y un alegato hacia la persona que había abierto el debate de la eutanasia en España, Ramón Sampedro. Se pretendió anular el protagonismo que estaba adquiriendo la eutanasia en el debate social. Por otro lado, el Partido Popular acababa de perder las elecciones el año anterior, sin esperarlo, y se comportaban como francotiradores. El mensaje era que en un hospital público abierto por los socialistas se habían cometido más de 400 homicidios. Yo creo que era una campaña bien orquestada ideológicamente.

¿Se utilizó al Severo Ochoa para cargar contra la Sanidad pública?

Sin ninguna duda. Lo que no se esperaban era la respuesta tan contundente de la gente. El movimiento de las mareas blancas de defensa de la Sanidad pública se inició en el Severo Ochoa. Después ha aumentado con los recortes, pero el inicio de las marchas se produjo entonces.

¿Y cómo ha evolucionado la Sanidad pública en Madrid desde entonces?

Hacia un deterioro permanente, ahora justificado por la política de recortes, aunque somos uno de los países europeos con menos gasto público en Sanidad y con mayor número de transferencias y derivaciones de lo público a lo privado. Es una política que espero que se interrumpa. Deseo que el Partido Popular pierda las elecciones, porque se lo merece.

En Cantabria, el anterior Gobierno firmó un acuerdo de colaboración público-privada con la empresa Ferrovial para que esta se haga cargo de los servicios “no clínicos” del Hospital de Valdecilla. Usted que conoce este tipo de modelo, ¿qué cree que espera a los ciudadanos cántabros?

Está claro: menos prestaciones a nivel sanitario y menos control. Habrá que empezar a pagar la comida de los enfermos, llevar los pañales de casa o pagar en el parking por ir a ver a un familiar al hospital. En definitiva, gastar más dinero. Ferrovial es una empresa privada y no tiene ninguna motivación altruista. Lo que le corresponde al nuevo Gobierno es revertir ese acuerdo.