Una estación eléctrica que lleva tres años sin operar, que ha perdido sus derechos explotación y que hay que demoler. Un Gobierno, el de Cantabria, que está dispuesto a impedirlo y tramita una declaración para el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC). Un complejo patrimonial que es mucho más que eso e incluye aprovechamiento eléctrico, desvío de agua de un río y una yeguada. Vecinos que alegan contra la restricción de uso de sus fincas colindantes. Y un enfrentamiento entre dos administraciones, estatal y autonómica, que esgrimen sus legislaciones para reclamar sus derechos e intervenir en el área.
La protección del entorno del Palacio y Torre de Bustamante en Quijas (Reocín) afecta tanto a a explotación agropecuaria y de servicios como al patrimonio cultural y natural. Sobre qué prevalece es la causa del cruce de normativas y declaraciones entre el Gobierno de Cantabria y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) en donde la torre y palacio anexo son convidados de piedra en el litigio, por ahora normativo, que mantienen el propietario, Ramón Bustamante, y la administración estatal dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.
En este contexto, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que dirige Eva Guillermina Fernández (PP) desde el pasado mes de julio ha incoado un expediente para declarar como Bien de Interés Cultural toda la finca, lo que impediría cualquier derribo, mientras la Confederación advierte de la nulidad de cualquier declaración que invada sus competencias.
La torre medieval del siglo XIII y el palacio de Quijas llevan siglos en el lugar, como también los molinos históricos y los restos de una ferrería, que han sido reedificados con el tiempo. De tiempos más recientes es la yeguada que opera en la finca y una serie de construcciones que combinan lo residencial con lo empresarial.
La Yeguada de Quijas, operada por la empresa Hojamarta, es propiedad de Ramón Bustamante, propietario a su vez del complejo patrimonial y de las edificaciones del entorno. Sobre la existencia de la yeguada y su explotación comercial solo hay una referencia velada en la propuesta de declaración del entorno del BIC que hizo el Gobierno de Cantabria hace unas semanas y que sí incluye una extensa relación de afectados de fincas colindantes cuyos usos quedarán restringidos para no afectar las perspectivas paisajísticas, es decir, las vistas, de la Torre y Palacio de Bustamante.
La declaración de BIC no es nueva, pero sí la del entorno de protección que la Consejería de Cultura de Cantabria ha propuesto, oídos los expertos de este departamento, 42 años después. Esta falla en la declaración inicial por el Estado, que ya había declarado el complejo Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional en 1982, vuelve ahora a la palestra por iniciativa del Ejecutivo autonómico tras décadas de inacción.
Confederación Hidrográfica del Cantábrico ya había apercibido a la propiedad en 2022 de que se había iniciado un expediente para la extinción de derechos y la orden de demolición de la central y de otras servidumbres relacionadas. Dicho expediente concluyó un año después con una declaración de extinción y la orden, ya taxativa, de derribo, orden que no se ha ejecutado y que en principio lleva camino de postergarse al entrar en juego la declaración de protección del entorno. De hecho, la Confederación acaba de remitir a la Consejería de Cultura un requerimiento: la extensión de un BIC, a juicio del Estado, no puede interferir en sus competencias.
El 4 de diciembre de 2023, este organismo resolvió que se extinguía definitivamente la concesión de aprovechamiento del Dominio Público Hidráulico (DPH) y que había en consecuencia que demoler, una vez recibidos informes en tal sentido de los Servicios Jurídicos y del Consejo de Estado. De hecho, desde entonces, las estructuras existentes han pasado a ser de titularidad estatal.
El dictamen de la Comisión Técnica de Patrimonio de Cantabria no se hizo esperar, tiene fecha de 29 de enero y el proceso que se ha desarrollado después lo ha hecho igualmente con gran agilidad. De hecho, la propuesta de protección del entorno del BIC se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria en un número extraordinario del 9 de febrero y entra de lleno en un proceso de pérdida de derechos de la propiedad para el uso del agua del Saja y la existencia de una central eléctrica.
