El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves en su reunión semanal el anteproyecto de ley de Cantabria de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.
El texto recoge un capítulo de sanciones que podrían llegar hasta los 30.000 euros en función de la gravedad y repercusión de los hechos, e incluir también hasta tres años de inhabilitación o suspensión temporal de servicios.
La normativa pretende garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI, así como el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género o cualquier otra forma de expresión o vivencia de la sexualidad en Cantabria. Se remitirá así ya al Parlamento de Cantabria para su debate y aprobación.
Esta norma, elaborada por la Dirección de Política Social, en coordinación con distintos departamentos del Gobierno regional, pretende amparar a todas las personas víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual en cualquier ámbito, garantizando que las conductas discriminatorias y los delitos de odio cuenten con el más contundente rechazo legal, institucional, político y social. Y contiene una serie de disposiciones para proteger a las personas menores transexuales.
La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha destacado la importancia de este documento porque, a pesar del “claro y evidente” avance experimentado por la sociedad, todavía se detectan conductas de odio y prejuicio hacia las personas con una orientación no heterosexual“.
“Los poderes públicos tenemos que ser garantes de la libre determinación del género de cada persona como un derecho humano fundamental, una conquista social en la que el Gobierno de Cantabria quiere seguir avanzando para garantizar a las personas LGTBI el apoyo que necesitan por el estado evolutivo de su madurez física, mental y emocional para que puedan desarrollarse de forma saludable, libre y plena en condiciones de libertad y dignidad”, ha señalado Díaz Tezanos en un comunicado de prensa.
Una ley transversal
Se trata de una regulación transversal que alcanza a una multiplicidad de áreas de actuación en todo el Gobierno de Cantabria con un texto que contiene los principios orientadores de la actuación de los poderes públicos, las medidas de acción positiva a ejecutar y las políticas públicas a desarrollar, así como también reconocer el derecho a la autodeterminación de género para que las personas puedan ser tratadas públicamente de acuerdo con su identidad de género libremente determinada.
Así, en el ámbito educativo propone que los planes y contenidos educativos incluyan el objetivo de conseguir que el ámbito escolar sea un espacio de respeto hacia todas las expresiones de género en el que se proteja al alumnado, personal docente y empleados del centro, evitando cualquier forma de discriminación.
Se promueve la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y la prevención de acoso homofóbico, bifóbico y transfóbico en los centros educativos, así como un conjunto de actuaciones de especial protección de las y los menores trans, además de la garantía de sus derechos en el ámbito universitario.
En el ámbito sanitario, también la atención sanitaria específica en todo su proceso vital y define las líneas de actuación y los principios que han de guiar la asistencia sanitaria para garantizar a todas las personas el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sin que pueda producirse discriminación por motivos de identidad de género, expresión u orientación sexual.
De esta manera, se regula la atención sanitaria a las personas trans, con especial hincapié en la atención sanitaria de los menores trans, y a la modificación de la identidad del género en la documentación sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así como la formación de los profesionales sanitarios y a la investigación.
Por otra parte, el documento propone medidas de protección social, como el asesoramiento a través del Programa de Información y Atención LGTBI, con especial atención a la protección de la infancia y la adolescencia, así como medidas frente a la desprotección infantil por la no aceptación por parte de las personas a cuyo cargo esté la persona menor de su orientación sexual o identidad de género, cuando esta circunstancia le ocasione daño significativo.
En cuanto a la no discriminación en el entorno laboral, destaca la inclusión de la incorporación de cláusulas sociales en la contratación administrativa, que valoren a las empresas que implantan medidas de igualdad de oportunidades y la prohibición de contratación de aquellas empresas sancionadas o condenadas por prácticas laborales discriminatorias.
También incluye medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, así como en los medios de comunicación y en materia empleo público.
Sanciones
Igualmente, regula una serie de medidas de garantía de la igualdad de oportunidades, como la obligación de denuncia por parte de las personas profesionales de actos discriminatorios de los que tengan conocimiento, y un régimen sancionador para aquellas actuaciones que supongan una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Las sanciones, en función del nivel de gravedad de los hechos, el grado de alteración social, difusión, intencionalidad, número de personas afectadas y reincidencia, podrían llegar hasta los 30.000 euros, y conllevarían igualmente sanciones accesorias como la inhabilitación temporal, por un periodo máximo de hasta tres años, para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta tres años.
Por otro lado, se aprobó el decreto por el que se regula la composición, funciones y régimen de organización y funcionamiento del Consejo de la Mujer.
Seis millones para obras
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado el inicio de los trámites para la puesta en marcha de obras de refuerzo del dique norte del puerto de Castro Urdiales, la construcción de un edificio multiusos en el puerto de Laredo y la mejora de las carreteras entre San Roque de Riomiera y el puerto de Lunada y Hormiguera-Reocín de los Molinos, en Valdeprado del Río. La inversión prevista en estos cuatro proyectos ronda los seis millones de euros.
En concreto, el edificio multiusos en el puerto de Laredo tiene un presupuesto base de licitación de 1.365.495 euros; la primera fase de refuerzo del dique norte del puerto de Castro Urdiales está valorada en 2.639.404 euros; la mejora de la plataforma de la carretera San Roque de Riomiera-Puerto de Lunada, 984.314 euros; y la renovación de la capa de rodadura, drenaje y señalización y balizamiento de la carretera entre Hormiguera y Reocín de los Molinos (Valdeprado del Río), 954.593 euros.
Además, se concedió una aportación dineraria de 450.000 euros a Gesvican para ampliación del Parque Público de Vivienda de Alquiler; y otra de 300.000 euros a favor de la Sociedad Camino Lebaniego.
Por otro lado, se aprobó, a través de un decreto, el reglamento orgánico de los Centros de Educación de Personas Adultas; y se nombró a José Luis Amelibia Manzanal vocal del Consejo Escolar de Cantabria, en representación de madres y padres de alumnos y en sustitución de José Luis de la Mata.