El semáforo COVID queda suspendido en Cantabria, al menos por el momento. Así lo ha indicado este lunes Juan José Sánchez Asensio, el subdirector general de Salud Pública, unas horas antes del momento en el que se suele producir la actualización semanal del mismo y tras el varapalo judicial que recibió el Gobierno la semana pasada, dejando en el aire esta norma.
Así pues, desde la Consejería de Sanidad han decidido que no se van a publicar actualizaciones del semáforo “hasta que no se aclare judicialmente y con precisión cuál es el escenario”. Esta herramienta, que se utiliza desde el pasado mes de mayo, ha servido como indicador epidemiológico semanal para medir la incidencia por municipios y establecer las restricciones en función de los distintos niveles de riesgo.
El semáforo COVID, que ha sido cuestionado desde su inicio por los partidos políticos de la oposición y los hosteleros, fue suspendido cautelarmente por la Justicia el pasado viernes de forma urgente tras la demanda de la Asociación de Hostelería de Cantabria, que pedía invalidar el nivel 3 de alerta sanitaria que afectaba a cerca de una treintena de municipios, por incurrir a su juicio en “errores derivados del indudable incremento de la población en verano”.
Este nivel 3 alerta que afectaba a Santander, Torrelavega, Castro Urdiales o Camargo, los núcleos de mayor población de la comunidad y algunos de los municipios más turísticos, prohíbe la utilización del interior de los locales de hostelería, y únicamente permite la entrada de clientes siempre y cuando estos tengan Pasaporte COVID -vacuna con pauta completa, haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses o PCR negativa con 72 horas de antelación-, algo con lo que los hosteleros no se mostraban conformes.
Después de que los jueces fallasen a favor de los hosteleros y observando posibles fallos en la forma de evaluación del Semáforo COVID, Salud Pública ha decidido posponer la actualización del mismo, prevista para este martes, aunque ha reiterado que “mantienen” los criterios empleados por la comunidad para medir la incidencia ya que “son los mismos que avala el Ministerio y los que utilizan en el resto de comunidades autónomas de España, así como internacionalmente”. “No se trata, por tanto, de indicadores exclusivos de esta comunidad, y no podemos obviar que son los que están verificados por la comunidad científica”, ha advertido Sánchez Asensio en un audio enviado a los medios de comunicación.
Por el momento, desde el Gobierno de Cantabria admiten estar “trabajando” para tratar de articular soluciones que tengan en cuenta decisiones judiciales como esta.