El Gobierno de Cantabria está tramitando, a través de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, un nuevo decreto que contempla ayudas extraordinarias por valor de 130.000 euros destinada a entidades sociales atiendan a personas en situación de pobreza, vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social con el objetivo de tratar de paliar los efectos de la COVID-19.
Así lo ha avanzado este martes el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, durante una reunión con el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco; con la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y entidades del Tercer Sector.
Zuloaga ha explicado que este nuevo decreto, que se aprobará este mismo mes de octubre, se sumará a otras partidas aprobadas recientemente por el Consejo de Gobierno, como los 200.000 euros para apoyar la labor de la Cocina Económica o los 37.000 euros para los programas de Cáritas dirigidos a menores en situación de riesgo.
Ha asegurado que el Ejecutivo cántabro es “consciente” de los efectos provocados por la COVID-19 en las familias, sobre todo en aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, y que se han reflejado en un incremento de las solicitudes de ayuda a los servicios sociales, tanto de atención primaria como en el ICASS, así como a través de las entidades del Tercer Sector.
En este sentido, ha recordado que en el mes junio se alcanzó el “mayor pico” de perceptores de Renta Social Básica, con un total de 5.998 beneficiarios, “una cifra que supone un incremento de 650 más que a comienzos del año”.
También en relación con la Renta Social Básica, el vicepresidente ha puesto en valor la prestación complementaria impulsada por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para las familias perceptoras con menores a su cargo, que “con un importe de 75 euros por menor durante un período de seis meses, se han beneficiado más de 2.000 familias y 3.500 menores”.
En el ámbito de estas ayudas, ha mencionado el Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno de España, que ya están percibiendo algo más de 1.000 familias de Cantabria. “Invertir en erradicar la pobreza infantil es la mejor garantía para que Cantabria sea una tierra de futuro para todos y para todas”, ha señalado Zuloaga.
“Todos los indicadores señalan que la pobreza se hereda en las familias”, ha comentado, defendiendo el desarrollo de políticas públicas para que la igualdad de oportunidades sea una realidad para los jóvenes y para las familias.
Junto a las medidas para acabar con la brecha de pobreza, además de aquellas vinculadas a la economía de las familias más desfavorecidas, Zuloaga ha defendido como claves “una educación de calidad y la garantía sanitaria y en los itinerarios formativos de la formación profesional y la universidad”.
Compromiso de Cantabria
Por su parte, Ernesto Gasco ha cifrado en 2,5 millones el número de menores en situación de pobreza infantil en España, lo que representa más de un 26% y que sitúan al país en los primeros lugares de la Unión Europea. De hecho, ha calificado esta posición como “una indignidad”, ya que “un país social y económicamente desarrollado no se puede permitir estas bolsas de desigualdad tan terribles y que dificultan el futuro de España, por la pérdida de talento y de igualdad de oportunidades que suponen para quien más lo necesita”.
Además, ha puesto en valor el esfuerzo y el trabajo del Gobierno de Cantabria para impulsar la formación entre los técnicos de la Administración en la lucha contra la pobreza infantil. “Esta iniciativa demuestra el compromiso del Ejecutivo con los que menos tienen”, ha dicho.
Sobre la situación de la COVID-19, el Alto Comisionado ha indicado que esta pandemia ha acentuado los efectos de la pobreza infantil en España, refiriéndose a los efectos de la brecha digital en el ámbito educativo y en las actividades extraescolares, formativas, culturales, recreativas y deportivas.
En la reunión celebrada esta mañana también han participado la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), María Antonia Mora; y el subdirector de Infancia, Adolescencia y Familia del ICASS, Jaime Pría. Además, han asistido representantes de la Asociación Nuevo Futuro, Cruz Roja, Plataforma Romanes, Cantabria Acoge y Cáritas.