Pocas horas después de que el Gobierno de Cantabria haya sacado a información pública el nuevo decreto para regular los pisos turísticos, las voces críticas no se han hecho esperar y han expresado su descontento con el contenido del mismo, que descarga en los ayuntamientos la opción de poner limites o no estas viviendas. Así, formaciones como PSOE, IU o Cantabristas han denunciado que el borrador dado a conocer por el Ejecutivo que dirige María José Sáenz de Buruaga (PP) no aborda realmente el problema que está generando este tipo de alojamientos vacacionales.
“No lucha contra la especulación ni el alza de precios”, han recriminado los socialistas; “hacer esto y nada es lo mismo”, han asegurado desde IU; “no mejora en nada lo que había y es justo lo contrario a lo que exige una situación fuera de control y que otras comunidades sí están tratando de limitar”, han alertado desde Cantabristas.
El secretario general del PSOE cántabro ha dicho que se trata de “un decreto sin ambición y que no va al fondo del asunto”. “No desarrolla la figura de la inspección”, ha lamentado, resaltando que la normativa “no tiene ninguna validez si el Gobierno de Cantabria no va a poner los medios para controlar el uso de estas viviendas turísticas”.
A continuación, en su visita a Tresviso, en el segundo día de la campaña socialista 'Enciende Cantabria', Zuloaga ha anunciado que su formación está trabajando en la presentación de alegaciones al documento. “Han querido escurrir el bulto”, ha señalado, recriminando al Ejecutivo autonómico que hayan provocado que el peso del problema recaiga “sobre los 102 alcaldes y alcaldesas” de la región. “Al final, Cantabria acabará teniendo 102 decretos, lo que favorecerá la especulación en muchos lugares y perjudicará a muchos vecinos y vecinas que verán cómo el precio de la vivienda seguirá creciendo, mientras el PP no asume su responsabilidad”, ha sentenciado.
Por su parte, el coordinador de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha lamentado la “inacción” del Gobierno de Cantabria con el decreto, “dejando a su suerte” a la comunidad y a los ayuntamientos. En este sentido, el escenario que deja, según ha dicho, es “aún peor, porque además de no hacerse cargo de la situación que vive toda Cantabria, pondrán a competir a los ayuntamientos, y a estos con sus vecinos y vecinas, además de abrirle la puerta a los grandes fondos para que especulen con la vivienda”, en alusión a la ampliación a las personas jurídicas que podrán ser titulares de viviendas de uso turístico -hasta ahora sólo pueden serlo personas físicas-.
“¿Para qué está la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, si no es para dar unas reglas del juego comunes u homologables entre municipios, estableciendo un marco claro y no el sálvese quien pueda?, se ha preguntado Ruiz Salmón. Desde IU han señalado que ”era y sigue siendo urgente la aprobación de la moratoria“ para que, durante la redacción del decreto y los primeros años de vigencia, ”la gente de Cantabria y los pueblos y ciudades minimicen la tensión urbanística y demográfica que ya están sufriendo y que está significando movilizaciones aquí y en toda España“.
Tasa turística
“Que no diga Fernández que no se puede porque ya se hizo en 2001 con la construcción de viviendas en la costa hasta que se aprobara el Plan de Ordenación del Litoral”, han considerado desde la formación. El coordinador de IU también ha criticado que el decreto tampoco “una tasa turística que permita dar suficiencia de recursos a las administraciones para soportar la presión en los servicios públicos cuando la población aumenta como consecuencia de las visitas a Cantabria, o más y mayores inspecciones y sanciones para hacer frente a las viviendas ilegales que, además de operar fuera de la ley, suponen una competencia desleal para quien sí actúa correctamente”.
Por otro lado, ha denunciado que el decreto incluye la definición de “canal de oferta turística” pero es “un término que no es utilizado a lo largo del decreto, lo que significa que las inmobiliarias y portales de vivienda no garantizarán una ratio mínima de oferta del 80% de viviendas para uso residencial, quedando el resto disponible para vivienda de uso turístico”, tal y como pedían desde IU, que han recordado que en capitales europeas como París, Londres o Berlín ponen límites al número de días que se puede poner en alquiler vacacional.
En lo que respecta a Cantabristas, han valorado que el borrador “no cambia nada” y “anima a la proliferación de vivienda turística”. “No cambia nada respecto a la situación anterior: ni añade requisitos sustanciales, ni nuevas garantías, ni limita un fenómeno que explica en gran medida el aumento del precio de la vivienda”, han indicado desde este partido.
Situación fuera de control
En este sentido, la formación política ha señalado que el Ejecutivo de Buruaga “está obviando deliberadamente que Cantabria tiene un problema grave con la proliferación de pisos de uso turístico”, siendo la tercera comunidad que más viviendas destina a uso turístico en relación al total -el 1,8%-, según el INE, y que este decreto “plantea justo lo contrario a lo que exige una situación que, a todas luces, está fuera de control”.
“El Gobierno no ha tenido en cuenta ni las numerosas aportaciones del proceso de consulta previa ni las necesidades de la mayoría social de Cantabria”, han lamentado. Esto, en su opinión, “es especialmente alarmante porque el decreto parece estar diseñado para favorecer los intereses no solo de quienes destinan vivienda a estos usos, sino también de las empresas que están adquiriendo viviendas y bloques enteros para destinarlos a alquiler turístico”.
