El nuevo consejero de Turismo de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP), ha declinado poner fecha al nuevo decreto regulador de las viviendas vacacionales. Para el sucesor de Eva Guillermina Fernández, que lleva un mes en el cargo, “no tiene sentido” poner un plazo para que vea la luz una normativa tan demandada porque su departamento tiene “muchos frentes abiertos” y no sabe si lo va a poder cumplir.
“Yo nunca me voy a fijar un plazo que no sé si voy a poder cumplir. Lo que sí puedo prometer es trabajo, trabajo y trabajo y que sea lo antes posible, sin duda”, ha dicho Martínez Abad en declaraciones a RNE sobre un decreto que su antecesora dijo que estaría terminado antes de verano y, posteriormente, modificó esa previsión y marcó su finalización para finales de septiembre o principios de octubre.
En concreto, ha manifestado que en su Consejería “tenemos muchos frentes ahora mismo abiertos, ese es uno de ellos, sin duda, y de los más importantes”. Por ello, “no vamos a parar de trabajar, pero comprometerme a un plazo no tiene sentido”, ha insistido.
Sobre el decreto, Martínez Abad también ha apuntado que tendrá que contemplar la resolución del Tribunal Supremo que reconoce a las comunidades de propietarios el derecho a vetar la apertura de pisos turísticos en sus edificios con una mayoría de tres quintos.
“Se está estudiando para que tenga su reflejo en la normativa porque lo que buscamos es eso, no solamente proteger al sector, sino también a los vecinos”, ha añadido. “El decreto no sé si podrá contentar a todo el mundo, porque estas cosas son complicadas, pero sí es cierto que vamos a tratar de hacer un decreto que proteja a todo el sector y también a los vecinos”, ha concluido.
Esta normativa es ampliamente reclamada desde diferentes ámbitos sociales, especialmente en un contexto de crisis de acceso a la vivienda, en el que los alquileres de temporada están acabando con la oferta de alquiler residencial, a la vez que disparan los precios. Además, los hosteleros también consideran urgente la aprobación de la normativa por “competencia desleal” con los alojamientos convencionales.
El Ejecutivo sacó en julio el decreto a información pública, un texto que descargaba en los ayuntamientos la posibilidad de poner límites a los pisos turísticos, pero sin imponerlo, para “no invadir las competencias municipales”, según el documento. Las críticas al borrador no se hicieron esperar, y diferentes formaciones señalaron que la propuesta del Gobierno que dirige María José Sáenz de Buruaga (PP) “no lucha contra el alza de precios” de estas viviendas vacacionales y que, además, “anima a su proliferación”.