Cantabria se suma este lunes al grupo de comunidades autónomas que han decretado el cierre total de sus prostíbulos, con independencia de la licencia con la que estos locales desarrollen su actividad, integrando esta medida dentro del paquete de restricciones que se han tomado en la denominada 'nueva normalidad' como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes del Ejecutivo autonómico, esta limitación entra en vigor de manera inmediata, una vez que la Consejería de Sanidad ha publicado esta tarde su resolución en un número extraordinario del Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
A finales del pasado mes de agosto, la ministra de Igualdad, Irene Montero reclamó a los gobiernos regionales el cierre de los prostíbulos y locales de alterne, ya que los contagios que se producen en estos lugares pueden conllevar un “aumento potencial de positivos de difícil rastreo”. Para ello, la representante de Unidas Podemos envió una carta a los consejeros autonómicos de Igualdad para solicitarles que se adopten medidas específicas, al igual que se había hecho previamente con bares, restaurantes y locales de ocio nocturno con el objetivo de frenar al virus cuando “la pandemia sigue siendo una realidad” en España.
Territorios como Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón o La Rioja ya habían tomado una decisión en este sentido, al igual que hace ahora el Gobierno de Cantabria a través de la cuarta modificación de la resolución de la Consejería de Sanidad por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la comunidad autónoma durante el periodo de 'nueva normalidad', que no tiene fecha de finalización hasta que el desarrollo de una vacuna efectiva permita levantar las restricciones impuestas.
“A través de la presente modificación, y sin perjuicio del régimen previsto en la normativa sectorial aplicable, se establece la obligación de cierre al público los denominados clubes de alterne o prostíbulos, con independencia de la licencia bajo la que desarrollen su actividad. En este sentido, el Servicio de Salud Pública ha destacado en informe de 7 de septiembre de 2020 la necesidad de aplicación en Cantabria de iniciativas dirigidas a la prevención del contagio COVID en ámbitos de actividad y relaciones interpersonales, dada la dificultosa o imposible identificación de casos y contactos estrechos por parte de los equipos de rastreadores, habida cuenta de la condición de desregulación de esta actividad basada, en la práctica totalidad de los casos, en el anonimato de las personas implicadas en tales relaciones”, refleja en su texto la resolución firmada por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE).
Igualmente, la Dirección General de Salud Pública de Cantabria considera que “se generan unas condiciones de elevado riesgo de contagio” en el que la aplicación de las medidas de prevención frente al propio contagio y a la transmisión del SARS-CoV-2 son “prácticamente de imposible adopción”. “Por tal motivo, la probabilidad de producirse casos en personas relacionadas con estos establecimientos es elevada y, en caso de producirse, los estudios a llevar a cabo por los equipos de rastreadores para identificar a los contactos estrechos, resultarían enormemente dificultosos o realmente infructuosos por la alta probabilidad de ocultación de la información o simplemente por el desconocimiento de la identidad de tales contactos estrechos, lo que haría imposible el control de los focos y brotes”, señala.
Zuloaga apuesta por el cierre “definitivo”
Tras anunciar esta decisión, el secretario general del PSOE de Cantabria y vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga, ha manifestado que la decisión de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico de cerrar los clubes de alterne y prostíbulos ante la pandemia, con independencia de la licencia bajo la que desarrollen su actividad, es “un paso hacia una Cantabria más justa y segura para las mujeres”. Un paso que, a su juicio, “debería de ser definitivo”. “Se debe legislar para garantizar que Cantabria sea una tierra de mujeres libres en las que no existan lugares en los que se las explote o mercadee con su cuerpo de forma permanente”, ha asegurado.
Según Zuloaga, el nuevo decreto firmado este lunes por el consejero de Sanidad es “un paso fundamental del Gobierno regional en la necesidad de seguir aplicando medidas dirigidas a prevenir el contagio del COVID-19 y controlar la pandemia”. Además, el líder de los socialistas cántabros ha destacadolas medidas de protección sobre las mujeres que se han implementado o mejorado a raíz de las crisis de la COVID-19 como la red de centros de emergencia y acogida.
Zuloaga ha sostenido que “es un paso que llega como consecuencia de la evolución de esta crisis sanitaria y que obliga a las instituciones a seguir trabajando por garantizar y luchar por los derechos de las mujeres víctimas de la trata o la explotación sexual”. Ellas, ha concluido, “se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y nuestro deber es protegerlas con lo recursos necesarios”.
Objetivo: erradicar la prostitución
También se han pronunciado al respecto desde Izquierda Unida, que han mostrado “satisfacción” por una medida que “siendo positiva, resulta insuficiente si se quiere que la decisión sea totalmente efectiva e inclusiva”. Así, esta formación política ha solicitado la “urgente” protección de las mujeres relacionadas con esta actividad y ha instado al Gobierno a que active “sin demora” medidas como recursos habitacionales, atención sanitaria e inserción laboral.
“La reivindicación de fondo debe seguir siendo la erradicación de la prostitución como forma de explotación y violencia hacia las mujeres”, ha subrayado la coordinadora de IU en Cantabria, Leticia Martínez, que ha recordado que la coalición de izquierdas pidió el cierre de los prostíbulos en agosto, dada la dificultad para poder rastrear los contagios que se produjeran en estos establecimientos.