¿Cómo es posible que el empresario y expresidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Lorenzo Vidal de la Peña, pudiera ejecutar durante años obras sin las licencias oportunas y ocupando terreno público para la mansión que tiene en propiedad en la localidad de Mirones sin que el Ayuntamiento o alguna otra administración pública lo haya impedido o haya corregido a día de hoy las ilegales cometidas?
Es una de las preguntas que ha quedado flotando en el aire después de que eldiario.es destapara las irregularidades cometidas por Vidal de la Peña, quien el pasado mes de marzo renunció a la presidencia de la patronal cántabra para dar el salto a la política e incorporarse como número 2 en la candidatura del PP que encabeza María José Sáenz de Buruaga.
Tarsicio Gómez (PRC) es el alcalde de Miera desde el año 2011 y entiende el revuelo que se ha formado por ser quien es el principal protagonista de esta historia, pero cree que los ocho años que han pasado desde que los informes municipales pusieran de manifiesto las primeras infracciones urbanísticas de carácter “muy grave” realizadas en la restauración del conocido como 'Hotel París' hasta ahora no son para tanto.
“Estamos hablando de un Ayuntamiento que tiene 400 habitantes y que tiene unos recursos limitados”, responde al otro lado del teléfono el alcalde regionalista, que desde el primer momento deja claro que no le hace “ninguna gracia” hablar con los periodistas. Y es que, según él, Lorenzo Vidal de la Peña “juega en Primera División y yo en Tercera”. “Es un empresario de éxito y la sociedad tiene una jerarquía. Yo con esos estamentos no me quiero meter”, subraya tras lamentar que la información haya salido durante la campaña electoral. “Esto para mí es un avispero”, apostilla.
En su opinión, no se trata de unos tiempos “excesivos” en cuanto a la resolución del conflicto si se tiene en cuenta las limitaciones del Ayuntamiento. De hecho, señala a modo de ejemplo que ahora acaban de resolver un litigio por una barrera que se inició hace diez años por la denuncia de un particular contra otro.
En este sentido, insiste en justificar la demora en la carencia de medios. “El aparejador viene una tarde al mes, el secretario-interventor está a media jornada, el auxiliar administrativo también a media jornada, el alcalde hasta el día de hoy no tiene sueldo…”, describe poniéndolo en contraposición con el Ayuntamiento de Santander, que “tiene cuatro o cinco aparejadores más tres o cuatro externos”.
“Allí tienen los informes de un día para otro. Aquí el aparejador hasta que no viene el último miércoles del mes no se lleva el papel, luego tiene que hacer la visita, después otro día el informe, luego mandarlo... Las cosas van despacio porque no tenemos recursos y de eso pueden dar fe otros vecinos que también se sienten perjudicados”, recalca Gómez.
El regidor afirma que “hay una pila de expedientes abiertos” porque “existen muchas construcciones ilegales para lo pequeño que es el municipio”, “cada una a su nivel”, añade. “En Miera hay 700 u 800 cabañas, en San Roque 1.500 y en Vega de Pas 2.000. ¿Tú crees crees que el arquitecto puede ir a supervisar todo esto”, pregunta al tiempo que recuerda que tampoco cuentan con Policía Local.
En esta línea, resuelve que para un Ayuntamiento como el de Miera “es imposible absorber todo esto” y anima al Gobierno de Cantabria a asumir sus responsabilidades. “Si quieren, que recojan el guante y asuman la competencia de urbanismo de los 15 o 20 ayuntamientos más pequeños”, espeta.
Al respecto, cree que sobre este asunto en concreto también debería pronunciarse la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y la Consejería de Desarrollo Rural porque el amojonamiento y la delimitación de los terrenos de utilidad pública corresponde a este departamento, explica.
El 'caso Vidal de la Peña'
Sobre el caso de Vidal de la Peña, cuenta que habrán estado juntos “tres veces” -“la última igual hace un año ya”- y no sabe precisar cuántos metros cuadrados de terreno público se han usurpado. Tampoco si la piscina que se ha construido en el exterior de la finca -una de las obras que más revuelo han causado en el pueblo- se ha ajustado a la legalidad. “Permiso tenía, ahora no sé si habrá respetado la licencia. Eso, como cualquier obra, tiene que ir el aparejador a verificarlo”, sostiene.
En cuanto a la posible permuta que propuso el nuevo dirigente del PP como solución, cree que “no es tan sencillo como parece”. “Yo puedo pensar que para el Ayuntamiento es mejor llegar a un acuerdo, pero si me dicen que no… Lo que no voy a hacer es saltarme los informes tanto del aparejador como de la Intervención. En ningún caso voy a hacer algo que no sea acorde a la ley”, asevera.
Gómez también deja claro que no es una cuestión que vaya a resolver él de su mano mayor, sino que tienen que estar de acuerdo el resto de concejales, tanto los de su partido como los de la oposición. “Esto no es una cosa del alcalde, ni siquiera teniendo una mayoría absoluta, que no la tengo. Es un tema muy delicado”, apostilla.
Finalmente, asegura que con su jefe de filas y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no ha hablado de esta cuestión “nunca, y tampoco con ningún consejero” e insiste, como hace a lo largo de toda la conversación telefónica, que a él le interesa hablar de las infraestructuras. “¿Por qué en el siglo XXI nos tienen con el Puerto de Lunada cerrado ocho meses porque hay cinco neveros y no viene gente de Burgos? ¿Por qué no nos conectan con los municipios limítrofes? ¿Por qué? Que parece que llegas aquí y se acabó el mundo”.
Construcciones ilegales
Miera está ubicado en el corazón de los valles pasiegos y es un municipio eminentemente rural, con construcciones típicas montañesas y extensas praderías. Cuenta con cerca de 400 habitantes y la mayoría de ellos se dedican a la ganadería. Para facilitarse las tarea en el campo, muchos han ido habilitando pequeñas construcciones, “unos para meter gallinas, otros para las ovejas, otros para guardar algo de maquinaria y muchos lo han hecho sin licencia”, reconoce uno de los vecinos.
Eso ha provocado, explica, que haya muchos pequeños levantamientos que son ilegales, “pero que están dentro de su propiedad y nunca al nivel que de lo de Vidal de la Peña”, explica esta misma fuente.