El Consejo Escolar de Cantabria ha aprobado por unanimidad un Acuerdo por la Educación que espera se convierta también en un acuerdo político de los grupos con representación en el Parlamento. A su entender, ello permitiría un “salto importante de calidad, equidad e inclusión” en la educación de Cantabria.
Así lo ha señalado el presidente del CEC, Jesús Barriuso, tras entregar al consejero de Educación, Ramón Ruiz, el documento, que recoge un total de 120 medidas y que, según han explicado, “pone el énfasis en el alumnado”, apuesta por la educación “inclusiva”, sitúa al centro como “el agente de cambio” e incluye “propuestas muy innovadoras” de participación del alumnado y las familias.
Barriuso y Ruiz han explicado que algunas de las medidas que recoge el acuerdo ya se están aplicando, pero se plasman en el documento precisamente para “evitar su reversión” o retrocesos en las mismas, como ocurrió en la anterior legislatura con las aulas de dos años o con el aumento de las ratios de alumnos por aula, y dar de esta forma “estabilidad” al sistema educativo.
Ambos han puesto en valor el logro que supone haber puesto de acuerdo a sectores de la comunidad educativa y organizaciones tan diversas y con intereses a veces incluso enfrentados como las que están representadas en el Consejo Escolar.
Barriuso ha dicho que nunca en Cantabria se había alcanzado hasta ahora un acuerdo de estas características, y ha añadido que en otras comunidades autónomas hay acuerdos pero ninguno con el nivel de unanimidad que el logrado por el Consejo Escolar de Cantabria. No obstante, ha reconocido que ha habido temas que no ha sido posible incorporar al acuerdo.
El Consejo Escolar está integrado por 40 miembros en representación del profesorado de los centros públicos (STEC, ANPE, CCOO y FETE-UGT) y privados (FETE-UGT, FSIE y USO); las familias (FAPA y CONCAPA); las patronales de la concertada (CECE y Educación y Gestión); la administración educativa; la Federación de Municipios (FMC); CEOE-Cepyme, CCOO y UGT; la Junta de Personal no Docente y el comité de empresa del Gobierno; la Universidad de Cantabria y tres personas de reconocido prestigio en el ámbito de la educación.
Acuerdo político
El Consejo Escolar presentará el documento a los grupos parlamentarios, y el consejero ha manifestado su deseo de que se forme una comisión en línea con la que hay a nivel nacional sobre el pacto por la educación.
De hecho, ha explicado que el acuerdo de la comunidad educativa de Cantabria se enmarca en el futuro acuerdo por la Educación en España y es una “contribución” del CEC que se enviará al Consejo Escolar del Estado. “Es uno de los ámbitos del pacto, ahora también hay que conseguir un acuerdo político”, ha dicho el consejero, quien ha considerado factible que los partidos políticos se pongan de acuerdo tomando como “núcleo” este documento “básico”.
Ruiz ha dicho que “estamos en un momento importante” no sólo para el sistema educativo sino para el conjunto de la sociedad de Cantabria; ha resaltado la importancia del acuerdo, porque “es esencial que haya un clima de confianza entre los agentes y educadores para conseguir una educación de calidad”; y ha añadido que “si había alguien capaz” de conseguir este acuerdo es Jesús Barriuso.
El presidente del Consejo ha apostillado que “no es un acuerdo contra nadie, sino que es un acuerdo a favor de la educación”, algo que la sociedad “venía demandando desde hace años”. Sobre aspectos concretos como los deberes, el acuerdo va en línea con las directrices de la Consejería de Educación y pide que se respete el principio de atención a la diversidad; que sea la comunidad educativa la que decida y que el profesorado se coordine bien.
Sobre las ratios, fija un número máximo de 18 alumnos en las aulas de dos años; 25 en Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria; 30 en Bachillerato; 15 en FP básica y 25 en FP de grado medio y superior. Ruiz ha explicado que en Infantil se está cumpliendo esa ratio; en Primaria también ya casi de forma mayoritaria; y está “algo más lejos” en Secundaria, donde en la anterior legislatura se aumentó a 30 y se está tratando de bajar a 25.
En el ámbito de la participación, el acuerdo propone al menos tres reuniones conjuntas con las familias al año; que se potencien las asambleas y plantea nuevas formas de elegir a los delegados.