La Fiscalía ha solicitado una pena de diez meses de prisión para el diputado del grupo mixto José Ramón Blanco por sendos delitos contra la integridad moral y de lesiones psíquicas, tras la instrucción de la querella por acoso que interpuso contra él su compañera de bancada en el ahora extinto grupo Podemos en el Parlamento de Cantabria, Verónica Ordóñez.
El Ministerio Público ha solicitado por el delito contra la integridad moral la pena de siete meses de prisión, privación del derecho de sufragio activo y pasivo durante ese periodo y multa de 5.400 euros a razón de 15 euros de cuota diaria durante un año.
Por el delito de lesiones psíquicas, la Fiscalía pide tres meses de prisión, privación del derecho de sufragio activo y pasivo durante ese periodo y costas, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
La causa por la querella de Ordóñez a Blanco se ha instruido en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por la condición de aforado del todavía diputado.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJC dictó el pasado 22 de marzo el auto que puso fin a la instrucción, en el que el magistrado Juan Piqueras vio indicios de delito contra la integridad moral y de lesiones en la actuación de Blanco contra Ordóñez.
En dicho auto, se ordenaba dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, que representa a Verónica Ordóñez, para que en el plazo de diez días solicitaran la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
La denuncia interna que la diputada presentó contra Blanco junto a otras dos integrantes del partido -la exresponsable de prensa y la líder de la formación morada en Santander, Lydia Alegría-, dio paso a una investigación del Comité de Seguridad y Salud de Podemos que consideró acreditado el acoso de Blanco a Ordóñez.
A su vez, el Comité Electoral se basó en dicho informe para excluir de las primarias a la entonces secretaria general de Podemos, Rosana Alonso, oponente de Verónica Ordóñez en este proceso interno, y dos miembros de su equipo, David González y Belén Milán, por considerar que conocían la situación de acoso y no hicieron nada.
Sin embargo, estos exdirigentes de Podemos denunciaron a la formación morada por inhabilitar sus candidaturas y el juzgado les acaba de dar la razón, en una sentencia, que aún no es firme, en la que se anula la resolución del Comité Electoral del partido que les dejaba fuera de las 'primarias'.
Mientras tanto, el partido morado sigue dirigido por una gestora en Cantabria y sumido en una grave crisis, con otros frentes judiciales abiertos.