La Iglesia católica en Cantabria es un conglomerado de cientos de seglares y religiosos, con una importante actividad educativa y asistencial dirigida por una jerarquía compleja cuya estructura se asemeja a la de un gobierno civil. El volumen de su actividad, más allá de lo estrictamente pastoral, hace que tenga anualmente unos ingresos y gastos que rondan los 15 millones de euros, con presupuestos como el del año 2022, que se cerró con un superávit de 1,7 millones.
Bajo la dirección del obispo, la Diócesis de Santander no basa la mayor parte de sus ingresos en las aportaciones de los fieles, que anualmente alcanzan un tercio del total, sino en asignaciones tributarias de impuestos estatales, subvenciones, actividades económicas y venta de patrimonio, entre otras fuentes. Manos Unidas, Cáritas y Proyecto Hombre son la cara más visible de su actividad, así como la actividad de sus más de 200 sacerdotes en 600 parroquias, pero también los cientos de voluntarios y 1.500 docentes que trabajan en la educación concertada bajo sus órdenes.
En Cantabria, la Iglesia católica realiza su labor pastoral sobre una tupida red de 615 parroquias y 12 monasterios. Para ello, dispone de 223 sacerdotes, 593 religiosos, hombres y mujeres y dos seminaristas. También cuenta con 147 monjes y monjas y 79 misioneros repartidos por el mundo, según queda reflejado en el Portal de Transparencia de la Diócesis, en donde está accesible la memoria económica de 2022. Estos son los últimos datos oficiales hechos públicos por la propia Diócesis consultados por elDiario.es.
Educación y actividad asistencial
En el ámbito educativo, la Diócesis dispone de 37 centros concertados, en donde estaban escolarizados en el momento en el que se realizó el informe un total de 16.628 alumnos. Dichos centros contaban en sus plantillas con 1.557 docentes y 148 trabajadores de otras áreas.
En el ámbito cultural, la Iglesia tiene en propiedad 53 inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en la comunidad autónoma. Es la punta del iceberg de una cartera de propiedades a la que se han incorporado desde hace años las inmatriculaciones, es decir, aquellos bienes que la Iglesia declara suyos en virtud de una ley de la época de José María Aznar (PP), más de 2.000 propiedades entre 1998 y 2015. En el ámbito cultural, declaraba también tener en marcha en 2022 ocho proyectos constructivos o en rehabilitación.
Al igual que en el campo educativo, en el campo de la asistencia social y “caritativa”, la Iglesia tiene un amplio radio de acción, con miles de personas bajo su atención directa: 36 centros para “mitigar la pobreza” (12.816 personas atendidas en 2022); 13 residencias de ancianos, crónicos y discapacitados (1.431); tres centros para la “defensa de la vida y la familia” (320); cinco centros de menores y jóvenes así como para tutela de la infancia (481); dos centros para la “promoción de la mujer y víctimas de la violencia” (131); un centro de rehabilitación de drogodependientes (2.639); y cuatro centros para “promover el trabajo” (278).
En el campo del voluntariado, su área de influencia se apoya en 64 centros, con 18.159 personas atendidas. Destaca, en este sentido, la labor de Cáritas con 407 voluntarios y 5.557 personas atendidas; Manos Unidas, con 41 voluntarios; y los 14 proyectos para cooperación al desarrollo que afectaban de manera directa o indirecta a 2.550 personas.
Para financiar todo este entramado, el presupuesto anual del año 2022 reflejaba 15,4 millones de euros de ingresos, con unos gastos inferiores (13,7 millones), que permitieron cerrar el ejercicio con un superávit de 1,7 millones de euros.
En el capítulo de ingresos, la Diócesis recibió cuatro millones de euros como asignación tributaria (IRPF) y 1,15 millones en subvenciones públicas corrientes. Capítulo importante fue el de la venta patrimonial, un ingreso “extraordinario” que le generó 2,2 millones de euros en 2022. De forma complementaria, los ingresos patrimoniales y de actividades varias aportaron 1,5 millones a las arcas, principalmente derivados de actividades económicas (1,2 millones). 5,2 millones del total fueron aportados por los fieles, prácticamente un tercio.
En el capítulo de gastos, destaca la partida de actividad “pastoral y asistencial”, con 3,7 millones de euros presupuestados; seguida de la retribución del clero, con 2,3 millones; y la retribución de los seglares (trabajadores y docentes), 1,2 millones. Sin embargo, la partida más cuantiosa es la destinada a la conservación de edificios y gastos de funcionamiento, a los que destinó 6,8 millones de euros.