Tres días después, el 12 de febrero, la sociedad mercantil Hojamarta presentó ante la Confederación un escrito en donde exponía que no podía derribar por la incoación de expediente de BIC que pretende proteger todo lo edificado. Sin embargo, Confederación no ha dado su brazo a torcer. El 28 de febrero envió a la Consejería de Cultura un requerimiento reclamando su derecho sobre los bienes situados en dominio público hidráulico, instando a que el entorno de protección deje este área fuera del mismo.
Requerimiento a Cantabria
La incoación de expediente de BIC ha traído como respuesta inmediata un contundente requerimiento de la Confederación para que el entorno a proteger del Palacio no incluya aquellos elementos que son de carácter hidráulico. Y lo ha hecho recordando parte del proceso seguido en donde hay informes favorables de los Servicios Jurídicos del Estado, el Consejo de Estado y una amplia jurisprudencia sobre casos similares en los que ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo. Por intervenir en situaciones similares, ha intervenido hasta el Tribunal Constitucional, siempre con el mismo resultado: una autonomía no puede invadir competencias estatales.
La Confederación invoca en estos términos la sentencia del Alto Tribunal sobre un caso ocurrido en Cataluña en 2005, confirmatoria de una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en donde dice que “el Estado no puede verse privado de sus competencias exclusivas por la existencia de esa competencia de la Comunidad Autónoma, cual esta Sala del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han declarado en las sentencias que la Sala de Instancia cita”, citando otras tres sentencias previas.
“En definitiva, al encontrarse en demanio estatal, tanto el Gobierno de Cantabria como los entes locales cántabros carecen de competencias para declarar su protección cultural o de patrimonio histórico”, concluye la Confederación en su requerimiento, consultado por elDiario.es, en el que añade: “Todo lo anterior redunda en una idea clave: del ejercicio de las competencias autonómicas no puede hacerse valer que se vulnere la normativa sectorial cuya competencia de ejecución recaiga en otra Administración. La consecuencia jurídica es la nulidad de toda protección cultural o histórica e incluso urbanística, ya sea municipal o autonómica, sobre bienes en Dominio Público Hidráulico (DPH) estatal, por dictarse por órgano manifiestamente incompetente”.
La consecuencia jurídica es la nulidad de toda protección cultural o histórica e incluso urbanística, ya sea municipal o autonómica, sobre bienes en Dominio Público Hidráulico estatal
Cauce ecológico y sanciones
¿Cómo surge el interés de la Confederación Hidráulica del Cantábrico por terminar con la extracción de agua del Saja? Lo dice la exposición del requerimiento: la extracción que se ha venido realizando hasta que se ha revisado la concesión afectaba al caudal del río. La causa, así, de la extinción de la concesión es el incumplimiento de las condiciones de la misma.
“Es necesario destacar que la resolución trae causa de los incumplimientos manifiestos de las condiciones esenciales de la concesión, detrayendo del río la práctica totalidad del caudal ecológico, esto es, el reiterado y deliberado incumplimiento de una condición básica y fundamental, el respeto del caudal ecológico en el eje principal del Sistema Hidrológico del río Saja”, explica la Confederación en su misiva.
La resolución trae causa de los incumplimientos manifiestos de las condiciones esenciales de la concesión, detrayendo del río la práctica totalidad del caudal ecológico
Antes de que se extinguiera la concesión, hubo sanciones: sendas multas impuestas por 500.000 y 50.000 euros, así como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordenaba demoler lo construido sin permiso y restituir el estado inicial.
La central de la discordia se caracteriza por tener mucho caudal y poco salto. Ello ha obligado a que en nueve ocasiones se realizara la limpieza del canal de desagüe de la central ante los depósitos que se acumulaban por el arrastre de las aguas.