En ese sentido, han apuntado que “el nuevo decreto mantiene el régimen de declaración responsable –frente al sistema de licencia previa que establecen otras CCAA– y no establece mecanismos activos de control, ni prevé que se vayan a realizar inspecciones de ningún tipo”. También han señalado que “elimina, en línea con la modificación normativa en trámite, la cédula de habitabilidad como requisito para el uso turístico de un inmueble”. Por eso, han considerado, un decreto así “agravará una situación que ya ha traspasado todos los límites hace tiempo”.
Santander
Tras conocerse la posibilidad que ofrece el decreto a los ayuntamientos, el PSOE de Santander ha pedido al equipo de gobierno municipal (PP) que ponga en marcha una normativa específica para limitar las viviendas de uso turístico en la ciudad. En este sentido, el portavoz socialista en el Consistorio, Daniel Fernández, ha solicitado a la alcaldesa, la popular Gema Igual, que “recapacite” y siga los pasos de otras urbes españolas, como Barcelona, Málaga o en las Islas Baleares.
A juicio del concejal del PSOE, la regidora del PP está en este ámbito “del lado también de los turistas, única y exclusivamente”, aunque eso “suponga un perjuicio notable para los vecinos de Santander, que no pueden acceder a la vivienda en un régimen de alquiler”. “La alcaldesa de Santander, en ese afán de continuar con la Concejalía de Turismo que ostentó en el pasado, que parece ser que es lo único que la mueve y lo único que la interesa, el turismo en la ciudad de Santander, está dejando de lado, sin embargo, otras muchas cuestiones que son vitales para la transformación de nuestra ciudad”, ha opinado Fernández, para quien Igual “no está del lado de los vecinos de nuestra ciudad”, sino “del lado de los turistas”.
Por su parte, el concejal de IU en Santander ha señalado que el borrador “abre la puerta al negocio de los grandes tenedores” y “solo busca pasar la pelota” a los ayuntamientos “sin establecer ningún marco”. “Nuestra mayor preocupación es que, una vez más, desplazan el problema, fomentan modelos diferentes, y la competencia entre los ayuntamientos para ver quién tiene más pisos turísticos”, ha señalado en un comunicado el coordinador municipal y también concejal en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez.
Martínez ha insistido, además, en que “este modelo beneficia especialmente a los grandes tenedores y las grandes empresas turísticas, a los que abre la puerta de par en par del negocio, tal y como ya dio a entender la alcaldesa Gema Igual hace unos días, donde demostró que su principal preocupación iba en asegurarles el nicho de mercado”.
“La falta de un marco limitativo común para todos los municipios solo provocará que se extienda el problema y que se acabe colonizando todo el territorio, lo cual va a implicar más tensión en las posibilidades de acceder a una vivienda y otros problemas que ya hemos denunciado”, ha insistido el edil.
No obstante, ha manifestado que “no es que esperáramos gran cosa” del borrador del decreto ya, en el periodo de recogida de propuestas, todo apuntaba a que era “un truco con el que el PP pretendía validar sus políticas, ignorando las propuestas de mayor calado, como el establecimiento de una moratoria en la concesión de licencias y la incorporación de las herramientas que la ley de vivienda estatal pone a disposición de las administraciones”.
Finalmente, el PRC de la capital ha pedido al Ayuntamiento que elabore un estudio detallado de pisos turísticos por zonas y ponga en marcha, en coordinación con el Gobierno de Cantabria, un plan de inspección “efectivo” con el fin de detectar aquellas viviendas ilegales. Se trata, según ha subrayado su portavoz, Felipe Piña, de dos acciones “fundamentales” para mantener un “equilibrio entre el turismo y la calidad de vida de los santanderinos”.
Dicho estudio, tal y como ha afirmado, permitirá “conocer cuál es la realidad de Santander” y tomar medidas en base a unos “criterios objetivos”, como limitar la concesión de nuevas licencias si existe una “concentración excesiva” en un determinado barrio. De esta manera, ha instado al equipo de gobierno del PP a “ponerse las pilas y comenzar a trabajar para que el estudio esté listo lo antes posible y se puedan adoptar medidas antes de que sea demasiado tarde”. Asimismo, ha señalado la necesidad de poner en marcha un plan de inspección con el que detectar aquellos alojamientos que se encuentran fuera de la normativa, a fin de “garantizar el bienestar de residentes y visitantes y la calidad del servicio, así como no dañar los intereses de los propietarios que cumplen con todos los trámites legales”.
“Muy favorable”
Por contra, la alcaldesa de Comillas, uno de los municipios más afectados por la proliferación de viviendas turísticas, se ha mostrado “muy favorable” al decreto presentado por el Gobierno autonómico. “Es algo que queríamos todos”, ha señalado Teresa Noceda (PRC), expresando que reclamaban “alguna herramienta a los municipios para que cada uno pueda hacer lo que le parezca más conveniente a la hora de gestionar el auge de este tipo de alojamientos”. No obstante, no se ha pronunciado acerca del contenido del decreto porque, según ha dicho, aún no lo ha leído “detenidamente”.