Cantabria actualizará por ley los mínimos personales y familiares del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRFP) para compensar parte del efecto de la inflación por la subida energética, una reforma que tendrá un impacto de 28 millones de euros y que beneficiará a 183.000 contribuyentes, con una rebaja media de 154 euros.
Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez en la rueda de prensa de presentación del balance económico de Cantabria de 2021, en la que también ha concretado la eliminación de 10 tasas y 42 tarifas, con un impacto de dos millones de euros en el presupuesto, para los sectores económicos más afectados por la pandemia.
La consejera ha explicado que la invasión rusa de Ucrania ha convertido en “papel mojado” las previsiones de “fuerte recuperación” previstas para este año, de entre un mínimo del 5,4 y un máximo del 7% del PIB. Y ha apuntado a que, pese a que las exportaciones de Cantabria a Rusia solo suponen el 0,4% del total, la comunidad “no es ajena ni a las consecuencias financieras ni al impacto del conflicto sobre las materias primas energéticas y no energéticas.
Sánchez ha recordado que el aumento del precio de las materias primas y el gas ha llevado a una fuerte aceleración de los precios; de hecho, más del 70% del incremento de la inflación se debe a la energía y alimentos no procesados.
Ante estas circunstancias, Cantabria pondrá en marcha dos medidas complementarias al plan de choque contra el impacto de la guerra del Gobierno de España, dos de las cuales dependen directamente de la Consejería de Economía.
La primera es la redacción exprés de una proposición de ley de artículo único para la exención de las tasas a los sectores más afectados por la pandemia. La decisión, adoptada en el Consejo de Gobierno del 24 de marzo, afectará a las consejerías de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio; Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo; y Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
En concreto, se eliminarán tres tasas y 12 tarifas en Industria; dos tasas y seis tarifas en Obras Públicas; y cinco tasas y 24 tarifas en Desarrollo Rural. Economía informará sobre la propuesta al Consejo de Gobierno en la sesión de mañana y posteriormente, antes de su aprobación, se llevará a la Mesa del Diálogo Social para recoger aportaciones.
La segunda medida es una actualización del IRPF para compensar parte del efecto de la inflación en Cantabria. Porque, “aunque no se modifiquen los impuestos, la presión fiscal sube con la inflación”, ha señalado.
Así, se actualizarán por ley los mínimos personales y familiares, la parte de la renta por la que no se tributa al destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares. La reforma tendría un impacto de 28 millones de euros y beneficiaría a 183.000 contribuyentes, con una rebaja media de 154 euros. La rebaja tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022 y se percibirá en la declaración de 2023.
Sánchez ha explicado que en Cantabria no se ha utilizado nunca esta capacidad por lo que hay margen para incrementar los importes en un 10%, que es lo máximo que permite la ley. La consejera ha subrayado que si no se efectúan estas correcciones, “en realidad es como si se produce una subida de impuestos”.
Ha recordado que el mínimo personal y familiar se fijó en 2015 y desde entonces no se ha actualizado. Sin embargo, la progresiva escaldada de los precios ha devaluado “notablemente” este indicador, que no se ha variado en los últimos siete años. Además, ha subrayado que la subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aliviará en mayor proporción a quien menos tributan.
Estas dos medidas se suman al incremento del 15% de la Renta Social Básica, ya anunciado por el Gobierno de Cantabria, cuyo alcance económico se sitúa en torno al millón de euros. Y todas ellas complementan el impacto del plan nacional. Así, el impacto económico conjunto -el plan estatal y regional-- ascenderá a 111 millones de euros, que podría incrementarse en 100 millones adicionales procedentes de la línea de avales de créditos ICO destinados a cubrir las necesidades de liquidez de las empresas derivado del aumento del coste de la energía y los combustibles.
De los 111 millones, de las dirigidas a familias, 25 millones corresponden a la bonificación del combustible y 16 millones a ayudas a acogida de refugiados, ambas medidas del Gobierno de España. El Ejecutivo central también aporta, en ayudas directas a sectores afectados, 19 millones para grandes consumidores de electricidad; 14 para el transporte por carretera de mercancías y pasajeros; dos para las industrias gas-intensiva; dos para agricultura y ganadería, y un millón para el sector pesquero regional.