Cantabria tiene en la actualidad un total de 39 proyectos eólicos en tramitación, de los que 28 son de competencia autonómica y los once restantes de carácter estatal, al superar estos últimos los 50 megawatios de potencia.
De los primeros, cinco han sido anunciados en el BOC, el Boletín Oficial de la comunidad, con motivo del proceso del exposición pública, y de los demás se informa en la página web de la Consejería de Industria.
Así lo ha señalado su titular, Javier López Marcano, esta tarde en el Pleno del Parlamento, al ser interpelado por el grupo mixto sobre este asunto. En su respuesta, ha explicado que “la razón” por la que se “acumulan” proyectos eólicos es “el efecto llamada de los fondos europeos”.
El también titular de Innovación, Transporte, Comercio y Turismo ha contestado al portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, que se ha interesado por los criterios para conceder autorizaciones para la instalación de parques eólicos “antes de que se establezca una ordenación clara y precisa de las zonas aptas para el desarrollo eólico”.
El consejero regionalista ha aludido a la normativa europea y estatal en esta materia, como la ley nacional aprobada el año pasado sobre el sistema eléctrico y de aprovechamiento de la energía, y los dos decretos en los que se “desgaja”, uno de los cuales establece el régimen de concesión de ayudas de la UE a proyectos eólicos, y que ha generado “un efecto llamada notable”.
El segundo regula el procedimiento de subasta para adjudicar la potencia en todo el país, en zonas definidas como “hipersensibles, sensibles y menos sensibles” a la instalación de estos proyectos, proceso que acabó en enero de este año y al que concurrieron muchas empresas que pagan “muchísimo dinero” y que tienen departamentos jurídicos incluso “mayores que los de algunas administraciones”, pues son “gigantes de la energía”.
Así, los promotores de los parques eólicos van a estar “atentos” a la tramitación de los mismos, ha apuntado Marcano, que se ha mostrado a favor de las energías renovables, pero también a que se desarrollen “con muchísimas cautelas y seguridad jurídica”, para lo que hay que ser “escrupulosos cumplidores de la legislación”.
Después de recordar que Cantabria “no es una isla” ya que además de los planes regionales están las leyes nacionales y europeas que “nos vinculan”, el consejero se ha referido a los proyectos de La Garma Blanca y Ribota que no han salido adelante -por no superar la declaración de impacto ambiental debido a la legislación “seria, rigurosa, severa, tutelar y protectora” de la comunidad-, y ha avanzado en este sentido que “también dejaremos de hablar de muchos proyectos” presentados.