La Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA) ha afirmado que todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Santander son “corresponsables” de lo que sucede en el barrio de El Pilón, y en ese sentido, ha censurado la “complicidad pasiva” de los grupos de la oposición, por su “inhibición y falta de iniciativa”.
DEBA afirma que el equipo de Gobierno “actúa como mero agente inmobiliario en defensa de los intereses económicos de los promotores y no como representante y garante del interés general de la ciudad y sus habitantes. Y añade que la ”inhibición“ de los grupos de la oposición les sitúa en una actitud de ”apoyo por omisión, de la misma desvergonzada filosofía de destrozo urbanístico terminal que pretende el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.
En un comunicado de prensa, DEBA recuerda que algunos grupos políticos llevaban en sus programas la conveniencia de revisar y modificar el PGOU, pero parece “como si una vez conseguido el puesto de concejal, el diseño del espacio de la ciudad dejara de ser prioritario”, dice.
A la vez, denuncia que recientemente se han hecho varias modificaciones del PGOU, todas ellas “a petición y en beneficio de banqueros, promotores y constructores”. “Lo que se pide en el Pilón es lo mismo, pero en esta ocasión para beneficio de la ciudad y sus habitantes”, añade DEBA, quien insiste en que el equipo de Gobierno “no tiene voluntad política más que para defender exclusivamente a los promotores”.
DEBA denuncia que la unidad de actuación en el Barrio de El Pilón, de nuevo en marcha después de tres meses de “tregua”, supone “expulsar a varias decenas de familias de sus casas para construir en este emblemático espacio de la fisonomía y cultura santanderinas, 140 nuevas viviendas en bloques de ocho alturas, derribando las viviendas de tres alturas que ahora existen”.
Tras asegurar que actuaciones como ésta se prevén en otros 90 lugares de la ciudad, DEBA sostiene que todos los grupos municipales, bien sean del gobierno o de la oposición, “son corresponsables del mantenimiento de este desastroso plan, mientras no hagan algo eficaz para evitar que acabe arrasando los pocos espacios que aún quedan libres y expulsando de sus hogares a los actuales habitantes de las 90 unidades de actuación previstas”.
Para DEBA, “la paralización urgente y la revisión en profundidad de este modelo de urbanismo al servicio exclusivo de intereses especulativos, debiera ser la prioridad absoluta de todos los grupos municipales que, salvo el PP, incluían en sus programas electorales la revisión del Plan General.