El Gobierno de Cantabria invertirá casi nueve millones de euros anuales más en mejorar las ratios en atención a la dependencia, lo que se traducirá, según sus estimaciones, en la necesidad de incorporar al sector hasta a medio millar de trabajadores.
Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), en una rueda de prensa en la que ha informado sobre las modificaciones efectuadas sobre las dos órdenes que regulan los requisitos de los centros de atención a la dependencia en Cantabria y los precios públicos de las prestaciones y servicios del sector.
Acompañada por el equipo de su departamento, Gómez de Diego ha explicado que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) dotará a los centros de 8,8 millones de euros más al año, concretamente en la atención indirecta, por lo que se exige que haya profesionales que realicen tareas como de cocina o limpieza, que hasta ahora estaban siendo realizadas por auxiliares de cuidados.
Concretamente, según ha señalado, se ha aumentado la ratio de 140 a 164 horas diarias en las residencias de mayores, en algunos casos la intensidad de los cuidados de noche, sobre todo en aquellos centros que atienden a personas con discapacidad mental, y en las viviendas tuteladas.
“La nueva orden es una mejora de la atención a la dependencia y ha contado con diálogo, participación y consenso con los agentes sociales”, ha destacado la consejera, poniendo el foco en que se trata de un sector “muy feminidado” compuesto por unos 6.000 profesionales, por lo que “este incremento de los ratios va a suponer una mejora de la atención personalizada así como de la carga de trabajo”.
“Ninguna situación de emergencia sin cubrir”
Respecto al balance de legislatura, Gómez de Diego ha destacado que el Gobierno ha incrementado en 684 las plazas públicas de atención a la dependencia, de las que 380 corresponden a mayores -266 en residencias y 114 en centros de día- y 304 de personas con discapacidad, lo que supone un incremento del 9,2%, que suman 8.063 plazas públicas de las 10.553 totales.
De esta forma, ha dicho Gómez de Diego, “se supera el objetivo de las 8.000 plazas al finalizar la legislatura que se fijó en la presentación de los Presupuestos del departamento para 2023”. Y es que en 2019 eran 7.437.
“No hay ninguna situación de emergencia que se quede sin cubrir y no existen listas de espera para percibir prestaciones económicas, ni para teleasistencia, ni para centros de día”, ha recalcado la consejera, señalando como excepción la demanda de plazas para residencias que, si bien se resuelven antes de los tres meses, en estos momentos se sitúa en más de 400, entre las personas mayores y las personas con discapacidad.
Estos cuatro centenares de personas en lista de espera se concentran en las áreas urbanas, principalmente de Santander y Torrelavega, y “muchas están pendientes de documentación”. “Mientras tanto tienen otros servicios alternativos”, ha enfatizado, tras añadir que salvo en esas áreas, en el resto de Cantabria “no hay problema”. “Solo hay problema cuando la demanda se concentra en una zona”, ha explicado.
En este sentido, para la modificación de estas órdenes, se ha realizado un estudio junto con la Universidad de Cantabria sobre las necesidades de la región teniendo en cuenta una estimación entre la población y la tasa de dependencia que ha calculado, en el mayor de los casos, unas mil plazas nuevas.
En este sentido, la titular de Política Social apuntado que en estos momentos se encuentran en construcción diez residencias en Cantabria, por lo que “en un plazo próximo de tres o cuatro años las demandas previstas estarían atendidas”. No obstante, en el caso de los centros de día de mayores hay 340 vacantes dado que la demanda se mantiene pero no se ha producido el incremento que se preveía a partir de la pandemia.
En cuanto al presupuesto, Gómez de Diego ha señalado que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de la comunidad ha contado con 33,5 millones de euros en los últimos cuatro años, un 29,9% más, lo que supone un incremento medio del 5% al año.
En esta línea de apoyo se encuentra la partida de 1,6 millones de euros recogida en los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2022 para atender el incremento del gasto ocasionado por la Guerra de Ucrania en el sector de las estancias concertadas del ICASS.
También la incorporación de la actualización del IPC de 2021 a los precios públicos de 2022 con efecto desde enero ha supuesto una inversión extra consolidada en plazas concertadas de 4,4 millones de euros al año. En el caso de las residencias de mayores, por ejemplo, el precio ha variado de 59,7 euros plaza/día en 2019 al 67,2 euros plaza/día en 2023, un incremento del 12,4 por ciento.