Carente de uso y extinguida la concesión, ahora tendrán que retirarse los siguientes elementos: “azud, canal de derivación de 167 metros de longitud y todos los elementos de este, edificio de la central y todo su contenido de equipos y maquinaria, línea eléctrica soterrada en la margen izquierda y tramo aéreo que cruza el río hasta la conexión en el margen derecho, canal de distribución, pasarela de acceso ubicada sobre el canal, así como las defensas y protecciones de muros de escollera para la protección del cauce que fueron autorizados”.
El BIC de Cultura
La irrupción de la Consejería de Cultura en el litigio entre el propietario privado y Confederación arranca a primeros de año. El expediente de incoación de Bien de Interés Cultural de todo el área, cuya apertura fue publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), acaba de terminar su fase de información pública, con más de un centenar de fincas afectadas por la declaración y numerosas alegaciones de instituciones locales y propietarios de terrenos colindantes.
En el propio texto gubernamental hay una única referencia a la central eléctrica, meramente descriptiva, vinculando a la pervivencia de un canal histórico, “testimonio tangible del pasado”: “Para el funcionamiento del molino era necesario derivar el agua del río Saja mediante un canal, empleándose una serie de elementos, tales como aliviaderos y compuertas. Algunos de estos elementos han sido demolidos con la construcción de la central eléctrica, en concreto, las compuertas del aliviadero del canal principal, actual canal de alimentación a la central eléctrica. El canal tiene dos metros de profundidad, seis metros de anchura y una longitud de aproximadamente 180 metros. Representa un testimonio tangible del pasado y de la evolución de las comunidades que han interactuado con él, como una representación de las prácticas culturales, técnicas de ingeniería y modos de vida de las generaciones pasadas”, se afirma en la propuesta de declaración.
Asimismo quedan restos de dos molinos, aunque cabe la duda de que uno de ellos fuera una ferrería: “Entre las construcciones que forman parte del conjunto del Palacio Bustamante, se hallan dos edificaciones destinadas a molino en su origen. El molino maquilero de dos plantas de altura, destinado a vivienda, situado sobre el canal, con una antigüedad de más de 300 años. Desde hace tres años, no está en funcionamiento, aunque conserva los cinco molares y parte de la maquinaria. En la planta superior de la fachada suroeste cuenta con una solana. Esta edificación posee valor etnológico por formar parte de la tradición de la cultura cántabra, siendo necesario conservar toda la maquinaria o elementos asociados al uso de molino. Además, se debe resaltar la rareza de estas construcciones asociadas a un palacio”, se indica.
Además, también añade sobre la segunda construcción:“Edificación de una sola planta de altura, destinada a vivienda, situada sobre el canal, más cerca de la desembocadura en el rio. Esta edificación es una reconstrucción de una edificación anterior. La construcción original fue destruida durante las riadas del año 1941, quedando tan solo los muros de las fachadas este y oeste. Pudiera ser que dicho edificio fuera la ferrería del palacio por su vinculación con el canal, actualmente desaparecida”.
Junta Vecinal de Villapresente
De manera paralela, aunque no menos significativa, existe un movimiento vecinal en contra de la delimitación del entorno de protección. El pasado 11 de marzo acabó el plazo para presentar alegaciones a dicha delimitación del BIC, no solo por la afectación paisajística, sino también por la inclusión de varias propiedades. Así lo ha recordado la Junta Vecinal de Villapresente, que se muestra en desacuerdo con la decisión impulsada desde la Consejería de Cultura de Cantabria.
El Ayuntamiento de Reocín también está promoviendo las reuniones de los afectados, que hasta el momento han encontrado un sentimiento mayoritario en contra de esta decisión, que implica al Estado y al Gobierno de Cantabria, con un particular que es propietario y explota económicamente tanto el terreno como los elementos arquitectónicos que se pretenden proteger en medio de un litigio con muchas aristas por resolver.