El exalcalde pedáneo de Sámano, Javier Eguren, cumplirá una condena de cuatro años de cárcel por un delito continuado de malversación, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que le ha permitido reducir a una tercera parte la penal de cárcel solicitada inicialmente por el Ministerio Público (12 años). Además, tendrá que cumplir tres condenas de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación que suman 32 años.
Este procedimiento es resultado de la instrucción llevada a cabo por el juez de Castro Urdiales Luis Acayro Sánchez, que imputó a Eguren por saltarse la legalidad al adjudicar obras, usar dinero público para uso particular y “lucrarse” a través de varias vías durante su mandato como presidente de la Junta Vecinal, durante el que además contrató a su mujer como cargo de confianza y asignó un sueldo a un vocal compañero de partido de su mano mayor.
El juicio contra el que fuera alcalde pedáneo de Sámano en la legislatura 2007-2011 por el PSOE, convocado para este lunes en la Audiencia y que se preveía iba a durar toda la semana, ha quedado visto para sentencia en menos de una hora, sin ni siquiera llegar a declarar los acusados, que se han limitado a mostrar su conformidad con los hechos y con las penas solicitadas por la Fiscalía.
La esposa de Eguren, Iratxe Sánchez Tobalina, y José Ignacio Berriolope, que fueron contratados irregularmente como asesora y tesorero, respectivamente, no irán a la cárcel dado que han aceptado una condena de dos años por un delito continuado de malversación, como cooperadores necesarios, además de 12 de inhabilitación por sendos delitos continuados de prevaricación y malversación.
Al no superar los dos años, sus abogados han pedido la suspensión de la condena y la fiscal lo ha aceptado al no tener antecedentes penales. Inicialmente, la Fiscalía solicitó para ella 11 años de cárcel y 18 de inhabilitación; y para él seis años de prisión y diez de inhabilitación.
El importe a devolver a la Junta Vecinal de Sámano se determinará en la ejecución de la sentencia, en función del resultado final de un procedimiento del Tribunal de Cuentas en el que está pendiente la resolución de un recurso de apelación.
Tal y como recogía el relato del ministerio fiscal, el exalcalde pedáneo de Sámano empleó una subvención concedida por el Ayuntamiento de Castro Urdiales para realizar inversiones relacionadas con la gestión del agua, para fines distintos. Y realizó adjudicaciones directas de distintos servicios empleando mecanismos tales como fraccionamiento del contrato o incluso superando las cantidades y el límite temporal de la contratación menor.
Además, durante esos años destinó dinero público para uso particular: hasta un total de 40.000 euros se gastaron en comidas, 10.000 euros en cestas de navidad sin finalidad pública; cerca de 9.000 euros para la compra de ordenadores y dispositivos electrónicos de uso particular; y más de 6.000 euros para compras en grandes superficies.
Junto a ello, contrató una línea telefónica para su esposa que acumuló facturas de cerca de 11.000 euros, así como otras dos para uso por personas ajenas a la Junta Vecinal.
Asimismo, ordenó a la gestoría encargada de elaborar las nóminas de la Junta Vecinal que incrementara los distintos conceptos de su nómina; y que elaborase sendas nóminas a favor de su esposa -como asesora- y de un compañero de partido -como tesorero-, pese a contar con el rechazo del pleno.