“Mi bisabuela vivió la República, la Guerra Civil y la represión franquista. Su padre estuvo en la cárcel por ser militante de Izquierda Republicana y ella vivió en Santander hasta su muerte, en una calle con el nombre de un aviador fascista del que ella siempre recordó cómo bombardeó hospitales y escuelas”. Esta es la historia que narra emocionado Jairo Fernández, miembro de Cantabria No Se Vende (CNSV), un colectivo popular que quiere insistir en lo importante que resulta retirar la simbología fascista de los pueblos y ciudades.
Precisamente, lo que le anima a contar la historia de su familia no es otra cosa que el debate sobre si esta circunstancia debería seguir afectando a la población, y él mismo se responde afirmando que no es algo “tan lejano”: “Nos afecta a nuestro día a día, con personas que lo sufrieron y que siguen vivas. Pero es que además de esas víctimas a las que les puede suponer un daño moral, hay unos valores democráticos que están violentando permanentemente”, asevera con cierto tono de enfado.
Por este motivo, CNSV se ha propuesto un objetivo: conseguir aunar toda la simbología fascista en un mapa que evidencie que el legado franquista continúa estando en nuestros barrios. La iniciativa, que ha arrancado este pasado domingo, pretende que sea la sociedad civil la encargada de denunciar aquellas calles, monumentos, placas o escudos que incumplen la ley, y para ello han habilitado dos vías: el número de teléfono 641 942 640 y el email cnsv@cantabrianosevende.org.
Y a pesar de que apenas han pasado 24 horas desde que hicieron público el anuncio, Fernández reconoce que ya están recopilando información y que no dejarán de hacerlo hasta que no tengan un buen mapeo. “Nos tememos que, por desgracia, vamos a encontrar muchos más casos de los debidos, pero esperamos que en cosa de un mes ya esté bastante encauzado”, manifiesta.
No obstante, la información no se va a quedar ahí y la finalidad del colectivo es trasladarlo a las administraciones públicas locales y autonómicas “para que tomen cartas en el asunto”: “La Ley no se está cumpliendo porque seguimos teniendo en vías públicas nombres de personas que atentaron contra los derechos humanos”, corrobora.
La Ley de Memoria Histórica que fue aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace 15 años y explica en su artículo 15 que “las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas, exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura”.
Sin embargo, década y media después de su aprobación y a pesar de vivir en una democracia consolidada, se siguen apreciando resquicios de la dictadura en lugares tan emblemáticos como Santoña, con su monumento a Carrero Blanco, o en Santander, con el nombre del General Dávila en una de sus calles principales.
Este periódico ya denunció en 2018 la presencia de placas con yugos y flechas en edificios de la capital de Cantabria construidos durante el franquismo. Preguntados sobre ello, el Ayuntamiento de Santander prefirió evitar involucrarse en el tema: “Estas placas se ubican en edificios privados y no corresponde al Consistorio su retirada. La institución ha retirado ya los monumentos que había en espacios públicos y ha cambiado progresivamente el nombre de varias calles. Se actúa por tanto en lo que respecta al ámbito público y en el ámbito privado no se puede intervenir”, revelaron en su momento.
Sin embargo, la Ley de Memoria Histórica aprobada en Cantabria en noviembre de 2021 evita que las administraciones locales puedan echar balones fuera y las obliga a ser las responsables de retirar dicha simbología en el ámbito de su territorio así como los nombres de las vías públicas “en tanto a hechos o a personas que atentaron contra la democracia o los derechos humanos, así como la revocación de los honores y distinciones dedicadas a las personas vinculadas a estos citados hechos”.
Asimismo, hasta que no haya transcurrido un año desde la aprobación de la Ley, el Gobierno no podrá involucrarse en esta tarea que, hasta noviembre de este año le corresponderá a cada ayuntamiento. “Vemos que han pasado cinco meses desde que salió adelante y que los ayuntamientos siguen sin ejecutarla, por lo que parece que tendremos que esperar a que se cumpla el aniversario para ver si la Consejería entra de oficio como es su deber. Es muy descorazonador porque estas administraciones públicas se deben a los valores democráticos, así que no entendemos cómo es posible que no se aplique la legalidad vigente”, argumenta este miembro de CNSV.
Preguntado por aquellos elementos que se encuentren en lugares religiosos, Fernández reconoce que ahí la situación se complica porque dependerá del valor artístico que se encuentre en esta simbología: “No creo, humildemente, que lo vayan a tener, así que espero que aquello que esté expuesto al público sea retirado con sus preceptivos informes previos y todo lo que haga falta para no dañar el edificio, por supuesto”, revela.
Así, este colectivo cántabro espera acabar próximamente con estos homenajes silenciosos que siguen afectando a las familias del bando perdedor y que siguen indignando a gran parte de la sociedad: “Al final, cuando le pones a una calle el nombre de una persona le estás homenajeando y poniendo como ejemplo, y no creo que uno de los fundadores de la Falange española tengan que ser ejemplo para nadie”, concluye Fernández.