De este modo, el departamento que dirige Iñigo Méndez de Vigo ha instado a la Abogacía del Estado a iniciar los trámites para la retirada de los recursos contra las normas de desarrollo de la evaluación final de la Educación Primaria de las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Comunidad Valenciana y País Vasco.
Con esta medida, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quiere expresar su voluntad de “iniciar juntos un diálogo franco, sincero y abierto a la negociación” en busca de un Pacto de Estado Social y Político por la Educación en España, según informa en un comunicado.
Asimismo, Educación considera que se trata de “una oportunidad de llegar, por primera vez en la historia de la democracia, a un Pacto de Estado Social y Político por la Educación que se traduzca en una normativa educativa nacida de todos y para todos los españoles”.