Un guardia civil declara que el sargento decidió que no detuviesen al acusado del doble crimen de Liaño

El jefe de la patrulla de la Guardia Civil que acudió antes del doble crimen de Eva Jaular y su hija de once meses a la casa de Liaño en la que se produjo el asesinato ha declarado en el juicio contra el acusado, José Reñones, que el sargento les dijo que no le detuviesen por saltarse la orden de alejamiento por violencia machista que tenía y ha admitido que tampoco avisaron a la víctima de que su expareja estaba en libertad.

El agente ha declarado este miércoles como testigo en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cantabria por el asesinato de Eva Jaular y su bebé en la localidad cántabra el 16 de diciembre de 2021. En la vista ha admitido que acudieron a la casa de la mujer asesinada con la “intención” de detener al acusado por romper la prohibición de acercarse a la víctima. Tal y como había hablado al salir del puesto con su superior, quien después decidió algo “contrario” y les indicó por teléfono que no lo detuviesen y que fuese al cuartel al día siguiente por la mañana.

“Fue una decisión del sargento”, ha sentenciado este agente, que si bien era el jefe de la pareja movilizada ha explicado que la “capacidad de decisión” última era del mando, quien precisamente había instruido en noviembre las diligencias que desembocaron en la orden de alejamiento.

En la sesión del día anterior el sargento admitió conocer al acusado porque fueron compañeros de colegio, pero negó tener una relación de amistad con él. También explicó que se inclinó por citarle al día siguiente porque por las tardes había solo una persona en el cuartel y por las mañanas “hay más personal”.

El agente de la Guardia Civil ha añadido que el sargento les comunicó, a él y a su compañero, la “problemática” de acusado y víctima, para que la tuvieran en cuenta de cara a la intervención. Según el superior, él estaba “bastante mal”, enfermo de cáncer, y ella “tenía la ITV caducada”.

Además, el agente ha admitido que no contactaron con la mujer para indicarle que el hombre estaba en libertad y no arrestado, como ella pensaba. “En principio, no creí conveniente hacer esa llamada”, se ha justificado. La telefonearon sobre las seis de la tarde para que acudiera a presentar la denuncia, pero saltaba el buzón de voz de su móvil (los investigadores sitúan la agresión entre las 17.08 y 17.44 horas). Según ha comentado, no les “sorprendió” que no contestara ni devolviera la llamada, pues pensaban que no iba a formalizar la denuncia, algo “muy normal” en los quebrantamientos de condenas.

Tanto los dos agentes como el sargento fueron expedientados administrativamente (suspensión de empleo y sueldo) por no aplicar el protocolo establecido para estos casos, según el cual el implicado debe ser detenido ante un quebrantamiento de las medidas de protección.

El agente ha corroborado la versión de su compañero de patrulla, que declaró en una sesión anterior, y ha afirmado que permanecieron en el lugar un cuarto de hora o veinte minutos, no dos minutos como testificó la vecina de al lado.

La mujer asesinada junto a su hija avisó a la Guardia Civil para que sacasen al acusado de su casa, a la que había regresado días antes pese a la orden de alejamiento dictada hacía mes y medio, cuando denunció un episodio de violencia de género. El procesado abandonó el lugar por indicación de los agentes, que, en lugar de detenerle, le citaron en el cuartel al día siguiente. Regresó poco después a la vivienda donde presuntamente se llevaron a cabo las agresiones y en la que fueron hallados los cadáveres al día siguiente.