Ha pasado un mes y medio desde que el 25 de marzo María José Sáenz de Buruaga arrebatara la presidencia del PP de Cantabria a Ignacio Diego por tan solo cuatro votos de diferencia y la brecha entre ambas facciones, lejos de cerrarse, es cada día más grande. Mientras tanto, la dirección nacional del partido sigue sin tomar una posición rotunda que termine por inclinar la balanza hacia un lado u otro en el pulso que ambos bandos mantienen abierto y que casi con total seguridad se resolverá en los tribunales.
Así, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha desestimado la impugnación presentada por supuestas irregularidades en el congreso de Cantabria -también en el de Sevilla- presentadas por los partidarios de Ignacio Diego, si bien ha remitido la denuncia al mismo órgano pero a nivel autonómico. La respuesta de Génova, que en ningún momento ha entrado al fondo del asunto, alargará seguramente la resolución del conflicto.
De este modo, el 'marrón' recaerá ahora en el abogado Javier Noriega, actual presidente del Comité de Garantías en Cantabria e incorporado a la dirección regional del partido a propuesta de la nueva presidenta.
En concreto, los defensores del expresidente acusan al equipo de Buruaga de “fraude” al haber usado sin su conocimiento a una persona discapacitada para inscribir a casi 500 personas y que estas pudieran votar en las primarias. Por ello, reclaman que se abra una investigación y que se impugne el proceso y se nombre una gestora.
A primera instancia
El Comité Nacional de Garantías ha rechazado las peticiones de impugnaciones alegando que el “paso previo” para recurrir a la dirección nacional es presentar esos recursos en los comités autonómicos correspondientes, según ha explicado a preguntas de los periodistas su presidente y líder del partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
“Hemos dado la misma solución a los dos. Nos hemos reunido esta mañana y tanto en Cantabria como en Sevilla hemos decidido remitir al comité de garantías autonómicos, que son los de primera instancia y que ellos decidan”, ha afirmado Mañueco, que ha admitido que los miembros del Comité Nacional de Derechos y Garantías no han entrado “en más valoraciones y disquisiciones”.
Reacciones de la dirección regional
Por su parte, en un comunicado la dirección autonómica ha opinado que el archivo de la demanda por parte del Comité Nacional “ratifica” que quienes la presentaron “no han agotado en tiempo y forma ninguna de las vías internas” y han insistido en que el “único objetivo” que persiguen estos afines a Diego es “destruir al Partido Popular” y “pervertir el resultado del Congreso”.
Así, han aseverado que “no hay ningún motivo para cuestionar” el Congreso Regional y aseguran que mantienen “la mano tendida” y apuestan “por pasar página y mirar al futuro frente a quienes han optado por la estrategia de judicializar la situación interna del Partido Popular”.