De esta forma, se permitiría la apertura de un proceso para elaborar unas normas transitorias, que estarían vigentes hasta la elaboración y tramitación de un nuevo plan y permitirían “dar seguridad jurídica” a actuaciones realizadas en base al ya suspendido planeamiento de 2012.
“Esto permitiría tener vigente el plan de 1997 pero en lo referente a suelo urbano regularse por unas normas transitorias que serían las de 2012”, ha explicado el alcalde en funciones de Santander y concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz.
Desde el equipo de Gobierno (PP) quieren trasladar esta petición directamente al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, algo que esperan que sea próximamente ya que su intención es solicitarle una reunión en cuanto sea elegida, previsiblemente, la edil del PP Gema Igual como nueva alcaldesa, en el pleno extraordinario del Ayuntamiento convocado para este jueves, 17 de noviembre.
Tras conocer la sentencia que anula el PGOU y en una rueda de prensa de valoración de la misma, Díaz ha anunciado esta propuesta de modificación de la Ley del Suelo que el Consistorio planteará al Ejecutivo bipartito (PRC-PSOE) y que ha asegurado que ya existe “en al menos 10 comunidades autónomas” para casos en los que se anulen planeamientos de sus municipios.
De aprobarse esa suspensión de las normas en suelo urbano del Plan de 1997 y abrirse el proceso para poner en marcha unas transitorias, “se minimizaría la repercusión” de la sentencia del Tribunal Supremo que anulará el PGOU de Santander cuando se publique y sea firme ya que hoy lo que se ha hecho es la notificación de la misma.
Ha explicado que esta previsión que se establecería en una modificación de la Ley del Suelo permite suspender determinadas partes de un planeamiento cuando “la recuperación de su vigencia” tras la anulación de otro posterior “pudiera resultar lesivo para el interés público y general”.
El regidor en funciones ha apuntado que esas normas urbanísticas transitorias, para cuyo proceso el Gobierno también podría incluir un límite para su tramitación en esa modificación de la Ley del Suelo --varias CCAA tiene establecido un periodo máximo de seis meses--, se basarían “fundamentalmente” en las que contiene el PGOU de 2012.
En caso de que la propuesta se aceptada por el Gobierno y se incluya en la Ley de Acompañamiento, empezaría un proceso en el que el Ayuntamiento redactaría esas normas y, tras contar con el visto bueno del Gobierno, las tendría que aprobar y someter a información pública para posteriormente ser refrendadas por la CROTU para que ya pasan a aplicarse.
“Hay necesidad de actuar con la mayor agilidad posible y por eso cabe también la posibilidad de plantear la conveniencia de recoger esta previsión de modificar la Ley del Suelo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para el año que viene”, ha añadido el edil.
Cuestionado por si esto lo que haría es crear un “limbo jurídico”, ha afirmado que “en lo que tiene que ver con el suelo urbano lógicamente sí” pero es para dar “seguridad jurídica a todo lo que se ha hecho en el suelo urbano desde el 2012” porque el volver al planeamiento del 1997 puede generar cuestiones que “están desacompasadas” con la actual regulación ya que, ha recordado, la Ley del Suelo actual data de 2001 y ha sufrido modificaciones.
A pesar de que el Gobierno acepte llevar a cabo la propuesta para poner en marcha estas normas transitorias, el Ayuntamiento tiene que empezar a elaborar y tramitar un nuevo plan urbanístico y, aunque Díaz no ha dado plazos, hay que recordar que con el Plan de 2012 el proceso se prolongó durante más de siete años.
“Llevará tiempo”, ha dicho, al tiempo que ha indicado que por ello se va a hacer esta propuesta de carácter transitorio para “cubrir” esa etapa de elaboración del nuevo planeamiento. “No podemos conformarnos con tener vigente el plan de 1997 ni aún con esas normas transitorias, pero hay que ser realistas y el tiempo que lleva un nuevo plan todos lo sabemos”.
El PGOU anulado por el Supremo fue aprobado definitivamente por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en septiembre de 2012 y antes de que el Alto Tribunal anulase el bitrasvase del Ebro en diciembre de 2013, que es la “única razón” por la que se declara nulo el planeamiento ya que, de no legalizarse esta infraestructura hidráulica, la capital no tendría “recursos hídricos suficientes” para abastecer a la población.